“El que maneja la justicia de Venezuela es el vicepresidente”, dijo en una entrevista con el canal de televisión Soi TV de Miami el magistrado de la Corte Suprema venezolana, Eladio Aponte.
El juez también afirmó que la orden de no liberar a los presos políticos en Venezuela “viene de la presidencia para abajo".
"No nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente” Hugo Chávez, aseguró.
La entrevista fue grabada a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos el pasado martes 17 de abril, según informó el canal de televisión, sin embargo no se dieron más detalles sobre a dónde fue llevado Aponte y la agencia antidrogas de Estados Unidos no realizó comentarios.
El magistrado venezolano de 63 años abandonó su país hace dos semanas, tras una audiencia sobre ética de la Asamblea Nacional que lo removió de su cargo como vicepresidente del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal de Apelaciones.
Aponte se refugió en Costa Rica, donde estuvo en contacto con la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según funcionarios locales.
El canciller Nicolás Maduro desestimó las declaraciones realizadas por Aponte y aseguró este jueves que en su caso se tomaron decisiones "ajustadas a derecho" lo que, a su juicio, "demuestra que en Venezuela a cualquier nivel del poder, funcionan las leyes".
Recordó que el magistrado tiene una causa abierta y es prófugo de la justicia. "Aponte Aponte es un hombre absolutamente desprestigiado (...) Le ha vendido el alma al diablo", dijo.
Manipulación
En la entrevista, el juez Aponte responde a las acusaciones del gobierno de Chávez afirmando que, en Venezuela, el poder ejecutivo ejerce una manipulación sistemática de los tribunales y aseguró que se llega a interferir en casos de drogas.
Al respecto, Aponte afirmó que la interferencia es “suficiente y a todos los niveles; mucha manipulación, le dije ahí no sale una decisión sino se consulta. Últimamente los tribunales penales antes de cualquier decisión tienen que consultarlo".
Aponte explicó que, todos los viernes, el vicepresidente Elías Jaua recibe a la presidenta del Tribunal Supremo, a la fiscal general, la contralora general, el presidente de la Asamblea Nacional y la procuradora general, e incluso "una que otra vez, uno de los jefes de los cuerpos policiales", para promover “la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia de Venezuela", afirmó.
Analizan denuncia
En Venezuela el oficialismo se apresuró a responder a los cuestionamientos de Aponte. El diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez, Robert Serra, dijo que la oposición intenta convertir a un magistrado desacreditado en una celebridad.
El gobierno de Estados Unidos analiza en particular las acusaciones de Aponte relacionadas con el narcotráfico y no se descarta que si los señalamientos de corrupción se comprueban, puedan llevar a la presentación de cargos formales contra autoridades funcionarios venezolanos de alto rango, informa Reuters.
El caso de Aponte gana relevancia, porque en caso de que el juez concrete una colaboración con la DEA, se convertiría en el funcionario de más alto rango de las estructuras del poder en Venezuela, en este caso el Poder Legislativo, que podría presentar su testimonio en relación a los casos de corrupción que han sido denunciados reiteradamente contra el gobierno de Chávez.
El oficialismo venezolano teme que en un año electoral, un testimonio de tal magnitud pueda afectar aún más la imagen internacional de Venezuela, a cuyo gobierno Estados Unidos acusa de no prestar suficiente atención a la lucha contra el narcotráfico, un tema que fue central en la última Cumbre de las Américas.
El propio Chávez se preocupó por desacreditar a Aponte, una táctica que el mandatario usa en forma reiterada para quitar credibilidad a sus críticos. "Es bueno decir que es prófugo de la justicia venezolana” dijo Chávez.
Otras acusaciones
El diario El Nuevo Herald, de Miami, citó el miércoles 18 de abril a una fuente, según la cual, el ex magistrado y coronel retirado Eladio Aponte ha implicado a altos oficiales de las Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y funcionarios del gobierno del presidente Chávez en operaciones de tráfico de drogas.
De acuerdo con la fuente, Aponte “declaró que éstas (operaciones) son dirigidas directamente por el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional)”.
Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional en Venezuela y el 21 de marzo pasado el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión. Luego el ex magistrado viajó a República Dominicana, Panamá y Costa Rica antes de ser traído a EE.UU.
Los dos generales mencionados por el ex juez, Rangel Silva y Alcalá, ya habían sido señalados previamente por Estados Unidos por sus presuntos nexos con grupos terroristas como la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y también con el narcotráfico.
Al magistrado se le separó del cargo tras acusársele de vínculos con Walid Makled, identificado por Estados Unidos como un capo de la droga actualmente juzgado en Caracas tras ser extraditado por Colombia después de que el gobierno venezolano hizo lo indecible para evitar que cayera en manos de la justicia estadounidense.
