El gremio médico venezolano reacciona con incredulidad ante las cifras de vacunación que ha reportado el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez asegura que casi 11 por ciento de la población ya está inmunizada, reinan las dudas entre expertos.
El sábado pasado, Rodríguez, jefa de la Comisión Presidencial para la Atención, Control y Prevención del COVID-19, declaró que el plan de inmunización contra el nuevo coronavirus abarcaba a “casi 11 por ciento de la población”. Según sus registros, en Venezuela habría al menos tres millones de personas ya vacunadas.
Huníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, manifestó sus dudas sobre esas cifras. Acusó al poder ejecutivo de no tener “un control”, ni “una estadística confiable” sobre el número de vacunas diarias aplicadas.
“Si bien reconocemos que se está intentando hacer un plan de vacunación, nuestra crítica es que no se sabe cuál es ese plan. No te dicen cuántas vacunas hay o la estratificación poblacional (a la que se les aplicarán). Es un fallo importante”, expresó Urbina, médico pediatra, a la Voz de América.
En declaraciones transmitidas por el canal del Estado, la vicepresidenta del gobierno de Maduro no detalló si la cifra de “casi 11 por ciento” de la población incluía a ciudadanos que ya contaban con sus dos dosis de las vacunas, ni a qué sectores demográficos pertenecían, o la cantidad específica de inmunizados.
Para Urbina, la vacunación de apenas unas miles de personas cada día no representa un plan masivo. Recordó que existe un subregistro de contagios que el gobierno de Maduro no habría tomado en cuenta, y denunció que también existe opacidad en los registros de pruebas de PCR realizadas en el país.
“Así, esa cifra de vacunación solo es un rédito político para el gobierno”, opinó.
Julio Castro, médico inmunólogo, miembro de la Mesa Técnica de Salud donde convergen delegados sanitarios del gobierno de Maduro y de la oposición, se expresó con el mismo tenor.
“Mientras no existan datos creíbles, transparentes y auditables sobre la vacunación, todas las cifras que digan los voceros gubernamentales son propaganda. Es hora de irse poniendo serios con eso”, escribió el galeno en su cuenta de Twitter, el fin de semana, tras la declaración de Rodríguez.
"Desorganización total"
Castro, tanto como Urbina, exigieron aclarar los criterios de vacunación según edad; los mecanismos de selección de los ciudadanos a vacunar, sin vías que requieran estar inscritos en programas del Estado o partidistas; cuáles son los sitios de vacunación; los intervalos entre vacunas; y una campaña educativa.
Urbina dice haber observado “desastres”, “desorganización total” y condiciones “inhumanas” en las largas filas de vacunación en puntos de Caracas, la capital. “Eso hace que haya confusión, desconfianza, que se agolpe la gente”, remarca.
El presidente Maduro anunció hace semanas que la segunda fase de vacunación en el país iniciaría el pasado 29 de mayo. El fin de semana, escribió en Twitter que el plan avanzaba “a pesar de la escasez de vacunas en el mundo, la desigualdad y la persecución del imperialismo contra Venezuela”.
El mandatario venezolano también aseguró que está previsto que mediante el mecanismo COVAX, de la Organización Panamericana de la Salud, lleguen a la nació suramericana “millones” de vacunas entre julio y agosto.
La organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela acusó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de “manipular” las cifras de vacunación, así como las condiciones del sistema de salud nacional, el número de casos positivos totales desde el inicio de la pandemia y los fallecidos.
Incluso, ironizó sobre una posible equivocación de la vocera oficial. “No sabemos si Delcy Rodríguez se equivocó o no vio la coma: 1,1 por ciento, no 11 por ciento (de la población ya vacunada), sería lo correcto”, escribió la ONG.
La Federación Médica Venezolana, por su parte, calificó el proceso de vacunación de las últimas semanas como “un desastre y una calamidad”.
Su presidente, Douglas León Natera, consideró que las cifras oficiales son parte de “una caja negra manipulada desde Miraflores”, sede del poder ejecutivo.
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