A un año de ejercer como alcalde de la ciudad de Riohacha, capital de la Guajira ubicada en el norte de Colombia, el señor José Ramiro Bermúdez Cotes indica que su ciudad, la que él representa se ha convertido en una ciudad receptora tras ser una ciudad de paso. “Eso quiere decir que hay una ciudad dentro de la otra. Eso nos obliga a que tengamos que trabajar más, porque con los mismos recursos, con la misma infraestructura que tenemos, tenemos que cubrir una población que ha llegado a quedarse en nuestra ciudad”.
Cotes, se refiere al aumento del número de familias venezolanas, que con el tiempo y la pandemia de la COVID-19 han llegado para quedarse, bajo difíciles condiciones de pobreza, sin vivienda y sin comida.
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“Es nuestra gran preocupación y nuestra apuesta principal poderle garantizar no solamente a los niños venezolanos retornados, sino a los colombianos una atención integral”, indica el alcalde de Riohacha. Al mismo tiempo, hace un llamado a todos los estamentos nacionales e internacionales para que apoyen y así poder garantizar una atención integral a la niñez.
Según cifras de ACNUR la población de refugiados y migrantes venezolanos en La Guajira excede los 155 mil habitantes, el 16% de la población total del departamento. Sin embargo, se estima que la porción podría ser aún mayor debido a la cercanía de las ciudades con la frontera venezolana.
Se estima además que existen 180 cruces informales a lo largo de la frontera, una zona considerada de las más pobres y peligrosas de Colombia y Venezuela.
Con la falta de oportunidades, el aumento en la violencia y el cierre de la frontera, los casos de violencia de género, trata de personas y explotación infantil se acentúan.
“Ha habido un aumento de violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual ya que muchas mujeres quedaron confinadas con sus agresores y tenían menos acceso a la justicia. Muchas de ellas no cuentan con los medios para poder denunciar a través de la virtualidad y también que no podían salir”, así lo afirma Susana Fadallath, de Enlace Institucional de la Mujer, señalando además que la mayoría de las víctimas son jóvenes y niñas.
Por su parte, Migración Colombia que continúa en constante evaluación de las problemáticas alrededor de la frontera con Venezuela, advierte sobre el aumento de tráfico de drogas, criminalidad y redes de trata de personas con fines de explotación sexual.
“Ya del otro lado hacia Venezuela hay una fuerte presencia criminal. Por eso, el llamado que hemos hecho a la población migrante es a no exponerse, a no pasar por los pasos irregulares para no ver comprometida su vida. Sabemos que hay una fuerte presencia del ELN en este caso y lo que no queremos son historias tristes de personas que se expongan, peor aún con sus familias”, indica Juan Francisco Espinosa Palacio, director general de Migración Colombia.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en los primeros cuatro meses de 2020 se reconocieron más víctimas de trata transnacional, un 20% más alto que en años anteriores. La mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres jóvenes, entre los 10 y 30 años.
“Desde el enlace de la mujer hemos conformado el grupo de 90 lideresas comunitarias que actualmente se encuentran evaluando situaciones de riesgo en el municipio, ya sea mujer proveniente de Venezuela o mujeres de acogida, a ellas se les fortalece en el tema de sus derechos para que puedan reconocerse y que tienen derechos”, dijo a VOA Susana Fadallath.
De este modo, organizaciones como ACNUR, Enlace Mujer y Renacer, continúan en estrecha coordinación a través de una ardua labor para prevenir, ayudar y atender las necesidades de los refugiados venezolanos, que con el transcurso del tiempo se han convertido en la población más vulnerable a caer en manos de tratantes de personas y explotadores sexuales.
