El juicio en EE.UU. sobre los bonos Pdvsa 2020 llegó a un punto decisivo el viernes 16 de octubre cuando la jueza que lleva el caso determinó que eran “válidos y exigibles”, a pesar de los argumentos del demandante: el gobierno en disputa de Venezuela.
El gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, argumenta que la emisión de estos bonos poniendo como colateral el 50.1% de las acciones de CITGO, la filial de la estatal petrolera en EE.UU., es “fraudulenta” porque esta condición no fue aprobada por el Parlamento.
En octubre de 2019 decidieron no pagar cerca de mil millones que correspondía para el momento y la Junta Administradora ad hoc de PDVSA introdujo una demanda, cuestionando la validez de los bonos.
Jesús Palacios, economista, profesor y socio de la firma LOG Consultancy, explicó a la VOA que en la sentencia, la jueza determinó que a pesar de que las pruebas presentadas sobre la ley venezolana “resultaban muy convincentes, al final la corte determinaba que no tenía capacidad, estando en Nueva York, de juzgar si la ley venezolana se estaba aplicando o no, pero que sí cumplía con los requerimientos de la ley de Nueva York”.
Por su parte, Russ Dallen, socio director de Caracas Capital, explicó a la VOA que en el fallo de 68 páginas, la jueza federal del distrito sur de Nueva York, Katherine Failla, encontró que los bonos son legales y que aunque la Asamblea Nacional ha pasado algunas resoluciones cuestionando su legitimidad, no los invalidó.
“[La Asamblea Nacional] pasó resoluciones, pero no dijeron nunca específicamente que los bonos de PDVSA 2020 eran ilegales como un contrato de interés nacional” dijo Dallen.
En la decisión, Failla escribe: "la resolución de mayo del 2016 no efectúa una invalidación de los bonos o los documentos rectores porque, según el lenguaje usado, no aplica esos contratos”.
El gobierno interino de Venezuela reaccionó el mismo viernes indicando a través de un comunicado que esta “decisión parcial” es consecuencia de las “políticas irresponsables de endeudamiento del régimen de Nicolás Maduro”.
La calificaron de “injusta” y adelantaron que apoyan al equipo legal en “la realización de las evaluaciones necesarias para considerar todas las opciones legales, incluyendo la apelación”.
A pesar de este fallo, Palacios afirma que “esta historia no se ha acabado”, recordando la licencia emitida el año pasado por el Departamento del Tesoro limitando la capacidad de los tenedores de bonos de tomar la garantía, en este caso, la mayoría de las acciones de CITGO.
Ya se han hecho unas cuatro extensiones, todas por 90 días, y la última fue realizada este mismo mes y se vence el 19 de enero de 2021, un día antes de la toma de posesión del candidato electo en las elecciones presidenciales de EE.UU. de este 3 de noviembre.
“Esto es un tema que en el fondo no se trata solamente de apoyar al gobierno interino de Venezuela, a (Juan) Guaidó, sino también Wall Street que está detrás de los bonos venezolanos y que hay inversionistas de todo tipo y grandes fondos institucionales detrás de este bono, que también presionan”, señala el economista.
Giulio Cellini Ramos, abogado, profesor de derecho internacional, director de la firma LOG Consultancy, concuerda con Palacios al señalar que con la victoria del exvicepresidente Joe Biden el panorama quizás no es “tan claro”.
Sin embargo, destaca que el reconocimiento a Guaidó no está “no está en discusión” y considera que “no va haber un cambio con respecto a Guaidó. O por lo menos el reconocimiento a las instituciones legítimas, como es la Asamblea Nacional”.
“No lo veo como una pérdida para Guaidó, sino más bien una pérdida para el país”, indica Cellini.
El gobierno en disputa anunció a mediados del mes pasado una oferta condicionada para quienes tengan una serie de bonos de la República, incluídos estatales como Pdvsa.
Reconocieron que requerirán un permiso o licencia para poder efectuar la renegociación, pero que lo hacen para que "los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en Estados Unidos".
¿Qué ocurre ahora?
Palacios asegura que este proceso resultó “costoso”, no solo por los gastos legales, sino también por la imagen que se da con los inversionistas, decidiendo proceder a un juicio en vez de buscar reestructuración integral de la deuda.
El economista indica que, a pesar de ello, "cualquier administración que cuenta con el apoyo férreo de Estados Unidos, las naciones occidentales, al final va a tener cercanía con el mercado”.
“Que al principio los costos de financiamiento sean altos, es decir, así tengamos que pagar cupones elevados para que eso se iguale con el riesgo que están asumiendo los inversionistas, es probable que sí, pero los mercados no van a estar cerrados por esto qué pasó”, agregó.
Espera que todavía se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, recordó que también hay empresas, como ConocoPhillips y Cristallex, que tienen demandas abiertas en busca de los activos venezolanos fuera del país.
Mientras tanto, Cellini apunta que “serían útil” que las negociaciones con los bonistas se produzcan.
“Todos los esfuerzos que se puedan hacer para salvaguardar los activos de la nación han de realizarse, sobretodo con estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico”, indica.
Sobre este tema, en su comunicado, el gobierno interino reitera su intención de cumplir con las obligaciones del Estado venezolano “legítimamente contraídas con aval de la Asamblea Nacional”.
Sin embargo, apuntan que para ello es necesario “una evaluación y reestructuración organizada de deuda u obligaciones contraídas, conjuntamente con las contrapartes, lo cual será posible tras una transición democrática”.
