Luego de 8 días de máxima tensión, el gobierno argentino vuelve a tomar el control de los terrenos públicos ocupados ilegalmente por inmigrantes y residentes que generó enfrentamientos, 4 muertes, decenas de heridos y desalojos en las afueras de Buenos Aires.
Un acuerdo entre el gobierno argentino y el Alcalde de Buenos Aires, que habían protagonizado en los últimos días una serie de acusaciones por el reparto de responsabilidades políticas y el control de la violencia que se desató en el Parque Indoamericano, ubicado al sur, en las afueras de la capital Argentina, puso punto final a una crisis que dejó 4 muertos, decenas de heridos, desalojos frustrados de la policía y enfrentamientos entre vecinos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que no tiene dudas de que hubo una operación política en las manifestaciones.
"Será, tal vez, que a ellos les fué bien cuando a todos los argentinos les fué mal. Será por eso que muchas veces por no poder conquistar el cargo de Presidente de la Nación por la voluntad popular, hayan siempre intentado socavar a quienes sí. Y entonces, realizar provocaciones, operaciones y especulaciones que estamos viendo todos los días. Esto no es que se desmadro, sino se apadrinó; que es diferente".
La solución se basa en un programa de créditos "blandos", donde se da prioridad a las familias más pobres y se aclara que aquellos que usurpen ilegalmente tierras, pierden el derecho a recibir el crédito y los planes de ayuda social automáticamente.
Esta medida permite que más de 13.000 personas, en su mayoría pobres e inmigrantes bolivianos, paraguayos, peruanos y residentes argentinos de las "villas miseria" de la zona, desalojen el terreno de 130 hectáreas, considerado el segundo espacio verde más importante de la capital, aclaró el Alcalde, Mauricio Macri.
"Los primeros que vinieron son los abusadores, los tipos traficantes de tierras que hacen lo mismo y si no les sale eso buscan un subsidio público para irse. Y después están aquellos que necesitan tierras, que no pueden pagar un alquiler. Es muy bueno el acuerdo que hemos alcanzado donde queda en claro que aquellos que usurpen pierden todos los beneficios", dijo el alcalde capitalino.
La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval entregaron el control de la zona a la Policía Metropolitana. Mientras la justicia acusa a 6 policías de reprimir a los manifestantes. Los agentes fueron expulsados de la institución y se investiga si fueron responsables de las muertes utilizando armas de fuego.
Alejandro Salvatierra, delegado de los "Okupas", dijo que la lucha continúa y no se detiene por las promesa del gobierno.
"Lamentamos profundamente en el corazón las 4 muertes. Sabemos que no es la manera más indicada tomar el predio para lograr una vivienda. No les quedó otra a los compañeros. Sabemos que hubo gente que vendió lotes, especuladores, infiltrados; pero había gente que no tenía donde vivir", dijo Salvatierra.
En las últimas horas, máquinas, equipos de fumigación y obreros municipales entraron para higienizar, limpiar y acondicionar el parque. A pesar de eso, los vecinos de la zona siguen preocupados.
Cifras oficiales dicen que unas 500.000 personas tienen problemas habitacionales y unas 300.000 viven en "villas miseria" o tugurios en Buenos Aires.
Esta crisis, trajo aparejado un "efecto contagio", porque otros terrenos públicos o privados de la capital y el gran Buenos Aires son ocupados y se transforman en conflictos constantes.
