La Corte Suprema de Justicia de Panamá solicitó una audiencia de imputación de cargos contra la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y actual candidata presidencial por libre postulación, la abogada Zulay Rodríguez Lu, por supuestamente haberse apropiado de oro.
La audiencia contra Rodríguez, quien denuncia una persecución política en su contra, ha sido fijada para el 29 de febrero y fue solicitada por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio del fallecido comerciante mexicano, José Luis Penagos Hernández.
El caso inició en el 2009, cuando Penagos Hernández fue detenido en el Aeropuerto de Tocumen con 66 kilos de oro. El proceso duró nueve meses, hasta que fue sobreseído por los tribunales panameños por el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En aquel momento, Penagos contrató a los abogados Rafael Araúz Canto y Zulay Rodríguez para que recuperaran los lingotes de oro.
De acuerdo a la denuncia, el comerciante firmó un poder que luego fue utilizado por los abogados para simular una deuda de honorarios profesionales. En septiembre de 2018, Penagos se enteró que Araúz, Rodríguez y Álvaro Testa (esposo de Rodríguez) recibieron el oro por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas, y se lo quedaron para cubrir los honorarios, que según ellos no habían sido cancelados.
Luego del fallecimiento de Penagos, la familia presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal. Pero, la diputada Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones que este litigio ya fue ganado en la esfera civil y que la acusación es totalmente falsa.
Según Rodríguez, la decisión de la Corte Suprema es un acto de persecución política, ya que el verdadero propósito es imponer al candidato del oficialista PRD y actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, como el próximo presidente de Panamá.
“Sospecho, que intentarán una vez más pisar el acelerador, tal como lo hicieron hace pocos días con otro candidato presidencial, que fue velozmente sancionado por esta misma magistrada que ahora busca impedir mi participación en las elecciones”, comentó la candidata, que si bien se hizo diputada con el PRD, se alejó de la agrupación.
Para el analista jurídico Ernesto Cedeño, la diputada Rodríguez no tendría ningún inconveniente para correr en la contienda electoral del próximo 5 de mayo.
“No hay nada que le imposibilite para correr en las elecciones, la audiencia es solamente de imputación, a ella no se le está condenando. En tal sentido, cuando se le imputen cargos, el funcionario de instrucción, en este caso el magistrado fiscal tendrá hasta un máximo de seis meses para investigar”, detalló Cedeño.
Agregó que la diputada tiene un principio de presunción de inocencia, y que sólo un fallo en contra que establezca una pena máxima de cinco años por delito doloso, la podría inhabilitar para un cargo de elección popular.
Por su parte, el analista político Jorge Gamboa Arosemena sostuvo que el temor del oficialismo es que Zulay Rodríguez pueda quitarle votos a su candidato.
“Este es un caso político, aunque puede tener origenes válidos para una denuncia penal, pero la forma en que está actuando el sistema de justicia en Panamá no es la mejor”, afirmó.
El 6 de febrero, el influyente diario La Prensa publicó una encuesta en la que Rodríguez encabeza las simpatías del electorado con un 14 % de las preferencias a nivel nacional, aunque el 32 % de los encuestados respondió que no votaría por ninguno de los candidatos.
La denuncia fue presentada inicialmente por la familia del mexicano Penagos ante los tribunales, para luego pasar al procurador General de la Nación, Javier Caraballo. Sin embargo, se remitió a la Corte Suprema de Justicia, ya que esa instancia es la encargada de procesar a los diputados de la Asamblea Nacional, según lo establece la Constitución de Panamá.
En noviembre pasado, el Tribunal Electoral de Panamá levantó el fuero a Rodríguez, quien además de ser candidata presidencial, es aspirante a volver a la Asamblea Nacional, también por libre postulacción, y candidata por el partido Realizando Metas (fundado por el expresidente Ricardo Martinelli) para la alcaldía del distrito de San Miguelito en la provincia de Panamá.
La justicia panameña ordenó la semana pasada la detención de Martinelli, condenado a 10 años de cárcel por un caso de blanqueo de capitales, y declaró al exmandatario en riesgo de fuga, tras haberse refugiado hace poco más de dos semanas en la embajada de Nicaragua en Panamá.
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