La Unión Americana de Libertades Civiles entabló el jueves una demanda que podría implicar millones de dólares en indemnizaciones, a nombre de miles de familias inmigrantes que fueron separadas de sus hijos menores de edad en la frontera con México.
Abogados de la ACLU, como se conoce a la organización, y de otras entidades presentaron en Tucson la querella contra funcionarios que trabajaron o trabajan en el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que el gobierno violó los derechos de los inmigrantes y traumatizó profundamente a unos 4.000 niños que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera de manera ilegal. La mayoría de las familias son de Centroamérica y muchos solicitaron asilo.
Las separaciones de familias comenzaron a gran escala a principios del 2018 y fueron calificadas como inhumanas. Trump puso fin a la política en junio del 2018 con una orden ejecutiva, y un juez federal en San Diego ordenó que 2.700 niños fueran reunidos con sus padres, aunque algunos activistas dicen que muchos más fueron separados.
El gobierno llevó a cabo las separaciones de familias sin tener un plan de reunificación. A miles de padres no se les dijo dónde estarían sus hijos, y la agencia federal que albergó a los niños tras ser detenidos no siempre estuvo segura de si habían viajado con un padre. La situación se volvió caótica cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos. En algunos casos, los padres fueron deportados sin sus hijos.
La ACLU pidió que la demanda tenga estatus colectivo, o sea que si gana pueda abarcar y beneficiar a miles de familias que ahora no son demandantes en la querella. Los abogados no mencionaron una cifra, pero también han presentado quejas ante el Departamento de Seguridad Nacional pidiendo 3 millones de dólares por familia. Esas demandas podrían eventualmente ser juntadas con esta querella.
“Creemos que la separación de familias fue sin precedentes y tan extrema que si alguna vez hubo un caso que merecía indemnización, es este”, dijo el abogado de la ACLU Lee Gelernt.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la dependencia no comenta sobre litigios pendientes.
