Dos semanas después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictara medida de aseguramiento, consistente en detención domiciliaria, contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en un proceso por presunto fraude procesal y compra de testigos, el exmandatario presentó su carta de renuncia al Congreso colombiano, la que le fue aceptada por la plenaria del Senado con 82 votos a favor y 12 en contra.
En su carta de dimisión Uribe Vélez reiteró sus acusaciones contra la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades en su juicio.
“La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas”, argumentó Uribe.
Así mismo, el exmandatario pidió una reforma de la justicia: “Hago votos por una reforma a la Justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la Alta Corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”. Exigencia que sus copartidarios, como el senador Gabriel Velasco, han replicado.
“La falta de garantías de la que ha sido víctima durante su proceso nos ha mostrado que este ha enfrentado una investigación politizada que ha obviado las pruebas que demuestran su inocencia, confiamos en que esta decisión permita que la justicia tome las decisiones adecuadas sobre quién debe adelantar el proceso de investigación”, señaló el congresista del Centro Democrático, partido político fundado y liderado por el expresidente Uribe.
![El expresidente Álvaro Uribe, el 8 de octubre de 2019, cuando ingresaba a la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por el caso que ahora lo lleva a prisión domiciliaria. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/56ba2567-5d6d-49e4-83cd-26bb04256988_w100_r1.jpg)
Velasco añadió que espera que, con la renuncia de Uribe, el proceso pase a manos a la justicia ordinaria en la Fiscalía General de la Nación, instancia, que a su juicio ofrece mayores garantías, sin embargo, la senadora de la oposición Angélica Lozano dijo que la renuncia de Uribe al Senado solo tendrá efectos políticos y no jurídicos.
“La renuncia del Senador Uribe tiene todos los efectos políticos, porque él es el jefe del Centro Democrático, el partido de gobierno y mantendrá su influencia, no importa en dónde esté, sin embargo, no tiene ningún efecto jurídico puesto que los hechos que se le investigan sucedieron cuando fue senador, luego sigue intacta la competencia en la Corte Suprema de Justicia, no se pasa para la Fiscalía”, aseguró.
Las afirmaciones de Lozano se sustentan en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en ese sentido indica que ese Alto Tribunal mantiene su competencia en el juzgamiento de delitos cometidos por aforados durante el ejercicio de sus funciones, a pesar de que éstos renuncien a su fuero.
No obstante, consultado por la Voz de América, el exmagistrado y expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Javier Zapata, indicó que la decisión de mantener el proceso en la Corte o enviarlo a la Fiscalía General de la Nación está en manos de los magistrados de la Sala de Instrucción, que llevan el proceso de Uribe, quienes pueden acoger o negar una eventual solicitud que en ese sentido presente la defensa jurídica del expresidente Uribe Vélez.
