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Violencia digital contra periodistas en El Salvador: ¿qué hay detrás?


El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa en una ceremonia conmemorativa del Día de la Independencia del país, en Ciudad Arce, El Salvador, el 15 de septiembre de 2024. REUTERS/José cabezas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa en una ceremonia conmemorativa del Día de la Independencia del país, en Ciudad Arce, El Salvador, el 15 de septiembre de 2024. REUTERS/José cabezas

Un informe sobre violencia digital contra periodistas en El Salvador evidenció recientemente un incremento en torno a los ataques a periodistas en el país centroamericano. Estas agresiones provienen, principalmente, de cuentas vinculadas al oficialismo.

La violencia contra periodistas en El Salvador ha encontrado un canal seguro: las redes sociales. En los primeros seis meses del 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó diariamente 81 agresiones a periodistas en el país centroamericano, una cifra que se duplicó respecto a las 40 agresiones diarias que ocurrieron los últimos seis meses de 2023.

Si bien los hombres periodistas fueron los más agredidos digitalmente, los ataques hacia las mujeres llevaban una carga de violencia con relación a su condición de ser mujer, su cuerpo y su sexualidad. “Hay un alto componente machista, misógino y con una fuerte tendencia al uso de violencia sexual en su contra”, señaló la organización en su reciente informe Escucha Digital.

“En general, pareciera que los agresores digitales de mujeres tienen un repertorio más amplio de temas con los cuales consideran que se les puede agredir”, señaló.

Según la organización, fue la coyuntura electoral la que motivó el aumento de ataques hacia periodistas.

El Salvador llevó a cabo elecciones presidenciales en febrero de 2024, en las que Nayib Bukele fue reelecto como presidente de El Salvador. Sin embargo, su candidatura fue objeto de cuestionamientos por parte de la prensa, pues el mandatario compitió por la reelección pese a que la Constitución salvadoreña lo prohíbe.

Carolina Amaya, periodista de investigación medioambiental y fundadora del medio Malayerba es una de las 10 reporteras mayormente agredidas que fue incluida en el informe. En una entrevista para la Voz de América, Amaya dijo que si los reporteros no comienzan una terapia psicológica para externar estas agresiones, el daño será más fuerte.

“Debemos entender que las y los periodistas no son el problema. El problema lo tienen quienes atacan en redes sociales por una paga. Es más que evidente que hay patrones en esos ataques, las mismas cuentas, las mismas ofensas”, dijo la periodista a VOA.

Según el informe, la mayoría de los ataques vienen de simpatizantes del oficialista Partido Nuevas Ideas. Además, existe “cierta correlación” entre los atacantes de los periodistas hombres y las periodistas mujeres.

Para Karla López, integrante de Diálogos, un espacio de análisis y formación en Guatemala, las redes sociales son hostiles principalmente para las mujeres que participan en el ámbito público como periodistas, defensoras de derechos humanos o mujeres políticas porque “amplifica la violencia de género”, dijo a la Voz de América.

“En el ámbito digital permea la impunidad y el anonimato, y pone en riesgo su integridad física”, agregó.

Una de las plataformas donde han ocurrido casi la mitad de las agresiones es X.

El informe 2023 sobre la situación de libertad de expresión, elaborado por la APES, daba cuenta que, de 311 agresiones cometidas contra casi ochenta periodistas salvadoreños, hombres, mujeres y de la población LGBTIQ+, la mayoría ocurrió en ese espacio virtual: redes sociales o páginas web, predominantemente la red social X.

Varias de las agresiones documentadas alcanzaron hasta 50.000 visualizaciones en las redes sociales. Lo preocupante para la APES es que esa violencia digital contra periodistas escale al ámbito físico.

Jorge Beltrán Luna es un periodista salvadoreño especializado en violencia homicida y crimen organizado. Es también parte del listado de periodistas con el mayor número de agresiones en los primeros meses del 2024. Aunque esos ataques no comenzaron con el actual gobierno, Beltran asegura que los hechos le generan estrés y temor.

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“Es estresante porque uno es blanco habitual de injurias, burlas, intentos de descalificar el trabajo periodístico tan solo por poner en evidencia acciones corruptas del gobierno. A pesar de que los ataques en redes sociales no comenzaron con el actual gobierno, considero que con éste se han incrementado en un afán de infundir temor”, dijo Luna a la Voz de América.

Tanto Luna como Amaya han enfrentado procesos judiciales por sus trabajos periodísticos.

Para la APES, las plataformas digitales deben adoptar medidas claras y transparentes para combatir la violencia en línea contra periodistas. Estas medidas incluyen establecer políticas específicas que prohíban el discurso de odio y la incitación a la violencia, implementar herramientas eficientes para detectar y remover rápidamente contenido dañino, y colaborar estrechamente con las autoridades en las investigaciones correspondientes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) coincidieron —tras una visita conjunta a El Salvador entre el 9 y el 11 de septiembre— que el gobierno salvadoreño bloquea el acceso de la prensa a la información pública, intimida a medios independientes y espía a periodistas.

"Los reporteros entrevistados describieron una retórica hostil contra la prensa e intentos constantes de minar la credibilidad del periodismo a través de campañas de descrédito", señalaron. Constataron también la intimidación a medios mediante auditorías financieras.

El gobierno salvadoreño, a través del comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, negó que exista persecución contra la prensa y aludió a la inexistencia de casos de periodistas encarcelados o asesinados actualmente.

Guzmán rechazó las estadísticas de la APES alegando que no comparte la metodología.

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