SAN SALVADOR - En dos audiencias en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado al gobierno de El Salvador para evaluar la situación de derechos humanos en el régimen de excepción, las respuestas del gobierno salvadoreño han sido el silencio y la ausencia.
En ambas, la CIDH ha lamentado esa postura. Pero no fue sino hasta el 10 de noviembre que el presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió sobre esa ausencia, y la relación que ahora mismo mantiene su gobierno con el organismo internacional.
“Me han comentado sobre una acción que quiere tomar la CIDH en contra de El Salvador por el combate a las pandillas, y yo me pregunto qué hizo la CIDH en los últimos 30 años, cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo. ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño?”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
La posición de Bukele es que las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos son financiadas por países que “sí violan los derechos humanos”, algo que a su criterio no ocurre en El Salvador, pues el país centroamericano no tiene en su jurisprudencia la pena de muerte o la cadena perpetua.
“Los salvadoreños aplauden las medidas del régimen de excepción asi se oponga la CIDH. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están, ¿ están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes?”, agregó.
Bukele hizo un llamado a otros países de Latinoamérica a vigilar el trabajo del organismo internacional en torno al tema.
“Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también”, sentenció.
La CIDH, preocupada
Un día después de las declaraciones del presidente Bukele, la CIDH expresó su preocupación “por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales” en el país centroamericano.
“Si bien el Estado salvadoreño tiene la obligación de dar seguridad a los ciudadanos, debe hacerlo con respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales de los que es parte”, reza el comunicado.
En la última audiencia, la comisionada presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla, recordó que los Estados forman parte del Sistema Interamericano voluntariamente y que las audiencias son el mecanismo que tiene la CIDH para monitorizar la situación de derechos humanos en los países.
El Salvador lleva siete meses en un régimen que busca encarcelar a 80.000 pandilleros responsables de la última ola de violencia ocurrida a finales de marzo de este año.
Las capturas desde entonces no han parado y hasta la fecha, el gobierno centroamericano ha apresado más de 55.062 personas.
De acuerdo con la organización de derechos humanos Cristosal, el régimen de excepción ha dejado a su paso tres grandes tipos de violaciones a derechos humanos: las detenciones arbitrarias o ilegales, los hechos constitutivos de tortura y malos tratos y las muertes de personas en los centros penitenciarios.
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