![Contingente de médicos cubanos llega a Venezuela en 2013. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/f8371f20-e181-4b6d-9741-5db7f4506043_w250_r1_s.jpg)
Las organizaciones Prisoner Defenders, Civil Right Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) dieron a conocer este miércoles la tercera ampliación de su denuncia presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional contra el gobierno de Cuba. Las instituciones acusan a La Habana de someter a “trabajos forzados” a los integrantes de las llamadas “misiones internacionalistas”.
En un evento realizado a través de Zoom en el que también participaron varios representantes políticos, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explicó que la amplificación de la denuncia se basa en el testimonio de 1,111 profesionales cubanos, quienes bajo convenios de tipo mercantil entre el gobierno de Cuba y terceros países, se habrían visto obligados a “abandonar a sus familias durante años” y habrían sufrido “gravísimas violaciones de sus derechos humanos”
El informe presentado sostiene que los hechos vendrían ocurriendo desde hace años y tendrían lugar en más de 100 países, siendo Venezuela la nación que tiene el número más elevado de testigos que ha participado en el informe, con 386 denunciantes.
“Muchos habrán oído sobre las famosas brigadas médicas cubanas, usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud” dijo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, durante el evento.
La europarlamentaria también destacó que trabajadores de sectores como el de la enseñanza, la arquitectura o el arte también sufren estas condiciones.
Multas por "cada cubano que escape”
El informe recoge los testimonios de cubanos que trabajaban en MSC Cruceros, una de las empresas más grandes del sector, la cual contrataría a los marineros a través de la empresa cubana Selecmar.
Según Larrondo, los profesionales cubanos que integran la flota de la compañía italiana “percibirían únicamente el 20% de su salario y el 80% se lo llevaría el gobierno de Cuba”.
“Y ¿cuánto trabajan a la semana? Entre 70 y 80 horas, una barbaridad, cuando el máximo de la organización internacional del trabajo son 40 horas”, añadió el presidente de la ONG.
La denuncia sostiene que MSC “retira los pasaportes de estos trabajadores no sólo en el trayecto sino también en los países donde tocan puerto para evitar que se escapen”. Además, según los declarantes, la compañía se enfrentaría a una multa de “10.000 dólares por cada cubano que se escape”.
MSC dijo a Voz de América respecto a la retención del pasaporte a los trabajadores cubanos que "es una práctica habitual en la industria" que aplica a todas las nacionalidades y es "un requisito de las autoridades locales en los puertos que visitamos" para presentarlos rápido para verificación.
Sobre el pago de $10,000 por "cada cubano que se escapa", MSC afirmó "no tener conocimiento sobre esta multa" y que la empresa "no ha pagado dicha cantidad".
También dijo que ya no emplea tripulantes cubanos en su flota y "no ha tenido ninguno desde el comienzo de la pandemia".
Por otro lado, la compañía afirmó que el informe "representa una acción contra el gobierno cubano por su gestión de salarios, no contra las líneas de cruceros o MSC cruceros", y que "como todas las navieras, tuvieron que contratar a los tripulantes cubanos a través de Selecmar, ya que era un requisito de las autoridades cubanas".
"Sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba, conllevaba un castigo, en este caso los ocho años que nos limitan de entrada [a Cuba]. Ya llevo seis años separado de mis hijos", explica uno de los testimonios recogidos en el informe, el del doctor Manoreys Rojas Hernández, que fue parte de la misión en Ecuador del 2014 al 2016.
“Los médicos se enfrentan a un castigo ejemplarizante, que es político, para frenar el éxodo por la fuerza y no por ley”, apunta Prisoners Defenders, además de subrayar que esta medida se ha aplicado a más de 800.000 profesionales de misiones de diferentes áreas y, actualmente, entre 5.000 y 10.000 padres cubanos “no pueden ver a sus hijos” como consecuencia de esta ley, recogida en el artículo 135 del Código Penal de Cuba.
El informe, además, adjunta documentos donde el gobierno de Miguel Díaz-Canel admite por primera vez la ley de los ocho años.
¿Qué dice Cuba?
De momento, el gobierno cubano no se ha pronunciado respecto a la publicación del informe. Sin embargo, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, defendió al gobierno después que este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refiera a Cuba como un gobierno que “permite la trata de personas”.
“Las acusaciones mendaces del Secretario de Estado de EE. UU. que vinculan a Cuba con la trata de personas buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional” dijo Rodríguez a través de Twitter.
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