La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha decretado un estado de “calamidad pública” en todo el país, con la intención de negociar un crédito interno para hacer frente a la pandemia del coronavirus en medio de una escalada de contagios.
El anuncio realizado el lunes, llega en medio de una disputa entre el ejecutivo y la Asamblea Legislativa, dominada por el partido del expresidente Evo Morales, -exiliado en Argentina-, que ha rechazado un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los detractores del préstamo sostienen que éste está condicionado a medidas de ajuste económico, algo que ha negado el FMI.
“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitará ante el Banco Central de Bolivia la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación, a fin de continuar con la implementación de acciones de carácter económico destinadas a mitigar los efectos negativos del coronavirus”, expone el decreto.
En alusión a la disputa actual, el ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez, aseguró que “hay una actitud de bloqueo, tozudez muy grande sobre lo que significa la aprobación de estos financiamientos".
"No están perjudicando al gobierno, sino a la población”, afirmó Martínez.
Sin especificar el monto del crédito, el economista Alberto Bonadona explicó el contexto, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política del Estado.
“La situación de calamidad, una vez que es dictada, permite al Estado, sin aprobación del Legislativo, tener el 1% del Producto Interno Bruto, que en estas circunstancias es muy poco dada la dimensión de la emergencia que estamos viviendo”, dijo Bonadona.
El director del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinoza, dijo a la Voz de América que en este momento son de extrema importancia los recursos externos para la estabilidad y reactivación de la economía, considerando los efectos negativos que se han generado debido a la pandemia.
En este escenario, parlamentarios de oposición y analistas consideran que la concesión de recursos debe ser manejada con transparencia.
“Este estado de excepción más allá del monto, lo que va a hacer es agilizar directamente, pero el problema es la transparencia. Yo creo que hay una fuerte debilidad desde el nivel central y eso se ha demostrado en los últimos meses. Esos recursos se necesitan porque la situación se está agravando en Bolivia”, explicó el analista económico, Pablo Cuba.
Tensión política
Mientras tanto, las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos sociales afines al expresidente Evo Morales volvieron a las calles en rechazo a un nuevo aplazamiento de las elecciones generales y reprochando las acciones del gobierno interino en la respuesta a la pandemia de COVID-19.
El martes, las ciudades de La Paz y Cochabamba fueron escenario de marchas de cientos de personas, que en algunos casos rompieron las recomendaciones de bioseguridad en la emergencia sanitaria, denunciaron autoridades del gobierno.
Las imágenes reflejaron que varios no llevaban mascarillas ni respetaban el distanciamiento social, y además se registraron hechos de agresión a la prensa y a personal de salud.
“Nuestras demandas son que se realicen las elecciones nacionales el seis de septiembre como está la ley. Esta convocatoria la hemos hecho a nivel virtual y nos hemos unido. Este es el pueblo, basta de mentiras y de engaños”, dijo uno de los manifestantes.
La presidenta Áñez, quien regresó a su trabajo después de haber estado en cuarentena por contraer el coronavirus, calificó esta convocatoria de “canallesca”.
Por su parte, el ministro de Defensa informó que se identificaron a 15 personas con COVID-19 en las protestas y serán atendidas.
Representantes de los trabajadores anunciaron que declararán una huelga general indefinida con movilizaciones. Exigen al Tribunal Supremo Electoral que mantenga la fecha de elecciones el 6 de septiembre.
Se ahonda la crisis sanitaria
De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud, Bolivia reportó 1.146 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, que se suman al total acumulado de 72.327 positivos y 2.720 fallecidos.
La situación se agrava debido al colapso de los hospitales y también de los cementerios. En la ciudad de Oruro se reportó el abandono de 30 cuerpos, presuntamente víctimas de COVID-19, los cuales fueron traslados a una fosa común. Según testimonios, muchos familiares los dejan en las vías públicas por temor al contagio.
Mientras tanto, las brigadas de rastreo continúan visitando casa por casa para identificar casos positivos en las principales ciudades del país.
