La presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, llama a "nacionalizar los medios de comunicación” a la par que logra un apoyo clave en el Congreso para intentar regular la comercialización de papel prensa declarándolo "de utilidad pública".
Se trata de una nueva embestida contra los medios de comunicación privados, después de que la mandataria presentara un proyecto que pretende regular la producción y comercialización de papel para los periódicos y revistas con el apoyo de los partidos de centro izquierda en el Congreso.
Durante el anuncio, la jefa de gobierno acusó a los diarios Clarín y La Nación –los de mayor tirada– de mantener "rehenes a todos los Argentinos". Remarcó tambien que "la libertad de prensa no es un derecho de los medios, sino de la sociedad", con lo que acusó a los medios de traidores y sentenció que es necesario nacionalizarlos para lograr equilibrio en la información.
"Se pone tanto el micrófono y la cámara de televisión sobre el problema del crecimiento, cuando taparon, ignoraron y fueron cómplices de las políticas de entrega, subordinación y crecimiento sin decir una sola palabra, ni sacar una sola fotografía", argumenta la presidenta. "A veces pienso, si no sería importante nacionalizar, no estatalizar. Que se entienda bien para que mañana titulen no mal”.
Kirchner explicó que con ello se refiere a “nacionalizar los medios para que sean del país, no del gobierno. Para que tengan conciencia nacional y defiendan los intereses nacionales".
Por esta situación la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión del Congreso, la diputada Silvana Guiudici, mostró su preocupación y aseguró que trabajan para evitar estos atropellos.
"Denunciar que hay un plan estratégico para eliminar el pensamiento crítico en Argentina no es lo más grave, porque puede estar en riesgo la integridad física de los periodistas. Pero antes hubo otro tipo de cosas, porque hay un gobierno al que no le gusta que nadie piense distinta. Por eso vamos a trabajar en comisiones para evitar esto", sentenció Guiudici.
Desde el año pasado el gobierno impulsa –con la aprobación del Congreso– una nueva ley de radiodifusión, que consolida el poder y control estatal; y debilita y obliga a la desinversión a las empresas privadas. Pero la aplicación de la ley no está en vigencia plena por las demandas judiciales iniciadas por los medios.