El juez también afirmó que la orden de no liberar a los presos políticos en Venezuela “viene de la presidencia para abajo".
"No nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si no lo aprueba el presidente” Hugo Chávez, aseguró.
La entrevista fue grabada a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos el pasado martes 17 de abril, según informó el canal de televisión, sin embargo no se dieron más detalles sobre a dónde fue llevado Aponte y la agencia antidrogas de Estados Unidos no realizó comentarios.
El magistrado venezolano de 63 años abandonó su país hace dos semanas, tras una audiencia sobre ética de la Asamblea Nacional que lo removió de su cargo como vicepresidente del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal de Apelaciones.
Aponte se refugió en Costa Rica, donde estuvo en contacto con la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según funcionarios locales.
El canciller Nicolás Maduro desestimó las declaraciones realizadas por Aponte y aseguró este jueves que en su caso se tomaron decisiones "ajustadas a derecho" lo que, a su juicio, "demuestra que en Venezuela a cualquier nivel del poder, funcionan las leyes".
Recordó que el magistrado tiene una causa abierta y es prófugo de la justicia. "Aponte Aponte es un hombre absolutamente desprestigiado (...) Le ha vendido el alma al diablo", dijo.
Manipulación
En la entrevista, el juez Aponte responde a las acusaciones del gobierno de Chávez afirmando que, en Venezuela, el poder ejecutivo ejerce una manipulación sistemática de los tribunales y aseguró que se llega a interferir en casos de drogas.
Al respecto, Aponte afirmó que la interferencia es “suficiente y a todos los niveles; mucha manipulación, le dije ahí no sale una decisión sino se consulta. Últimamente los tribunales penales antes de cualquier decisión tienen que consultarlo".
Aponte explicó que, todos los viernes, el vicepresidente Elías Jaua recibe a la presidenta del Tribunal Supremo, a la fiscal general, la contralora general, el presidente de la Asamblea Nacional y la procuradora general, e incluso "una que otra vez, uno de los jefes de los cuerpos policiales", para promover “la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia de Venezuela", afirmó.
Analizan denuncia
En Venezuela el oficialismo se apresuró a responder a los cuestionamientos de Aponte. El diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez, Robert Serra, dijo que la oposición intenta convertir a un magistrado desacreditado en una celebridad.
El gobierno de Estados Unidos analiza en particular las acusaciones de Aponte relacionadas con el narcotráfico y no se descarta que si los señalamientos de corrupción se comprueban, puedan llevar a la presentación de cargos formales contra autoridades funcionarios venezolanos de alto rango, informa Reuters.
El caso de Aponte gana relevancia, porque en caso de que el juez concrete una colaboración con la DEA, se convertiría en el funcionario de más alto rango de las estructuras del poder en Venezuela, en este caso el Poder Legislativo, que podría presentar su testimonio en relación a los casos de corrupción que han sido denunciados reiteradamente contra el gobierno de Chávez.
El oficialismo venezolano teme que en un año electoral, un testimonio de tal magnitud pueda afectar aún más la imagen internacional de Venezuela, a cuyo gobierno Estados Unidos acusa de no prestar suficiente atención a la lucha contra el narcotráfico, un tema que fue central en la última Cumbre de las Américas.
El propio Chávez se preocupó por desacreditar a Aponte, una táctica que el mandatario usa en forma reiterada para quitar credibilidad a sus críticos. "Es bueno decir que es prófugo de la justicia venezolana” dijo Chávez.
Otras acusaciones
El diario El Nuevo Herald, de Miami, citó el miércoles 18 de abril a una fuente, según la cual, el ex magistrado y coronel retirado Eladio Aponte ha implicado a altos oficiales de las Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y funcionarios del gobierno del presidente Chávez en operaciones de tráfico de drogas.
De acuerdo con la fuente, Aponte “declaró que éstas (operaciones) son dirigidas directamente por el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional)”.
Aponte fue destituido de su cargo por la Asamblea Nacional en Venezuela y el 21 de marzo pasado el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión. Luego el ex magistrado viajó a República Dominicana, Panamá y Costa Rica antes de ser traído a EE.UU.
Los dos generales mencionados por el ex juez, Rangel Silva y Alcalá, ya habían sido señalados previamente por Estados Unidos por sus presuntos nexos con grupos terroristas como la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y también con el narcotráfico.
Al magistrado se le separó del cargo tras acusársele de vínculos con Walid Makled, identificado por Estados Unidos como un capo de la droga actualmente juzgado en Caracas tras ser extraditado por Colombia después de que el gobierno venezolano hizo lo indecible para evitar que cayera en manos de la justicia estadounidense.
