Las nuevas disposiciones del gobierno en disputa de Venezuela de abrir parcialmente un sector de la frontera con Colombia han empeorado la ya difícil situación de miles de venezolanos que buscan retornar a su país y se agolpan en la zona en condiciones infrahumanas.
Los venezolanos, provenientes de varias regiones de Colombia y otros países sudamericanos, están concentrados en el municipio de Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander, desde donde solo podrán pasar la frontera tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes.
El flujo está limitado a solo 300 migrantes diarios y 100 en el paso fronterizo por el departamento de Arauca.
Javier Tarazona, director de la ONG de derechos humanos FundaRedes, afirma que ante la imposibilidad de ingresar a su país, “miles de venezolanos están a la intemperie, en situación de calle en la frontera, en la Parada, Cúcuta, o en Arauca”, a la espera de que las autoridades migratorias de su país les permitan la entrada.
FundaRedes ha denunciado que los repatriados venezolanos son ubicados a su regreso “en espacios infrahumanos, con condiciones deplorables, sin acceso a agua potable e incluso consumiendo comida en descomposición”.
La Guardia Nacional Venezolana, en busca de controlar la entrada de los repatriados, ha reforzado los operativos en los pasos fronterizos ilegales, conocidos como “trochas”, controlados por grupos armados que cobran “peaje” para permitir el paso.
La situación ha desencadenado que los migrantes, agobiados por el hambre y las necesidades, busquen desesperados el paso a su país, convirtiendo la zona fronteriza, conocida como La Parada, en Norte de Santander, Colombia, en una bomba de tiempo, cuyo detonante podría ser el COVID-19, como lo advirtió el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.
“Los migrantes circulan por todo el país, llegan a Cúcuta, generan grandes concentraciones (…) y esto allí nos genera conglomerados donde podría generarse situaciones de brote y de epidemia por lo que debemos hacer una vigilancia estrecha y un seguimiento a estas poblaciones”, dijo el funcionario.
Para hacer frente a la situación, desde este fin de semana Colombia instaló un campamento provisional en el puente fronterizo de Tienditas, donde se atenderán al menos 500 migrantes por día, según aseguró Felipe Muñoz, Gerente de Fronteras.
“Un sitio de atención transitorio sanitario, con ayuda de la cooperación internacional, todo esto por lo que sabemos de las restricciones que ha impuesto el régimen de (el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás) Maduro al ingreso de sus propios ciudadanos”.
El objetivo es que los migrantes puedan pernoctar en el lugar, por un tiempo máximo dos días, mientras se logra la entrada a su país, explicó Muñoz.
En medio de la situación, Tarazona denunció que “los migrantes retornados son tratados por el gobierno oficialista como armas biológicas y de manera xenofóbica. Se les acusa de que nada tienen que venir a hacer al país, luego de haberse ido”.
El activista hizo un llamado a la comunidad internacional y a Naciones Unidas para que sean testigos de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que se fueron del país ante la crisis social y económica de Venezuela y hoy retornan, presionados por la pandemia, porque muchos se quedaron sin sus trabajos y desamparados en las calles.
