Human Rights Watch (HRW) criticó los fallos recientes por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en virtud de los cuales interviene partidos opositores.
El martes, el supremo venezolanos suspendió la directiva nacional de Voluntad Popular, movimiento político fundado en 2009 por el expreso político y líder Leopoldo López y donde el presidente encargado, Juan Guaidó, militó hasta enero.
“Cuando un poder judicial que responde a Maduro descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos y deja en evidencia que ya no queda ni una fachada de proceso democrático”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, según un comunicado publicado por la ONG.
Magistrados leales al presidente en disputa, Nicolás Maduro, decretaron una medida cautelar que suspendió a la actual directiva del partido y nombró una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario”.
La ONG dice que el organismo "demostró su absoluta falta de independencia al designar a partidarios del gobierno como máximas autoridades de tres partidos políticos opositores y del Consejo Nacional Electoral".
Señaló además que viola "los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación".
El texto indica además que el TSJ designó a José Gregorio Noriega, Guillermo Luces y Lucila Ángela Pacheco al frente de Voluntad Popular. Sobre Noriega, señala que es un diputado "que fue expulsado del partido tras verse implicado en el soborno de otros legisladores para que votaran contra Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional en enero".
La ONG también cuestiona a Luces, alegando que "fue expulsado, luego de votar al oficialista Luis Parra para encabezar la Asamblea Nacional en la misma elección cuestionada". Incluso, la ONG reitera que tanto Parra como Noriega han sido objeto de sanciones recientes de la Unión Europea y de Estados Unidos.
Además del caso del partido Voluntad Popular, HRW calificó de "usurpación" otras dos sentencias emitidas en junio, sobre la intervención que hizo el tribunal a los partidos Acción Democrática y Primero Justicia.
Tras las sentencias, José Brito preside Primero Justicia, quien -relata la ONG- "había sido expulsado del partido en medio de señalamientos de corrupción y que, también, había apoyado la elección de Luis Parra".
"La designación por el tribunal de políticos oficialistas al frente de los partidos opositores de Venezuela constituye una grave afrenta a la posibilidad de las voces disidentes de participar en el proceso electoral y limita de manera injustificable los derechos humanos de sus miembros a la libertad de asociación y expresión", advierte HRW.
Además, indica que el uso logotipos, símbolos y emblemas de los partidos opositores genera "desinformación y engaño en los votantes".
El comunicado de la ONG dice que todos estos actos son una "maniobra" para "copar el poder legislativo con adeptos al gobierno".
"El 1° de julio de 2020, las autoridades venezolanas anunciaron que celebrarían elecciones legislativas el 6 de diciembre para cubrir 277 escaños en la Asamblea Nacional. Esto elevaría en 110 el número total de legisladores, que actualmente es de 167", explicó HRW.
“El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado”, agregó Vivanco.
La ONG advirtió que el TSJ está tramitando la solicitud para "descabezar" el partido opositor Un Nuevo Tiempo, así como declarar a Voluntad Popular como organización terrorista.
HRW dice que el TSJ no analizó los criterios para actuar lícitamente, seleccionó arbitrariamente a miembros oficialistas del Consejo Nacional Electoral, cuando no es de su competencia.
"Desde que el expresidente Hugo Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial de Venezuela ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno", dice la ONG.
Incluso, señala que desde 2012, el TSJ ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores.
Las condiciones, entonces, para que los venezolanos expresen sus opiniones se encuentran afectadas, según HRW, quien reiteró que "hace años que no existe observación internacional independiente de las elecciones venezolanas".
