El cierre temporal de un canal digital, otra clausura por unos días de un diario en el interior del país y ataques a un portal web hicieron que la prensa venezolana, en vez de comunicarlas, pasaran a ser parte de las noticias la primera semana del año.
“Nunca, creo, que pensamos que la situación iba a tener las dimisiones que cobró”, afirmó a la Voz de América Antonieta La Rocca, reportera y ancla de VPI.
El canal digital de noticias en vivo con corresponsalía en Venezuela Venezolanos por la Información (VPI) recibió el viernes (8 de enero) una visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), ambos órganos del gobierno en disputa.
El operativo resultó en “la incautación de la totalidad de los equipos, clausura del estudio y la oficina de redacción”, explica en un comunicado el medio, con sede principal en EE. UU. y quien por cinco años transmitió lo que ocurría en la nación suramericana y el mundo.
Esto, agregan en el texto publicado el domingo (10 de enero), “nos obliga momentáneamente a un cese de nuestras operaciones en la ciudad de Caracas y en toda Venezuela”.
La Rocca tenía un recientemente estrenado programa matutino de actualidad llamado ‘Buenos días’, donde, según ella misma explica, se ponía en contexto lo que sucede en Venezuela y el mundo, con entrevistas de profundidad.
“Luego del programa, a eso de las 12.30 p.m. más o menos, recibimos una llamada advirtiéndonos que una comisión del Seniat había llegado a la sede de los Dos Caminos, donde anteriormente funcionaban nuestros estudios”, explicó la periodista.
Dos horas después, a las 2:55 p.m., la comisión llega a la segunda sede donde estaban La Rocca y el equipo, donde no tenían ni un mes.
“Era un ambiente desconcertante, porque no entendíamos qué estaba pasando. (Los funcionarios) empezaron hacer pregunta de cómo funcionamos, cómo salíamos en vivo”, comentó la reportera.
En el medio del operativo, La Roca recuerda que escuchó el momento cuando una de las funcionarias dijo: Empiecen a cargar con todo.
“Cuando se llevaban los equipos yo no pensaba en lo material. Para mí que se llevaran un equipo de transmisión, una cámara, un micrófono, una computadora, era sinónimo de perder información periodística muy valiosa. Que se llevaran los micrófonos que le ponemos a la gente más vulnerable en la calle”, explicó la periodista.
El canal comenta en su comunicado que están indagando las razones de la incautación de sus equipos y que adelantan “gestiones dirigidas a recuperar nuestros implementos básicos de trabajo que son fundamentales para la reanudación de las operaciones en Venezuela”.
“Yo no siento que perdí el estudio de Buenos Días y el estatus que te puede dar, digamos, ser presentadora de un espacio televisivo. Siento que perdí la calle. Siento que esa señora que no tienen alimentar a su chamo, pues, perdió un micrófono. Perdió un espacio de denuncia. Nosotros perdimos una ventana informativa importante”, para la audiencia nacional e internacional, lamentó La Roca.
“Es un momento difícil”
Lorena Bornacelly, corresponsal del fronterizo estado Táchira de VPI, comenta a la VOA que ese viernes, después de realizar sus labores del día, tuvo un aviso inicial de lo que pasaba, pero no fue sino hasta entrada la noche que tuvo certeza de lo que había ocurrido.
“Se trata de un trabajo con el que he estado por tres años y medio. Un canal que he visto crecer. Yo fui la primera corresponsal que tuvo VPI, a nivel nacional (…) Siento que me ha acompañado cada pequeño logro, cada pequeño paso, cada momento de crecimiento. Entonces, ver como de un día para otro se desmorona es difícil. Hacerlo a la distancia también lo hace más difícil”, expuso Bornacelly.
La comunicadora social señaló que por encima de los equipos, estaba la preocupación su compañeros en Caracas.
“Es un momento difícil porque era mi decisión, siento que eso es lo que más me entristece y me molesta de todo. Simplemente decidieron que ya VPI no podía seguir trabajando en Venezuela”, comentó Bornacelly.
La Roca y Bornacelly concuerdan en señalar que si bien, en el caso de una cuenta con su apoyo de familiares y la otra con otro trabajo, compañeros de ellas que dependían de este ingreso o vivieron otros cierres, como el de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007, se preguntan: ¿Y ahora qué?
Censura digital
El Seniat también clausuró por cinco días la sede del diario Panorama por presunto incumplimiento de sus “deberes formales de las leyes tributarias”. La medida, también notificada la tarde del viernes pasado, estará vigente hasta el martes 12 de enero.
El periódico, con sede en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, había dejado de circular en mayo de 2019 alegando insuficiencia de materia prima para imprimir sus ediciones impresas. Permanece activo solo en su versión digital.
El medio rechazó su clausura temporal al recordar en un comunicado que el “deber de informar” está exento de ese tipo de sanciones hasta en casos de excepción o de suspensión de garantías constitucionales.
