Amnistía Internacional culpó este jueves a la policía y los militares chilenos de llevar a cabo ataques "generalizados" contra los manifestantes que protestan contra la desigualdad con la intención de "castigarlos y dañarlos”.
Según dijo a la agencia Reuters la directora de la organización para las Américas, Erika Guevara Rosas, un equipo investigador enviado a Chile para evaluar acusaciones de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos por parte de las fuerzas de seguridad detectó pruebas de abusos que normalmente no se ven fuera de países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua y Honduras.
Guevara dijo que habían quedado "conmocionados" al encontrar evidencia de esto en Chile, hasta hace poco considerado ampliamente como una de las naciones más democráticas y estables de América Latina.
Amnistía dijo que había confirmado cinco muertes a manos de las fuerzas de seguridad, y evidencias creíbles de que los manifestantes fueron baleados con municiones reales, abusados sexualmente, torturados, golpeados y atropellados.
La jefa del grupo de derechos humanos dijo también que policía y efectivos militares habían violado la ley internacional en el uso de munición real en el control de multitudes y sus propios protocolos en el uso de balas de goma y gases lacrimógenos.
Un portavoz de la policía dijo que todas las acusaciones que se habían presentado formalmente serían investigadas.
El ejército dijo que desconocía el contenido del informe de Amnistía pero que "mantiene un férreo compromiso con los derechos humanos" y que colabora con la justicia respecto a denuncias por posibles delitos, incluida la muerte de cuatro personas, "con el fin de que los tribunales de justicia cuenten con todos los antecedentes para esclarecer cada una las denuncias formuladas".
Según la directora de AI, el presidente chileno Sebastián Piñera asumió responsabilidad por esto al no reconocer los abusos ni condenarlos rápidamente. Dijo que su aseveración a mediados de octubre, a inicios de la ola de protestas, de que "estamos en guerra" alimentó "la represión violenta" en las calles.
"Hubo una intención de castigar a la gente y esto vino no solo de la policía y el ejército en las calles, sino también de aquellos que estaban bajo su mando", señaló.
"Si esto fue un castigo para las personas que protestaban contra las políticas gubernamentales, entonces los niveles más altos del gobierno, incluido Piñera, tienen responsabilidad por violaciones a los derechos humanos", añadió.
Recientemente el presidente reconoció que hubo un uso excesivo de la fuerza y abusos durante el control de las protestas. El mandatario dijo el jueves, durante un encuentro con corresponsales extranjeros, que cualquier incumplimiento sería investigado.
Chile está sacudido hace más de un mes por masivas protestas pacíficas y disturbios violentos que comenzaron en rechazo a un aumento en las tarifas del transporte público y que se ampliaron a poco andar para incluir quejas por las bajas pensiones y salarios, el alto costo de la vida y los abusos de las fuerzas de seguridad.
La ola de protestas ha dejado al menos 23 muertos, 7.000 detenidos, más de 2.000 manifestantes hospitalizados y más de 1.700 policías heridos, según las autoridades y grupos observadores de derechos humanos.
El jueves, nuevas protestas ocurrían en distintos puntos de la capital, incluso frente al palacio presidencial de La Moneda, y otras ciudades del país, como el puerto Valparaíso donde hubo una manifestación en las afueras de la sede del Congreso en que estallaron choques entre policía y manifestantes.
