En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado más de 35 millones de dólares en ayuda humanitaria a los países latinoamericanos que acogen a inmigrantes venezolanos.
Tanto el vicepresidente Mike Pence, en su gira por Latinoamérica, como el administrador de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés), Mark Green, han prometido fondos para ayudar a hacer frente la crisis migratoria regional que la inestabilidad en Venezuela ha generado.
De acuerdo con USAID, en el año fiscal 2017 (del primero de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2017), el gobierno estadounidense destinó 37,408,749 millones de dólares en ayuda humanitaria regional, específicamente, para la “respuesta regional a la crisis venezolana”
Además de USAID, el presupuesto también está gestionado por el Departamento de Estado (DoS), en concreto por la Oficina para la Población, Refugiados y Migración.
Estas cifras no se traducen en dinero inyectado directamente al gobierno de un país. Según explicaron a la Voz de América altos funcionarios del DoS y de USAID, Estados Unidos envía fondos como tal a los países latinoamericanos con los que trabaja para mitigar los efectos de esta crisis.
Ambas entidades trabajan con organizaciones no gubernamentales (ONGs), locales e internacionales, que tienen presencia en la región afectada. Es a ellas a quienes se les transfieren las ayudas o se les entregan los recursos para que los gestionen en sus propios programas de asistencia a la región, explicó Steve Olive, el administrador asistente adjunto de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe del Departamento de Estado.
Sin embargo, agregó el funcionario, las agencias procuran mantener una comunicación cercana con los gobiernos locales. “Nos aseguramos de que sepan lo que estamos haciendo”, dijo Olive.
El mayor porcentaje de los fondos va dirigido a agencias que hacen parte o están relacionadas con la Organización de Naciones Unidas, como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En algunos casos, la mismas agencias de Naciones Unidas subcontratan a ONG’s o agencias humanitarias y contratistas locales. El presupuesto restante se dirige a ONGs locales o internacionales, llamadas ‘socios implementadores’, que desarrollan sus labores en las zonas más impactadas por el fenómeno de la inmigración de venezolanos. En total, alrededor de seis millones y medio de dólares fueron destinados a estas organizaciones.
De acuerdo con Dany Bahar, economista de la Institución Brookings, el costo estimado para mantener a un refugiado en Suramérica oscila entre 2500 y 5000 dólares al año. En su más reciente reporte, la OIM estima que entre 2015 y 2017, 925 mil venezolanos salieron de su país.
Según este cálculo, asegura Bahar, el estimado de mantener a un millón de migrantes venezolanos cada año, estaría entre los tres y los cinco mil millones de dólares.
Elizabeth Dunn, académica de la Universidad de Indiana y experta en migración, opina que la ayuda que el gobierno estadounidense ha destinado para la crisis venezolana es muy poca. “No es tanto dinero, teniendo en cuenta el nivel del problema, la cantidad de personas que se han ido de Venezuela en los últimos años”, aseguró Dunn en entrevista con la Voz de América.
La vida en Roraima, Brasil, reflejo del impacto regional.
La Agencia Adventista para el Desarrollo y el Socorro (ADRA), que trabaja en Brasil e iMMAP, una ONG de administración de información, aparecen en el listado de organizaciones que trabajan con la ONU en el estado de Roraima.
De los 6,300,000 de dólares que donó el gobierno estadounidense en 2017 para hacer frente a la crisis de migrantes venezolanos en Brasil, ADRA recibió medio millón para su proyecto en Boa Vista, la capital del estado fronterizo de Roraima. El resto de los fondos fueron dirigidos a financiar los proyectos de la OIM y ACNUR en todo el territorio brasileño.
Según datos de la agencia de la ONU para los refugiados y de ADRA, casi el 80 % de los más de 52.000 venezolanos que han llegado a Brasil desde el 2017, ahora viven en Boa Vista.
Debido a la intempestiva llegada de personas a esta ciudad, que en el 2010 sólo tenía 266.000 habitantes, los servicios públicos y los sistemas de salud colapsaron, según han denunciado tanto la ONU como Humans Right Watch.
Delva Rodrígues, la coordinadora del proyecto de ADRA en Boa Vista, aseguró a VOA Noticias que el impacto de la llegada de los inmigrantes ha sido “muy grande en una ciudad que es tan pequeña”.
A su vez confirmó el estado del sistema de salud: “nuestros hospitales, el general, el de maternidad y el infantil están hacinados porque no eran grandes hospitales cuando se construyeron”.
En la ciudad de Boa Vista, el gobierno brasileño ha construido diez albergues para alojar a los inmigrantes venezolanos. Con el dinero que USAID les ha proporcionado, ADRA distribuye kits de higiene, implementos domésticos y de cocina a 4.650 venezolanos, de los 40.000 que viven en la ciudad.
“Nuestro trabajo es llenar el vacío entre el sector privado y el sector público”, dijo Helena Souders, coordinadora de proyectos de ADRA en sus oficinas centrales de Washington D.C.
A las personas que ya están en los albergues, ADRA les da utensilios para que puedan comer los alimentos proveídos por el estado, colchones, productos de higiene personal y de cocina, como por ejemplo un termo para almacenar el agua potable.
Sin embargo, subrayan tanto Rodrígues como Souders, la necesidad en la región es grande. Los inmigrantes se encuentran en condición de “extrema vulnerabilidad”, dijo la coordinadora del proyecto en Roraima, llegan “deshidratados, desgastados”.
Muchos de ellos caminan por más de 250 kilómetros desde la frontera con Venezuela hasta Boa Vista, afirmó Souders, quien lleva cuatro meses liderando el proyecto.
Para la coordinadora del proyecto de ADRA en Boavista, Delva Rodríguez, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ciudad es la saturación. Si tuvieran más recursos, dice, los invertiría en trasladar a los migrantes a otras zonas del país. “Aquí no hay un mercado laboral lo suficientemente grande para todos”, aseguró.
La profesora Elizabeth Dunn, de la Universidad de Indiana, piensa que la ayuda de alivio como la que provee ADRA, lo que hace es poner paños de agua tibia al problema de la crisis migratoria.
Las ONG que trabajan en zonas de migración “dan socorro temporal y luego se van y dejan el problema a la economía local, es algo bastante común”, dijo la antropóloga, quien trabajó durante años con refugiados y desplazados internos de los países de la antigua Unión Soviética.
Otro tema que involucra cómo y quién recibe ayudas financieras está relacionado a su clasificación, o no, como refugiado.
Los migrantes venezolanos en general no son considerados como refugiados bajo la Convención de la ONU de 1951 sobre el estatus de los refugiados, explicó Dunn.
En el documento, que nació en el contexto de la II Guerra Mundial, se estipula que un refugiado es alguien que huye de su país por miedo a ser perseguido por razones políticas, religiosas o étnicas. “No existe una convención sobre el estatus de las personas que huyen por desastres naturales o un colapso económico, como está sucediendo en Venezuela”, agregó la experta, “por lo tanto, bajo ACNUR, son migrantes económicos, no refugiados”.
Laurie Sanders, quien trabaja en ADRA Boa Vista junto con Rodríguez, dijo que debido a esto, el gobierno de Brasil tiene que estudiar caso a caso antes de darle el estatus de refugiado o no a un migrante. Sin embargo, mientras la solicitud se lleva a cabo estos tienen un permiso de trabajo que les da también acceso a los servicios públicos como la salud y la educación “casi como a un brasileño”, dijo Sanders.
