Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo anual directo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe asciende a US$261.000 millones, o 3,55 por ciento del PIB. Esta cantidad duplica el promedio de países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura.
Es, además, equivalente a los ingresos del 30 por ciento de la población de menores ingresos de la región, lo que subraya el grave impacto que la delincuencia tiene sobre el desarrollo de los países.
El crimen y sus costos: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe marca un hito para cuantificar costos del crimen comparables para 17 países de la región, y referenciados contra 6 países desarrollados.
El crimen y la violencia alcanzan niveles que se acercan a una crisis. La región tiene el 9 por ciento de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global.
Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Seis de cada 10 robos son cometidos con violencia y el 90 por ciento de los homicidios no son resueltos. Sus cárceles están entre las más hacinadas en el mundo.
“El crimen ha llegado a niveles alarmantes en muchos países”, dijo Ana María Rodríguez, la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID.
“Al aportar cálculos de los costos de la violencia a nivel regional, subregional y nacional, el estudio facilitará una mejor asignación de recursos por parte de los gobiernos y las agencias multilaterales de cooperación, así como el diseño de mejores políticas para controlar y prevenir el crimen”, señaló Rodríguez.
Los costos del crimen y la violencia en la región ascienden, en promedio, a 3,55 por ciento del PIB en América Latina y el Caribe, comparado con 2,75 por ciento en los Estados Unidos, 2,55 por ciento en el Reino Unido y 1,34 por ciento en Alemania.
El análisis indica que si la región acercara sus costos del crimen al nivel de los países desarrollados, podría aumentar su inversión en infraestructura en un 50 por ciento.
El costo del crimen, según el estudio, se compone de tres partes
- Los costos sociales incluyen victimización letal y no letal, y los ingresos cesantes de la población carcelaria: 0,64 por ciento del PIB.
- Los gastos del sector privado (hogares y negocios) en seguridad: 1,37 por ciento del PIB.
- Gastos fiscales, incluyendo las policías y las cárceles: 1,51 por ciento del PIB.
Los estimados son conservadores al incluir los costos directos del crimen: los gastos públicos y privados, y los costos sociales. No incluyen costos indirectos como los cambios en el comportamiento de las personas debido al miedo al crimen o los impactos de la violencia en la salud de la gente.
El gasto público en las áreas que tienen que ver con la prevención y control del crimen en América Latina y el Caribe es similar al gasto de los países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido.
No obstante, el gasto es una porción mucho mayor de los presupuestos públicos, y los gastos privados en la prevención del crimen es muy superior al de los países desarrollados, según indica el estudio.
El estudio contiene capítulos que analizan los costos del crimen en Brasil, el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y el Caribe.
Utiliza metodologías innovadoras para calcular los costos directos de los homicidios y los ingresos cesantes de sus víctimas (0,36 por ciento, o un costo anual de US$10.500 millones para el período 2014-2015).
El informe demuestra cómo la distribución del crimen en la región es un fenómeno desigual – tanto entre los países como en su interior.
Por ejemplo, estados brasileños con altas tasas de crimen como Alagoas y Ceará tienen costos y tasas más alineadas con países del Triángulo Norte. Lugares más seguros como Bello Horizonte y Sao Paolo tienen números más cercanos a Chile y Uruguay.
El estudio también destaca los elevados costos de las altas tasas de encarcelación en América Latina y el Caribe. Para el período 2010-2014, la región gastó US$6.500 millones al año para construir y mantener cárceles. Los individuos encarcelados sumaron ingresos cesantes de US$7.300 millones al año. Ambas cifras suman 0,39 por ciento del PIB, superando la suma que los gobiernos transfieren a los hogares más pobres mediante las transferencias condicionadas de dinero.
Los países que más invierten en cárceles no necesariamente se benefician con menos delincuencia. Las Bahamas y El Salvador, por ejemplo, invierten altas sumas como porcentaje de su PIB en sus sistemas penitenciarios, pero sufren de elevadas tasas de delincuencia. Argentina y Uruguay, por otra parte, tienen menores niveles de encarcelación y niveles de crimen más bajos.
Los costos de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe son el doble del promedio mundial, y el estudio apunta a posibles vías de mayor investigación en el futuro sobre violencia de género. El libro también incluye capítulos sobre el ciber-crimen y el crimen organizado.
