La ahora ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda anunció que ya había tomado una decisión sobre el examen preliminar en uno de los casos que llevaba sobre Venezuela, pero que debido a acciones tomadas por el Gobierno en la Corte, decidió esperar para hacerla pública y entregarla al nuevo fiscal.
En su mensaje de despedida publicado ayer martes luego de nueve años al mando de la Fiscalía de la Corte, Bensouda explica que ya había llegado a una conclusión en el caso de Venezuela I, centrado en los presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos 2017.
Sin embargo, expone Bensouda, el Gobierno presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la realización de su examen preliminar y debido a ello optó por esperar a la decisión de la Sala antes de hacer algún otro anuncio.
El fiscal venezolano designado por la ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó este fin de semana que desde noviembre del año pasado han entregado a la Corte 10 documentos. En estas comunicaciones, solicitaban “cooperación” por parte de la oficina de la Fiscalía de la Corte y a la Sala de Cuestiones Preliminares una reunión entre las partes.
“Todo que puedo hacer en esta etapa es entregar mi determinación que ha sido completada, junto con la base de la misma, al fiscal entrante para su consideración y decisión final”, apunta Bensouda en el texto haciendo referencia a Karim Khan, quien fue juramentado como nuevo fiscal de la CPI este mismo miércoles.
La Fiscalía de la Corte ya determinó el año pasado que había "una base razonable" para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes dentro de su jurisdicción, en el marco de su examen preliminar de Venezuela I.
Horas antes de conocerse la decisión de Bensouda, el fiscal venezolano informó que habían recibido una resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Sala, a propósito de su solicitud de control judicial, en la que destaca “la incuestionable colaboración” de Venezuela con la Fiscalía de la Corte.
“Esta colaboración ha sido mantenida y reclamada desde el comienzo por el país”, señala Saab en el comunicado.
La Corte también realiza un examen preliminar -Venezuela II- remitido por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2020 alegando que se han cometido crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales”.
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