La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel prometió “reabrir las causas” judiciales contra los grupos terroristas de izquierda que operaron en la década de 1970 y pidió encarcelar a sus integrantes, en medio de la controversia por la visita de legisladores oficialistas a ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).
“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”, expresó Villarruel, durante un acto en el Senado por el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.
“Todos los Montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, enfatizó.
Montoneros era el brazo armado del peronismo de izquierda que operó en Argentina desde fines de la década de 1960 hasta principios de los 80. Los atentados terroristas de su autoría, así como los reivindicados por otros grupos de izquierda, antecedieron el golpe de Estado de 1976 que puso en práctica un feroz plan represivo contra disidentes.
Mientras la justicia condenó a los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes de lesa humanidad, en otros fallos dio por prescritas las causas contra la guerrilla de los años 70, basándose en jurisprudencia internacional y tratados que consideran que sólo son imprescriptibles los delitos cometidos desde el Estado.
El pedido de la vicepresidenta, hija de un coronel retirado, se inscribe dentro de una visión a contramano de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas por los gobiernos de centroizquierda de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) que en los últimos 20 años colocaron a la Argentina a la vanguardia internacional en materia de derechos humanos.
Villarruel, que es abogada, no detalló qué estrategia legal llevará adelante para lograr la reapertura de las causas contra los terroristas.
Ante familiares de víctimas de terrorismo, invitados al acto, la dirigente conservadora destacó que “hoy estemos homenajeando a las víctimas de terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo”.
“Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad en la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner”, señaló Villarruel en referencia a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas que fueron parte de los grupos guerrilleros.
Las declaraciones de Villarruel ocurren en medio del escándalo que se desató semanas atrás cuando salió a la luz la visita de un grupo de legisladores del partido gobernante La Libertad Avanza a exmiembros de las Fuerzas Armadas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, entre ellos Alfredo Astiz —responsable del secuestro y desaparición de dos monjas francesas y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo—, al parecer con el propósito de impulsar proyectos de ley que alivien las condiciones de detención de los represores.
El presidente ultraderechista Javier Milei se desmarcó del accionar de sus legisladores y aclaró que “no está en agenda” del gobierno modificar la política de derechos humanos. No obstante, el episodio generó una nueva fractura en su ya minoritaria fuerza en el Congreso.
En coincidencia con el acto de Villarruel en el Senado, una de las diputadas oficialistas que fueron parte de la visita a militares condenados, Lourdes Arrieta, renunció al bloque argumentado que fue engañada por los compañeros de bancada que organizaron la reunión, según ella, con el objetivo de “garantizar la impunidad de represores”.
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