El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó a Argentina en la lista de países observados por fallas en el combate al lavado de activos, lo que previsiblemente hará aumentar las regulaciones externas sobre los bancos y supone un nuevo desafío para el gobierno y sus políticas para el combate del delito financiero.
Concretamente, Argentina, la tercera mayor economía de Latinoamérica, deberá emplear más esfuerzos en combatir el financiamiento al terrorismo, según señaló el GAFI.
"El GAFI se encuentra seriamente preocupado por los riesgos que dichas deficiencias pueden significar (...), seguirá revisando los avances en el contexto de medidas que el GAFI ha acordado seguir", según un comunicado del organismo, que deliberó la semana pasada en México.
Nuevas leyes
Argentina presentó ante el GAFI la recientemente promulgada ley de lavado de dinero, que tipifica este delito en el Código Penal, y fija los procedimientos a seguir para el decomiso de bienes de procedencia ilícita, así como otras sanciones por malversación de fondos o financiación del terrorismo.
"La totalidad de los países participantes del plenario del GAFI reconocieron los esfuerzos realizados por la Argentina, el fuerte compromiso político y, en especial, la nueva legislación anti- lavado de activos de origen delictivo", indicó el ministerio de Justicia de Argentina en un comunicado.
Con esta ley, Argentina responde a un reclamo permanente del GAFI, ya que hasta el momento los delitos por lavado de dinero eran incluidos entre los de encubrimiento, sin que existiera una figura legal específica para ello.
En la sesión de hoy "los representantes del GAFI destacaron como un sustancial avance la sanción de la ley que incorpora al Código Penal la figura del autolavado y las nuevas facultades otorgadas a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo nacional de control", explica el comunicado.
Argentina es una de las 34 naciones que integran el grupo de miembros plenos, condición que en América Latina solo ostentan también Brasil y México, cuestión que entró en debate durante la asamblea de GAFI.
