El importante centro investigativo The Dialogue, con sede en Washington DC, emitió el miércoles un informe que propone una serie de medidas y recomendaciones sobre cómo devolver activos retenidos al gobierno en disputa de Venezuela y dedicarlos a paliar la crisis humanitaria.
El estudio, titulado 'Corrupción y crisis en Venezuela: repatriación de activos para el socorro humanitario', es una investigación de un año de trabajo y “analiza una de las características más destacadas de la Venezuela contemporánea, la corrupción a escala industrial”.
Además, la investigación “presenta propuestas detalladas para repatriar potencialmente miles de millones de dólares de activos robados, en beneficio del pueblo venezolano”.
Tal como concluyeron los investigadores, en Estados Unidos los fiscales federales intentan recuperar más de mil millones de dólares en activos estimados, vinculados a la corrupción venezolana, sin embargo, a nivel mundial “al menos 24.000 millones están bajo un escrutinio legal similar y seguramente seguirán otras investigaciones”.
“Si una pequeña fracción de estos activos, digamos el diez por ciento de la suma global, se recuperara efectivamente, el total excedería la totalidad de la asistencia humanitaria brindada por la comunidad internacional a los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país, durante los últimos años”, apunta el equipo responsable del estudio.
También señala que aunque a las convenciones de la ONU contra la Corrupción dictan que las ganancias recuperadas de la corruptela venezolana deben ser devueltas a su pueblo, “la mecánica para hacerlo es extremadamente compleja y probablemente seguirá siéndolo” mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro siga arraigado en Caracas.
Los investigadores alertan que “bajo ninguna circunstancia se deben desplegar fondos si existe el riesgo de que sean robados o politizados por el régimen de Maduro”.
Las recomendaciones
El informe sugiere que EE. UU. "reafirme su compromiso de administrar el producto recuperado de la corrupción venezolana de conformidad con la política del Departamento de Justicia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Foro Global sobre los principios de recuperación de activos (GFAR, por sus siglas en inglés)".
Señala también que tanto las iniciativas, esfuerzos y resultados de la confiscación o retención de activos se deben coordinar “en un Foro Venezolano sobre Recuperación de Activos”, teniendo como precedente lo aplicado en Ucrania, los países árabes en transición y el Foro Global sobre Recuperación de Activos.
Finalmente, el informe insta a los funcionarios estadounidenses de los Departamentos de Justicia, Estado y Tesoro y de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) a “comenzar a examinar de inmediato las opciones para repatriar los activos vinculados a la corrupción al pueblo venezolano a través de medios transparentes y responsables”.
El estudio contiene un anexo con una veintena de “casos notables de corrupción venezolana pendientes en los tribunales de EE.UU.”, entre los que menciona a César David Rincón, acusado de lavado de dinero; el banquero Matthias Krull, también por lavado y Alex Saab Morán, pendiente de ser extraditado a EE. UU.
El estudio ha sido realizado bajo la dirección de Michael J. Camilleri, Director del Programa de Estado de Derecho ‘Peter D. Bell', en The Dialogue.
