El director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló el viernes que el comunicado que firmaron 21 expresidentes de América Latina, rechazando la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez, contiene "numerosos errores fácticos y jurídicos".
A través de una carta dirigida a los exmandatarios, Vivanco detalla que estos errores "incentivan una creciente campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia".
En la misiva, el director de la organización internacional dice que el comunicado de los expresidentes es inexacto al sostener que se trata de una "controversia política con otro senador de Colombia que ha sido judicializado". Vivanco sostiene que no se trata de una controversia, sino de una detención "con motivo de una investigación judicial por los delitos de "soborno a testigo" y "fraude procesal (...) en el marco de una presunta manipulación de testigos".
El lunes pasado, expresidentes de Iberoamérica expresaron su apoyo a Uribe, quien se encuentra en detención domiciliaria, a través de una carta, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea).
Vivanco dijo que los expresidentes señalaron que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarlas de Colombia (FARC) "celebraron como logro" la detención de Uribe, lo cual "es cierto", pero dice que también lo hizo parte de la sociedad que hace parte de diferentes sectores de la vida política de ese país.
"Los méritos de una resolución judicial no se determinan por quienes la apoyen o critican, sino por los aciertos fácticos y jurídicos de la decisión en cuestión", añadió.
Vivanco también dice que la declaración de los expresidentes "se centra de manera vaga e infundada en una supuesta ideologización de Ia justicia, al parecer sin siquiera haber revisado el análisis jurídico que la corte hizo del caso" y resalta que Uribe cuenta con "valiosos recursos" frente a la decisión, de la corte pero que no los ha interpuesto porque "creer tener más posibilidades de lograr sus objetivos, a través de la presión política y la intimidación".
Por otro lado, dice que no pueden comparar el caso de Jesús Santrich y Uribe, debido a que en el primero, la decisión la tomó la Sala de Casación Penal. En el caso del expresidente colombiano, la tomó la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. "Son dos salas independientes con dos conformaciones distintas", dice HRW.
Incluso aclara que la liberación de Santrich se dio porque su investigación y arresto lo llevó a cabo "una entidad sin competencia jurídica". En el segundo caso, Uribe "está siendo investigado por la entidad competente de acuerdo a sus fueros como senador".
Vivanco también afirma que el comunicado "no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia. Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país. Incluso, manifiesta que la propuesta de una Constituyente, promovida por el Centro Democrático, partido político de Uribe, es un "intento descarado por intimidar a la Corte Suprema".
"Colombia debe proteger la independencia e imparcialidad del sistema judicial. Asimismo, los jueces deben estar libres de cualquier presión, amenaza o interferencia, directas o indirectas, y deben tener garantías de estabilidad en su cargo de manera que no teman ser removidos por el contenido de sus decisiones", concluye.
