Como “sui géneris” o singular calificó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, la visita que se espera para la primera semana de febrero a la nación suramericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aseguraron que si bien no tienen expectativa de que el gobierno en disputa los deje entrar, esperan que, de poder hacerlo, las víctimas sean escuchadas.
En conversación con la Voz de América, Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de Provea, apunta que la visita u observación “in loco” (latin por en el terreno), que se espera a partir de este lunes 3 de febrero, sería la primera luego de 18 años. La última fue después del golpe de estado al entonces presidente Hugo Chávez, en 2002.
Alvarado explica que la Comisión tiene varios mecanismos para cumplir con su trabajo y hacer seguimiento a los derechos humanos. Detalla que uno de los mecanismos son las audiencias que se realizan periódicamente, a través de información que se solicita a los Estados, haciendo videoconferencias, invitando a partes interesadas para ser entrevistados y cuando un Estado los invita a su territorio.
Es aquí donde entran la particularidades de estas visitas, pues fue el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, y no el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que envió una invitación formal a la Comisión en julio de 2019 para que visitaran el país. Para agosto, la OEA ya había aprobado una resolución que pedía la visita de la Comisión a la nación suramericana.
El representante de Provea detalla que este mecanismo es el "más efectivo, más directo”, e implica que los comisionados se reúnan con las organizaciones, víctimas, académicos y funcionarios del Estado para ampliar el conocimiento de la situación de los derechos humanos en el país.
Alvarado asegura que en la decisión de la CIDH de aceptar la invitación del gobierno interino “hay un reconocimiento tanto de la OEA como de la Comisión Interamericana a la Asamblea Nacional como poder legítimo”. Además, en el caso particular de la Comisión Interamericana, agrega, desde hace años han tenid interés de realizar esta visita.
“Nosotros saludamos ese esfuerzo de la Comisión Interamericana, de esa voluntad política, de por lo menos adoptar las medidas que considere necesarias para empaparse mejor y conocer mejor la situación que está ocurriendo en el país”, indicó Alvarado.
Afirma que de realizarse el viaje, los comisionados se encontrarán con "un clima de vulnerabilidad” en donde los venezolanos no cuentan con instituciones independientes “que puedan investigar las graves violaciones de derechos humanos”.
Además, hallarán unas condiciones de vida “bastante deteriorada, donde (la comisión) va a poder constatar cómo se violan a diario los derechos sociales de la población” y un clima de “permanente violencia contra la población”, agrega Alvarado.
Considera que hay una posibilidad de que el gobierno en disputa no les permita la entrada pues "hay una actitud en el gobierno de Maduro de desconocer la labor de la Comisión Interamericana y de la OEA”. Adicionalmente, como lo expresan en la última comunicación enviada al gobierno en disputa a principios de enero de este año, donde se habla de las fechas, la comisión recuerda que para poder realizar este visita necesitan “todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión”.
“Sería muy lamentable porque las víctimas siempre son las que salen más favorecidas con esta visita de la Comisión Interamericana porque les permite hablar con los comisionados, exponer los hechos y sería muy lamentable que en este esfuerzo de visitar Venezuela no la dejara ingresar”, expone el representante de la ONG.
No descarta que de ser negado el acceso al país, la comisión opte por irse a la fronteriza ciudad de Cúcuta, como mecanismo alternativo, para lo que necesita el permiso del Estado colombiano.
“En esta visita, lo más importante es que los comisionados puedan escuchar directamente a las víctimas”, afirma Alvarado.
Hasta el momento el gobierno en disputa no ha confirmado si permitirá el acceso de sus representantes.
Contraproducente
Carlos Luna, internacionalista y directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, concuerda con Alvarado al señalar que es probable que el gobierno en disputa no permita la visita de la comisión.
“Esto va tratar de ser una nueva demostración de fuerza, de control territorial” por parte de Maduro, indicó el experto a la VOA. Será un mensaje a la comunidad internacional, de que, “quien sigue controlando militarmente, quien tiene secuestrado el monopolio de la fuerza soy yo”.
Sin embargo, añade que de ser el caso, más allá de favorecer la imagen y percepción de Maduro internacionalmente, la “va perjudicar más, porque quien evita que venga una comisión internacional supervisora a verificar o a dar veeduría al estado de los DD.HH. en Venezuela, quien no permite ese hecho, está contrario a las libertades y está contrario a las reglas del juego tanto del sistema interamericano, como del sistema internacional”.
*Con colaboración de Álvaro Algarra