“Esta casa editorial se mantiene firme en su compromiso de honrar el derecho de informar que conlleva a otro derecho inalienable, el de la ciudadanía de estar informada”, manifestó el diario, que, dijo además, seguiría siendo “una ventana para todas las corrientes de pensamiento político, sin sesgos ideológicos”.
El diario digital venezolano Tal Cual, fundado por el periodista y político de izquierda Teodoro Petkoff, un notorio crítico del chavismo, hoy fallecido, sufrió “ataques” a su página a las 2:33 de la tarde del viernes pasado, justo cuando se conocía de los procedimientos administrativos en VPI TV y Panorama.
Víctor Amaya, su editor jefe, contó a VOA Noticias que los ataques afectaron el funcionamiento regular del periódico durante cuatro horas.
“Comenzó teniendo una inusual cantidad de solicitudes al servidor de la página, lo que se llama un ataque de DDOS, de denegación de servicio, que busca estresar al servidor para que el portal finalmente se caiga”, detalló.
Para Amaya, el ataque convirtió a Tal Cual en “una foto vieja”, que no podía actualizarse durante horas. “Las notas ya estaban disponibles para leer, aunque no podíamos actualizar. Es un ataque a la libertad de expresión. Pareciera no ser casual, pues ocurrió al mismo momento en que ocurrían otros eventos similares en consecuencia, aunque no en metodología”, indicó.
Un año “complicado"
Espacio Público, una asociación civil sin fines de lucro que defiende los derechos de la libertad de expresión y prensa en Venezuela, observa que los “ataques” del gobierno en disputa de Nicolás Maduro se han centrado en los últimos tiempos en medios que evolucionaron hacia plataformas digitales.
Carlos Correa, su director, estima que la censura oficial se enfoca en medios independientes que ofrecen información distinta a “la campaña de propaganda” que favorece al chavismo desde distintas vías de comunicación.
“Enero nunca ha sido un mes necesariamente plácido para la prensa en Venezuela. Observamos la continuidad o reafirmación de un patrón que básicamente ataca a plataformas digitales. Ahí es donde están los espacios de libertad” en el país, expone el vocero en entrevista con la VOA.
Según Espacio Público, 221 medios de comunicación han cerrado en Venezuela entre 2004 y 2018 por algún tipo de censura oficial: 138 emisoras de radio; 13 canales de televisión; y 70 periódicos que ya no circulan de manera impresa.
VPI advierte que el proceso sancionatorio en su contra pone en riesgo “el sustento de más de cien venezolanos”
“Así como llevamos años teniendo un periodismo muy complicado, muy difícil, el año 2021 nos deja ver que no va ser la diferencia. Esto que sucedió solamente nos hace reflexionar la indefensión en la que estamos”, vaticina Bornacelly sobre el año que apenas comienza.
Por su parte, La Roca asegura que el precedente que marca el cierre de VPI es “negro” y "oscura" y habla de cómo va ser el año 2021 para la prensa venezolana. Sin embargo, no duda en señalar que pronto “nos seguirán escuchando”.
“Aunque ahorita estamos tumbados, nos sentimos derrotados, va llegar al día cuando nos limpiemos las rodillas y avanzaremos porque el país necesita voces que no sean calladas”, apuntó la periodista.
Lucha por los derechos
El gremio periodístico venezolano reaccionó con preocupación y frustración ante las situaciones vividas por VPI, Panorama y Tal Cual. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa consideró que los hechos constituyen una censura oficial y la violación del derecho al trabajo de los empleados de esos medios.
James Story, confirmado a finales del año pasado por el Senado de Estados Unidos como embajador ante el gobierno de Venezuela, condenó la “arremetida” del madurismo a través de la cuenta de su oficina en Twitter.
El diplomático incluyó una crítica al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por iniciar una campaña pública de desprestigio contra la prensa independiente.
“Condenamos enérgicamente la arremetida de Conatel y Seniat contra VPI y Panorama, y los ataques cibernéticos contra el diario Tal Cual, mientras medios comprados por el chavismo emprenden una campaña de desprestigio contra los medios independientes”, escribió Story, quien añadió la etiqueta #InformarNoEsDelito a su breve comunicado.
Su mensaje hizo referencia tácita a medios como Radio Fe y Alegría y Efecto Cocuyo, que han sido acusados por el chavismo en días recientes de recibir fondos del Reino Unido para presuntamente atacar al proyecto político oficial.
El gobierno del Reino Unido respondió a esas acusaciones reivindicando su compromiso con la libertad de expresión como un pilar de la democracia.
“La libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia. Protegerla en todas partes del mundo es una prioridad para el Reino Unido”, apuntó un comunicado de la embajada británica en Caracas.
En el texto, menciona que el gobierno británico ha impulsados “diversos proyectos de cooperación con varias organizaciones independientes” para apoyar la mejora de las capacidades de los periodistas venezolanos”.
También, advierte que todo proyecto apoyados por la embajada en la capital venezolana es de conocimiento público y puede consultarse en las páginas web oficiales del gobierno británico.
