La ausencia de servicios consulares en varios países que desconocen al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y que, en su lugar, reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, deja a los venezolanos en el exterior en una situación de “indefensión jurídica”, sostiene una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La investigadora Ligia Bolívar expone que la situación está provocando una “serie de problemas” que impactan negativamente sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos venezolanos y que parte de la posibilidad de contar con una identificación, lo que deja “desprotegidas” a las personas.
Desde hace varios años en Venezuela se ha denunciado que los servicios de identificación funcionan de manera “ineficiente”, lo que ha propiciado el incremento de hechos de corrupción a la hora de tramitar pasaportes, cédulas de identidad, apostillas y otros documentos.
“Desde el momento en el que muchos niños, en el momento en que nacen, no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con el certificado de nacido vivo que se imprime en un papel especial, ese papel está escaseando en Venezuela desde 2018 aproximadamente. Eso hizo que, en ese año, según proyecciones de Cecodap, se estimaba que aproximadamente unos 200.000 niños estaban sin registro”, detalla.
La situación incide en las posibilidades de acceder al sistema educativo, laboral y sanitario en los países receptores.
“Al estar en condición irregular, no pueden acceder a un trabajo formal o se les vence el pasaporte y no tienen dónde estampar una visa y eso les acarrea la perdida de un empleo que ya tenían, lo mismo podemos decir del acceso a la salud”, explica Bolívar.
Pero, además, perjudica a la hora de verse en la necesidad de realizar algún tramite en Venezuela.
“Trámites que muchas personas en el exterior tienen que hacer en Venezuela como, por ejemplo, tener una fe de vida. Lo que tiene que ver con los poderes, de pronto hay personas que dejaron bienes en Venezuela o que tienen que hacer una autorización para algo y no lo pueden hacer porque no hay servicio consular que les certifique ese poder, lo mismo con las licencias de conducir”, agrega.
La especialista en materia de derechos humanos destaca que el informe recomienda a Estados receptores buscar mecanismos para “flexibilizar” la exigencia de requisitos a la población venezolana.
“La principal es que se restablezcan los servicios consulares, el hecho de que no exista relación diplomática no significa necesariamente que tampoco exista relación consular y eso es importante entenderlo. Si tienen diferencias políticas o ideológicas con el Gobierno de Nicolás Maduro están en su derecho de romper relaciones diplomáticas, pero los pueblos no tienen por qué pagar las consecuencias”, destaca.
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