Un cuerpo de vigilancia gubernamental en Estados Unidos propuso una nueva forma de hacer que los banqueros respondan por los delitos y fraudes cometidos por sus empleados contra sus clientes.
Según la propuesta de una inspectoría general, los ejecutivos de Wall Street tendrían que firmar una declaración anual prometiendo que no van a permitir ninguna actividad fraudulenta, criminal o civil, mientras estén a cargo, un compromiso que podría llevar a más banqueros a la cárcel.
La propuesta se incluye en un reporte trimestral enviado al Congreso el miércoles por parte del Programa de Ayuda de Asistencia de Activos Comprometidos (TARP por sus siglas en inglés), que fue creado en 2008 para salvar al sistema financiero de la quiebra, luego de ser fuertemente golpeado por la caída de los mercados inmobiliarios y de valores.
El reporte establece que 85 banqueros han sido acusados de algún delito y 36 han sido enviados a prisión mientras que se han recobrado más de $10.000 millones de dólares de dineros mal habidos en los últimos años.
Si bien el TARP ha tenido éxito en procesar a los altos ejecutivos de bancos pequeños y medianos, no ha tenido los mismos resultados con los grandes banqueros de Wall Street.
La inspectora general especial de TARP, Christy Goldsmith, dijo sentirse obligada a sugerir una reforma al sistema financiero por primera vez luego de ver muchos casos en que los altos ejecutivos parecieron ser inmunes a las investigaciones.
“Si un ejecutivo afirma que su institución es demasiado grande o demasiado compleja como para poder responder sobre un crimen o un fraude, entonces estamos ante un problema mucho mayor —un problema que debería ser inaceptable, particularmente en los bancos considerados tan sistémicos que los contribuyentes tienen que salvarlos”, dice Goldsmith en el reporte.
El tema de responsabilidad bancaria adquirió preponderancia en septiembre luego que Wells Fargo y Compañía, con más de $2 billones de dólares en activos, acordó pagar $185 millones de dólares para arreglar fuera de corte las demandas de que trabajadores de bajo rango pudieron haber creado hasta 2 millones de nuevas cuentas bancarias sin que los clientes se enteraran.
El jefe ejecutivo de Wells Fargo, John Stumpf, renunció tras el escándalo pero la senadora Elizabeth Warren, una demócrata, y otros legisladores de ambos partidos piensan que él debió haber sido procesado penalmente por el fraude.
