La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el jueves un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos en el extranjero.
Los legisladores solicitaron a la oficina del Alto Comisionado para la Migración de la ONU, Eduardo Stein, que propicie “esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos” de los migrantes venezolanos en países receptores.
Además, en el texto, el parlamento solicita a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que comisione un equipo de expertos a territorio venezolano “para que evalúen los riesgos de los refugiados que retornan a nuestro país”.
El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de “homogeneizar” las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
“Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros, y yo creo que es muy importante que desde las Naciones Unidas, que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se busque una homogenización de esas políticas de recepción”, expuso Valero.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado “una nueva ola” de venezolanos que subrayó, “huyen” de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU “programas de atención dignos en las fronteras venezolanas”.
“Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tienen que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, Unicef, que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos; son los responsables de este éxodo, son los responsables de la catástrofe humanitaria que vive nuestro país”, insistió.
Arellano también resaltó que es necesario abrir los pasos oficiales para evitar el tránsito por pasos ilegales, para evitar “la extorsión del ELN, de las FARC y de estas mafias de Maduro, que oprimen, esclavizan, extorsionan a los hermanos”.
Desde marzo, a consecuencia de las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19 y perder fuentes de empleo o ser desalojados de las viviendas que alquilaban en otros países, más de 100.000 venezolanos retornaron a Venezuela, muchos de ellos a través de pasos fronterizos ilegales conocidos como “trochas” que, en muchos casos, son controlados por organizaciones criminales.
Diversas ONG defensoras de derechos humanos y el gobierno interino de Juan Guaidó han señalado al gobierno en disputa de criminalizar y estigmatizar a los venezolanos retornados.
El domingo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dijo que Venezuela es el único país del mundo “que está recibiendo migración en reversa”.
