El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pretende contar con un plazo de hasta dos años para localizar a posiblemente miles de niños que fueron separados de sus padres en la frontera con México antes que un juez frenara esa práctica el año pasado, una tarea que, asegura, es más ardua que lo hecho hasta ahora para dar con el paradero de los menores dado que los niños ya no están bajo custodia del gobierno.
El Departamento de Justicia indicó en un documento judicial el viernes por la noche en San Diego que le tomará al menos un año estudiar los casos de cerca de 47.000 niños no acompañados a los que se detuvo entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018, un día antes que el juez federal de distrito Dana Sabraw detuviera la práctica de separación de familias. El gobierno empezaría por buscar señales de posible separación, por ejemplo, de niños menores de cinco años.
Washington brindaría información continuamente sobre las familias separadas a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que inició la demanda para reunir a las familias y criticó el pedido de tiempo del gobierno el sábado.
"Nos oponemos enérgicamente a un plan que podría demorar hasta dos años en ubicar a estas familias", afirmó Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU. "El gobierno necesita tomar esto como una prioridad".
Sabraw ordenó el año pasado que más de 2.700 niños que estuvieron bajo cuidado del gobierno hasta el 26 de junio de 2018 sean reunificados con sus familias, lo cual mayormente se ha logrado. Luego, en enero, el inspector general del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos reportó que miles de niños podrían haber sido separados de sus familias desde el verano de 2017. El inspector general del departamento reveló que se desconocía la cantidad precisa de estos menores.
El juez falló el mes pasado que podía responsabilizar al gobierno por las familias que fueron separadas antes de su dictamen de junio y pidió al gobierno que presentara una propuesta con las medidas que iba a tomar. Se programó una audiencia para el 16 de abril.
La gran cantidad hace la tarea distinta a tan solo identificar a los menores que estuvieron en custodia de las autoridades estadounidenses al momento de la orden del juez en junio, subrayó en una declaración jurada Jonathan White, un comandante asignado como responsable de la reunificación familiar de parte del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos.
White, cuyo trabajo ha sido elogiado por el juez, encabezaría las tareas de identificar a más familias en representación del Departamento de Salud y Servicios Humanos con sus homólogos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
La gran mayoría de los niños que fueron separados de sus familias fueron devueltos a parientes, pero muchos de ellos no eran sus padres. De los menores liberados en el año fiscal 2017, el 49% volvió con sus padres, 41% con parientes cercanos como una tía, un tío un abuelo o un hermano adulto, y 10% a parientes lejanos, amigos de la familia u otras personas.
