Aunque Costa Rica ha sido uno de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra la COVID-19, la realidad sobre el acceso a la vacuna no es igual para los inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con el informe, ¨Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Costa Rica¨ de la Organización de Estados Americanos (OEA), más de 40.000 ciudadanos de origen venezolano habitan en territorio tico.
Pero se calcula que un poco más de 4.000 viven a las sombras del sistema nacional de inmigración, por lo que no forman parte del esquema de vacunación como es el caso de Víctor Lezcano.
“La verdad excluido porque hasta donde sé la salud debería ser para todos, no debería importar si tal vez es venezolano, cubano, hondureño o de cualquier país”, confiesa este venezolano de 19 años al enterarse que, de momento, está fuera del plan de vacunación de cinco grupos que se ejecuta en esa nación centroamericana.
Víctor, quien llegó a Costa Rica hace una década y estudia diseño gráfico dice que le teme a la pandemia, sobre todo por no tener estatus legal.
“Me da miedo que me dé COVID-19, contagiar a algunos de mis familiares o digamos si me da, que cuando vaya al hospital me traten la enfermedad y cuando me cure, me digan que me tienen que deportar del país”, explica con temor este joven cuyo sueño es contar con una cédula de identidad y ayudar a su mamá.
El temor de Víctor es compartido por al menos 4.500 venezolanos que se encuentran en situación irregular, según el más reciente censo de la organización Comunidad Unida Pro Ayuda al Migrante, (CUPAM). Para el abogado de inmigración, Eduardo Flores, la situación de estos ciudadanos es preocupante.
“Estamos en una situación sin atención. Aquí nadie se ha preocupado por la diáspora venezolana, los que están en un limbo migratorio, que no tienen trámite o han sido rechazados (…) porqué aún no he visto a ningún organismo multilateral, ni a la representación diplomática del presidente Guaidó llamar a la diáspora para la aplicación de la vacuna”, denuncia Flores, quien cuenta con la nacionalidad venezolana y costarricense.
A pesar de este panorama, desde el Gobierno costarricense afirman que están intentando cambiar este escenario para los migrantes que viven en este país centroamericano.
“Hemos conseguido cooperación internacional también para estas personas. Recientemente formalizamos una cooperación que está enfocada a vacunar a personas migrantes exclusivamente”, explica el viceministro de Gobernación, Carlos Torres.
Pero, organizaciones defensoras de la comunidad venezolana aseguran que al ser Costa Rica uno de los países que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la solución podría venir de los esfuerzos diplomáticos del líder opositor para ubicar a los venezolanos en cada territorio.
“Ahí sí viene a jugar Guaidó un papel importante, y decirles; "embajadores míos, ustedes, como tienen toda la data de todos los venezolanos y tienen el censo, empiecen a convocarlos para poner la vacuna"”, explicó el abogado Torres.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, en Costa Rica estaban registrados un total de 12.480 venezolanos, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería.
Estos números podrían variar, ya que recientemente se implementó un plan para regularizar a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que arribaron al país entre el 1º de enero de 2016 y el 18 de marzo de 2020. Un plan en el cual quedaron excluidos los venezolanos que arribaron antes de ese periodo, como Víctor Lezcano, lo que ha provocado que hoy él esté en un limbo inmigratorio.
