Las diferencias entre los gobiernos venezolano y colombiano en su visión de la crisis que atraviesa Venezuela tuvo como escenario el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mientras el gobierno colombiano abogó por la determinación de responsabilidad de “crímenes” ocurridos en Venezuela, el chavismo asegura que no aceptará la injerencia de “ningún mecanismo inquisidor”.
El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, dijo el lunes que “la comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces” cometidos por el gobierno de presidente Nicolás Maduro en Venezuela, "que atañen no sólo a sus víctimas sino a toda la humanidad”.
Durante su intervención este lunes en el 46° periodo ordinario de sesiones del Consejo de DD.HH. de la ONU, manifestó que Colombia apoya la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
“Su primer informe confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Confiamos en que la Misión permitirá establecer las responsabilidades que correspondan”, manifestó en su mensaje el mandatario este lunes.
Duque insistió en el apoyo a los inmigrantes venezolanos que residen en su país, a través del lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, “con el que buscamos regularizarlos e integrarlos al aparato productivo”.
Igualmente abogó a otro países para adoptar medidas “análogas”.
“No aceptaremos la injerencia”
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro utilizó su participación en este período de sesiones del Consejo para asegurar que a pesar de la situación causada globalmente por el COVID-19, Venezuela “ha logrado mitigar y controlar la pandemia”, gracias a distintas medidas.
A pesar de ello, agregó: “No ha sido fácil. Nuestra patria enfrenta una guerra multidimensional orientada acabar con el modelo social inclusivo construido por la revolución bolivariana”.
Aseguró que han tenido que enfrentar a “acciones de presión desmedida” a través de medidas coercitivas unilaterales e “ilegales”, que han resultado “en un bloqueo y una obsesiva persecución contra las capacidades del Estado y de la sociedad venezolana”.
“Por medio de las mal llamadas, Venezuela ha sido privada de al menos 30.000 millones de dólares en efectivo, que forma parte de los activos de la República en el exterior”, indicó.
Subrayó el informe preliminar presentado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, en el que pide el levantamiento de las sanciones contra distintos sectores venezolanos.
El mandatario venezolano resaltó la cooperación con todo el sistema de la ONU e indicó que trabajarán “decididamente con los actores de este Consejo de DD.HH”.
Sin embargo, indicó: “No aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela que pretenda usar la justa causa de los derechos humanos como herramienta política para un cambio de gobierno, un cambio de régimen, por la fuerza en nuestro país”.
Reiteró su llamado al respeto de la autodeterminación de los pueblos y al fortalecimiento multilateralismo.
Un “desacierto”
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas nombrado por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, criticó la participación de Maduro en este foro y aseguró que en su intervención intentó “esconder sus crímenes y negligencia”.
“El hecho de que Nicolás Maduro, principal violador de los DD.HH en Venezuela, hable en este periodo de sesiones contradice lo expuesto en los informes de la Alta Comisionada de DDHH y la Misión de Determinación de Hechos que demuestra su implicación en crímenes de lesa humanidad”, indicó Pizarro en una publicación en su cuenta de Twitter.
Además de calificar la participación de una “contradicción” y un “desacierto”, hizo votos para que relatores como el de detenciones arbitrarias, libertad de expresión e incluso la de Misión de Determinación de Hechos tengan acceso al país.
