Víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela apoyan “abrumadoramente” la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Estado venezolano, revela el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la CPI, divulgado el viernes.
“Las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la CPI Incluso más allá del actual alcance previsto, a todos los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el contexto y alcance temporal completo de la situación Venezuela I, incluyendo asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución”, expone la conclusión del informe.
Según las víctimas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro “no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente” los crímenes cometidos en el país “con total impunidad” por parte de las autoridades del Estado.
“La CPI es el único mecanismo judicial independiente que el gobierno no puede influenciar (…) no hay Estado de derecho, no hay justicia imparcial o independiente”, son parte de los comentarios expuestos por las víctimas.
El informe, que no contiene datos que comprometan la identidad de las víctimas o cualquier organización que haya participado en el proceso, precisa que recopiló 1.875 solicitudes con opiniones e inquietudes que incluyen aproximadamente a 8.900 víctimas y 630 familias.
Las víctimas dieron detalles sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, entre ellos “tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de DDHH”.
De acuerdo a Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear el sistema legal y el Estado de derecho en Venezuela, el número de víctimas que participaron en el proceso de consulta ante la VPRS, “solo es superado por el caso de Afganistán”.
Posturas enfrentadas
En diciembre, la VPRS habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces deciden si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
El gobierno de Maduro rechazó, a inicios de este mes, los argumentos del fiscal Khan, quien, al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano para evitar que continue la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación.
La fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado “tiene fundamento” y reitera a la Sala de Cuestiones Preliminares su solicitud de que continúe la investigación.
“El gobierno no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, precisó la fiscalía, entre otros argumentos.
En ese sentido, la fiscalía sostiene que el aplazamiento de la investigación “no está justificado” y solicita a la Sala de Cuestiones preliminares que autorice la reanudación de la investigación.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
En las próximas semanas debería hacerse pública la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre si la fiscalía continuará o no la investigación del caso venezolano.
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