La oposición venezolana enfrenta otro dilema en su estrategia política contra el gobierno de Nicolás Maduro: participar o no en las varias elecciones previstas para este año, a tan sólo meses de los polémicos resultados de la votación presidencial y con miles de cargos públicos en juego, entre ellos gobernaciones, alcaldías y diputaciones.
Según los plazos de la Constitución nacional, los venezolanos deberán elegir en 2025 a 277 diputados de la Asamblea Nacional, 23 gobernadores, más de 300 alcaldías, incluida la Alcaldía Mayor de Caracas, y cientos de legisladores y concejales regionales.
El Consejo Nacional Electoral convocó este lunes la elección de parlamentarios, gobernadores y consejos legislativos regionales para el domingo 27 de abril de 2025.
Las votaciones se realizarán de esta forma muchos meses antes de que los funcionarios electos asuman sus cargos. Es el caso de los futuros diputados, que ocuparían sus curules en el parlamento a partir de enero del próximo año.
El oficialismo también ha adelantado que someterá a votación proyectos para el desarrollo, consultas a sus “consejos comunales” y una reforma constitucional cuyos alcances aún no ha revelado Maduro, pero ya se discuten en comisiones.
Esos procesos electorales representan “un nuevo desafío para la oposición” en cuanto a su unidad estratégica después de haber declarado fraude en julio, advierte el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la firma consultora Poder y Estrategia.
Según el experto, las múltiples elecciones pudieran tener un efecto de “segmentación” en una oposición que parece llegar a ese debate de la participación con “matices”.
María Corina Machado, considerada la dirigente de la oposición y gran movilizadora del voto antichavista en las presidenciales del 28 de julio pasado, llamó este mes a boicotear las próximas elecciones tras la juramentación de Maduro para un tercer mandato. Según la oposición, el chavismo perdió abrumadoramente la elección del jefe de Estado.
“El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo”, expresó Machado desde la clandestinidad, donde permanece tras haber reaparecido para liderar una protesta en Caracas el 9 de enero, un día antes de que Maduro asumiera un nuevo mandato de 6 años.
“Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular”, insistió Machado en un video en sus redes sociales.
Algunos miembros de la oposición ya han rechazado la idea de abstenerse en futuros comicios. Entre ellos está el alcalde del municipio occidental de San Francisco y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Gustavo Fernández, quien dijo la semana pasada que aspiraría a la reelección porque, a su juicio, “los espacios no se entregan”.
Otra dirigente del partido, la presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia, Iraida Villasmil, dijo luego reconocer “la autoridad que está sentada en Miraflores”, en referencia a Maduro. Machado y distintos partidos y líderes opositores denuncian la ilegitimidad de Maduro y lo acusan de aferrarse por la fuerza en el poder.
Ambos políticos integran el que es considerado uno de los cuatro principales partidos de la oposición, UNT, fundado a finales del siglo pasado por el gobernador del estado occidental de Zulia y excandidato presidencial opositor en 2006, Manuel Rosales.
Rosales representa a una de las varias vertientes de una oposición que también incluye a Machado, ícono de la población electoral “contundente” en julio, y otra fracción disidente que mantiene “una agenda fluida y de mucho entendimiento” con el gobierno, según Ríos.
¿Repliegue o movilización?
Sin descartar una eventual participación electoral “simbólica o de protesta”, el dilema de la oposición radica en decidir entre “el repliegue estratégico o la organización de la movilización del descontento popular”, observó el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
“Un primer desafío para la oposición es definir tácticamente si actuar dentro del sistema, contra el sistema o en paralelo al sistema. Este dilema no depende exclusivamente de la voluntad opositora, sino que está condicionado por las concesiones mayores o menores que puedan hacer las fuerzas en el poder”, señaló el también profesor universitario.
Tell Aveledo subrayó que “los espacios de poder alternativos suelen ser neutralizados” en los últimos tiempos y advierte que “la efectividad de cualquier participación electoral genera escepticismo en buena parte de la población”.
“La represión sistemática será un desafío constante, con costos humanos y políticos significativos”, apuntó.
Opositores, organismos multilaterales y oenegés promotoras de derechos humanos han denunciado una ola sin precedentes de represión y persecución contra la disidencia política después de la elección presidencial en Venezuela, con más de 2.000 arrestos y desapariciones forzadas, así como tratos crueles, degradantes e inhumanos a los detenidos.
¿Fiesta o preocupación?
Las razones para participar específicamente en las elecciones regionales, municipales y de Asamblea Nacional “son exactamente las mismas” que tuvo la oposición para acudir a las presidenciales, estimó el presidente de la firma Datincorp, Jesús Seguías.
La oposición se ha abstenido de participar en varias elecciones, como las parlamentarias de 2005 y 2020, las presidenciales de 2018 y la convocatoria a elegir a los integrantes de una Asamblea Constituyente, en 2017.
En las regionales de 2021, que marcaron su retorno a las urnas electorales, el antichavismo no unificó candidaturas en varios estados y perdió al menos una docena de gobernaciones por ello, advirtieron entonces analistas independientes.
Seguías considera que "hay fiesta" en el palacio presidencial de Miraflores cada vez que la oposición llama a la abstención electoral o pide “intervención" extranjera en la crisis venezolana, como han sugerido algunos actores políticos venezolanos y extranjeros, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el dirigente venezolano Leopoldo López.
“Y cada vez que la oposición sale a votar, a patear la calle haciendo política, acumulando escenarios de poder, en Miraflores hay ansiedad y preocupación. La conclusión parece ser obvia”, que el antichavismo debe participar, indica.
Un error en ciernes
La inminente realización de nuevas elecciones sin cerrar el capítulo de los rebatidos resultados de las presidenciales podría profundizar la crisis política en vez de colaborar con superarla, opina Ríos, de la consultora Poder y Estrategia.
A su juicio, sería “un error político grueso” descalificar a toda la población electoral que respaldó a la oposición en la presidencial de julio. Según datos oficiales, el antichavismo obtuvo 43 % de los votos, pero, de acuerdo con copias de las actas de votación que presentó, la opositora Plataforma Unitaria dijo haber ganado con 67 % de las papeletas.
Ríos prevé que el equilibrio político nacional sólo vendría en “un escenario de entendimiento”. “La primera condición deseable para reabrir la opción electoral es abrir negociaciones que incluyan a todos los sectores”, dice a la Voz de América.
El chavismo considera que Machado y Edmundo González, líder opositor que dice haber ganado la elección de julio con base en las actas de votación, actualmente en el exilio, son parte de grupos “fascistas” que procuran deponerlo violentamente del poder.
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