Al cabo de cuatro semanas de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela el precio pagado en sangre por el país no parece importarle mucho al presidente Nicolás Maduro, quien alega que las protestas populares son parte de una “conspiración” contra su gobierno.
Las protestas, inflamadas originalmente por estudiantes contra la falta de libertades, la inseguridad ciudadana, la injerencia de Cuba, y la galopante escasez de artículos básicos en el país, han dejado como saldo hasta ahora al menos 21 muertos, y centenares de heridos y detenidos.
A pesar de la represión, estudiantes y opositores siguen colmando las calles en demanda de un cambio político en el país, mientras Maduro busca desviar la atención internacional y ha acusado a EE.UU. y otros países “lacayos” de instigar las protestas para derrocar a su gobierno.
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, dijo al diario chileno El Mercurio que la situación de Venezuela “era alarmante” y que le recordaba épocas pasadas en las que las dictaduras utilizaron en América Latina como medio de gobierno “la violencia y la agresión”.
Pero organismos hemisféricos como la Organización de Estados Americanos han logrado hacer bien poco después de que la semana pasada Venezuela bloqueó una moción presentada por Panamá para que la OEA tomara cartas en la crisis.
Con el voto en contra de EE.UU., Canadá y Panamá, pero mayoritario de los países de la Comunidad del Caribe, que reciben petróleo barato de Caracas, y del bloque del ALBA, integrado por aliados de Venezuela, el consejo permanente de la OEA aprobó una resolución favorable a Maduro que ignora los reclamos de la oposición.
Desde que surgieron las primeras denuncias en su contra, Venezuela buscó que la convulsa situación nacional fuera discutida en foros que le fuesen solidarios, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que este miércoles reúne en Santiago de Chile a sus cancilleres.
De antemano se prevé que países miembros de UNASUR como Bolivia, Ecuador y Argentina den su respaldo al gobierno de Venezuela, aun cuando el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, dijo el lunes haber recibido denuncias creíbles de torturas contra manifestantes en ese país.
El alto funcionario de la ONU también condenó la víspera el encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. “El hecho de organizar una manifestación pacífica no es razón para detenerlo, menos en una prisión militar y menos en régimen de aislamiento”, dijo.
Maduro llamó a un diálogo nacional que excluye a sus críticos, y si algo queda claro a la luz de las protestas en Venezuela es que un presidente puede ganar las elecciones con la mitad de los votos, pero luego desde el poder no puede desconocer la opinión de la otra mitad.
Las protestas, inflamadas originalmente por estudiantes contra la falta de libertades, la inseguridad ciudadana, la injerencia de Cuba, y la galopante escasez de artículos básicos en el país, han dejado como saldo hasta ahora al menos 21 muertos, y centenares de heridos y detenidos.
A pesar de la represión, estudiantes y opositores siguen colmando las calles en demanda de un cambio político en el país, mientras Maduro busca desviar la atención internacional y ha acusado a EE.UU. y otros países “lacayos” de instigar las protestas para derrocar a su gobierno.
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, dijo al diario chileno El Mercurio que la situación de Venezuela “era alarmante” y que le recordaba épocas pasadas en las que las dictaduras utilizaron en América Latina como medio de gobierno “la violencia y la agresión”.
Pero organismos hemisféricos como la Organización de Estados Americanos han logrado hacer bien poco después de que la semana pasada Venezuela bloqueó una moción presentada por Panamá para que la OEA tomara cartas en la crisis.
Con el voto en contra de EE.UU., Canadá y Panamá, pero mayoritario de los países de la Comunidad del Caribe, que reciben petróleo barato de Caracas, y del bloque del ALBA, integrado por aliados de Venezuela, el consejo permanente de la OEA aprobó una resolución favorable a Maduro que ignora los reclamos de la oposición.
Desde que surgieron las primeras denuncias en su contra, Venezuela buscó que la convulsa situación nacional fuera discutida en foros que le fuesen solidarios, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que este miércoles reúne en Santiago de Chile a sus cancilleres.
De antemano se prevé que países miembros de UNASUR como Bolivia, Ecuador y Argentina den su respaldo al gobierno de Venezuela, aun cuando el relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, dijo el lunes haber recibido denuncias creíbles de torturas contra manifestantes en ese país.
El alto funcionario de la ONU también condenó la víspera el encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. “El hecho de organizar una manifestación pacífica no es razón para detenerlo, menos en una prisión militar y menos en régimen de aislamiento”, dijo.
Maduro llamó a un diálogo nacional que excluye a sus críticos, y si algo queda claro a la luz de las protestas en Venezuela es que un presidente puede ganar las elecciones con la mitad de los votos, pero luego desde el poder no puede desconocer la opinión de la otra mitad.
