El fiscal federal a cargo de la investigación de un supuesto sistema de corrupción relacionado con obras públicas en Argentina pidió este lunes una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal Diego Luciani dijo que la líder peronista cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.
"Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.
Anteriormente este lunes, Fernández anunció que solicitaría al tribunal federal que la juzga que le permita ampliar la defensa de los cargos en su contra.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, dijo la también exmandataria (2007-2015) en su cuenta de Twitter.
Según la vicepresidenta, este proceso judicial careció de pruebas y los fiscales, “en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Fernández, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales, muchas de ellas no terminadas, al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.
El fiscal Luciani afirma que la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner la empresa desapareció.
“Austral Construcciones sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, sostuvo.
La vicepresidenta ha negado los cargos y sostiene que el tribunal ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra.
La exgobernante se considera víctima de una persecución por parte de sectores de la justicia a los que vincula con su sucesor en el poder, Mauricio Macri (2015-2019), quien hoy es uno de los referentes de la oposición.
Este es el primer juicio oral que encara Fernández, a quien el tribunal le otorgará varios días para defenderse. Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios exfuncionarios y el empresario Báez.
El apoyo a la vicepresidenta por parte de miembros del gobierno, legisladores y militantes del oficialista Frente de Todos ha ido en aumento en días recientes. Los mensajes de respaldo sostienen que la dirigente sufre desde hace años una “embestida mediática-judicial”.
Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.
La vicepresidenta ha afrontado diversas investigaciones judiciales en los últimos años, en las que fue absuelta sin llegar a juicio.
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