![El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, habla en la sesión de clausura de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en Caracas, el 18 de diciembre de 2020. [Foto: Reuters].](https://gdb.voanews.com/a1fc11fe-94c6-406f-8038-93b537eafcf9_w250_r1_s.jpg)
La toma de control de la Asamblea Nacional venezolana por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro agrava la crisis institucional del país hasta dejarla en un punto muerto, con la urgencia de una negociación política, opinan analistas.
Este martes, se instalará en el Palacio Federal Legislativo de Caracas la nueva Asamblea Nacional, electa en diciembre pasado en unas votaciones desconocidas por la mayoría de los gobiernos de América y Europa.
Esos comicios, en los que no participaron 37 partidos de la oposición venezolana, arrojaron resultados abrumadoramente favorables para el partido de gobierno, el Socialista Unido de Venezuela.
El chavismo ganó al menos 253 de las 277 diputaciones del poder legislativo nacional en juego el mes pasado.
Así, las fuerzas políticas leales al gobierno en disputa de Nicolás Maduro controlarán la mayoría absoluta de la nueva Asamblea: podrán aprobar leyes ordinarias, gestionar votos de censura a funcionarios públicos, decretar amnistías, hacer enmiendas a la Constitución nacional, autorizar créditos adicionales, o escoger a miembros del resto de los poderes públicos nacionales.
La oposición, encabezada por quien desde enero de 2019 es considerado como presidente interino, Juan Guaidó, argumenta que el Parlamento electo en 2015 debe seguir en funciones hasta que haya una votación justa y democrática.
Un reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia declaró “írrita y carente de validez y eficacia jurídica” toda actuación de los diputados de la AN de 2015.
La instalación del Parlamento votado en diciembre pasado refleja una “situación institucional más grave” para Venezuela y evidencia que el juego político está “trancado”, de acuerdo con el abogado y analista político, Juan Manuel Rafalli.
A su entender, la respuesta a la interrogante de quién ejercerá las competencias legislativas en Venezuela ya no depende de los dichos de la oposición, las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ni de la Constitución, incluso.
“Se ha roto el contrato social, el compromiso de la sociedad con unos principios fundamentales con la democracia. La sociedad no se ha concitado en torno a una elección válida. Es un drama. La solución es que haya un acuerdo nacional integral sobre la base de reconstruir el sufragio”, dice Rafalli a la Voz de América.
Poderes estancados
El también profesor universitario advierte que el factor legitimador del ejercicio del poder público, el sufragio, “se ha degradado”. Ello, sumado a las explicaciones jurídicas “muy complicadas” sobre la continuidad del Parlamento de 2015, genera una anormalidad en el funcionamiento de los poderes, opina.
Rafalli valora que Venezuela ha experimentado “un proceso de desinstitucionalización” de varias etapas. Una de ellas se materializa hoy con la instalación de un Parlamento considerado como ilegítimo de origen por una buena parte de la sociedad venezolana y por decenas de gobiernos.
“Es de nuevo agudizar lo que venía ocurriendo y extenderlo hacia otro poder público. Estamos ante el ejercicio material y fáctico del poder, pero no ante una legitimidad de origen producto de la voluntad popular”, explica.
Los seguidores de Maduro y sus detractores se enfrentan desde hace dos años en medio de un enrevesado inventario institucional que incluye a dos presidentes (Maduro y Guaidó), igual cantidad de Tribunales Supremos de Justicia (uno en el exilio), fiscales generales, cancilleres y, desde este martes, de Asambleas Nacionales.
Guaidó defendió hace días la tesis de la continuidad del Parlamento de 2015 “hasta ver celebradas elecciones libres en Venezuela”. Maduro, por su lado, ha calificado esa estrategia como una “estupidez” que debe ser penada.
Jorge Rodríguez, exvicepresidente y ministro de Comunicación de Maduro, presidirá el nuevo Parlamento. Diosdado Cabello, valorado como el segundo hombre fuerte del chavismo, también electo en diciembre, será jefe de la bancada legislativa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa nueva Asamblea Nacional tendrá una vigencia de cinco años, según la Constitución.
Un nuevo escenario
Giulio Cellini, abogado, analista de asuntos de política exterior y asesor de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de 2015, admite pragmáticamente que el chavismo retoma esta semana el control legislativo y que la oposición “ha sido despojada materialmente” de esas competencias.
Augura que esa Asamblea Nacional de mayoría madurista podría hallar espacios de interlocución con la comunidad internacional, posiblemente en nuevos intentos de negociaciones que destraben el tablero político.
“La oposición está despojada de un revestimiento institucional, que es muy necesario. Pierde el control del único órgano legítimo que tenía en su poder. Es una gran pérdida, que deja a la oposición desorientada”, analiza.
Cellini entiende que quienes enfrentan a Maduro deberán redimensionar su estrategia, más allá de la mera continuidad del Parlamento saliente, para alinearse con las voces de grupos influyentes de la sociedad venezolana, como la Iglesia, los empresarios, los gremios profesionales y las universidades.
Estima que el ascenso de un nuevo poder legislativo abra la puerta a una negociación donde el norte no será la salida de Maduro per se, sino la concreción de un proceso gradual de condiciones para una votación limpia y, además, de una transición económica necesaria para los venezolanos.
Rafalli, por su parte, observa que el gobierno no podrá imponer para siempre su “posición de fuerza” en poderes como el legislativo o el ejecutivo.
“El juego está trancado. La única manera de salir de esto es que tirios y troyanos se reencuentren con un acuerdo claro, que privilegie el sufragio”, concluye.
