Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por sus vinculaciones con el delito internacional podrían anticipar la designación de fuerzas militares y policiales de Venezuela como terroristas, según expertos.
Mike Pompeo, secretario de Estado, incluyó este miércoles en su reporte anual sobre la lucha antiterrorista acusaciones contra el madurismo y sus socios de utilizar el crimen como mecanismo para mantenerse en el poder.
El funcionario culpa en su informe al madurismo de facilitar un “ambiente permisivo” para que agrupaciones terroristas conocidas, como los “disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional colombiano y simpatizantes de Hezbolá”, controlen operaciones financieras ilícitas en Venezuela.
Diego Area, del centro de pensamiento Atlantic Council, anticipa tres grandes opciones de Estados Unidos para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en el futuro inmediato tras las conclusiones del secretario de Estado sobre el terrorismo global.
El primer paso contemplaría la designación del ejecutivo madurista como un Estado promotor del terrorismo, como ocurrió con Siria e Irán, pero Area, experto en asuntos venezolanos, no cree probable esa alternativa.
“El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como un gobierno legítimo. Por ende, no lo puede designar como un Estado promotor del terrorismo”, expresa en conversación con la Voz de América.
Otro paso sería apostar por designar como organizaciones terroristas internacionales a fuerzas policiales y militares vinculadas al madurismo, como los servicios de inteligencia venezolanos del Sebin y la Dgcim.
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana también están incluidas constantemente en la lista de organismos oficiales que sistemáticamente violan los derechos humanos de los venezolanos. Las Naciones Unidas, incluso, exigieron su disolución al gobierno en disputa de Maduro en 2019.
“Han perpetrado sistemáticas violaciones de derechos humanos y son grupos con relaciones con el ELN y disidentes de las FARC”, comenta Area.
El experto señala una tercera opción para Estados Unidos ante Venezuela en la lucha antiterrorista: que el presidente Donald Trump ejerza los poderes especiales otorgados a su cargo por la orden ejecutiva 13224, firmada en septiembre de 2001 por el exmandatario George W. Bush, tras los atentados a las Torres Gemelas.
Area explica que Trump podría designar unilateralmente a organizaciones terroristas en Venezuela.
El conflicto venezolano, dice, es una de las aristas primordiales de la campaña presidencial en Estados Unidos y ello, a su entender, podría arar el camino para una acción de esta naturaleza antes de las elecciones de noviembre.
Douglas Farah, experto en seguridad y en crimen organizado transnacional, opina que el reporte de Pompeo endurece el discurso antiterrorista contra Venezuela y simboliza nuevos argumentos de peso para penalizar al madurismo como un “régimen criminalizado”.
“Estados Unidos está escalando su presión al régimen. Es fácilmente comprobable que FARC y ELN operan en Venezuela y que Hebzolá tiene una presencia elevada, que va creciendo”, expresa en conversación con la VOA.
Farah, presidente de la firma IBI Consultants, razona que sería relativamente sencillo comprobar las vinculaciones del madurismo con las FARC, el ELN o el Hezbolá.
Recuerda que las organizaciones mencionadas en el apéndice de Venezuela ya han sido designadas como grupos terroristas y son consideradas como tales en la región.
Espera un escenario político “muy duro” a lo interno de Venezuela en el futuro, particularmente por el deterioro de la figura de Juan Guaidó como presidente interino.
“Ha perdido impulso. La gente está un poco decepcionada e impaciente. No sé si Guaidó va a poder aprovechar este momento”, expone.
Instalados en Venezuela
El Departamento de Estado denunció este miércoles que los “vínculos financieros” entre las FARC, el ELN y grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de soborno del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que incluyen a militares.
También, denuncia la “cooperación esporádica” de las agrupaciones terroristas colombianas en las fronteras de Venezuela, la distribución de comida subsidiada, el reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables, y el tráfico de narcóticos y oro.
Según el Departamento de Estado, el ELN participa en extorsiones, contrabandos, minería ilegal y la distribución de alimentos pagados por el “régimen” de Maduro.
Tales alusiones tienen una trascendencia particular para el madurismo, según Juan Francisco Contreras, presidente del colegio de internacionalistas del país suramericano.
“Es gravísimo que un país ceda parte de su territorio y parte de su soberanía para permitir que grupos armados internacionales actúen de forma ‘normal’ en un territorio. Es realmente insólito. No es un hecho circunstancial”, dice a la VOA.
En la región, no existe una experiencia similar de un gobierno que haya permitido o colaborado con las operaciones financieras de agrupaciones terroristas, advierte.
“Es inédito, inaudito. Tenemos zonas sin control ni presencia del Estado donde se han producido hasta masacres. Pasa el tiempo y no pasa nada”, critica Contreras.
Terrorismo sembrado
Los apuntes de contraterrorismo de Washington reflejan que el conflicto armado de Colombia no ha concluido, sino que se ha imbricado en otras latitudes, considera Hugo Acha, abogado e investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
“Las FARC están profundamente instaladas en Venezuela y no me refiero solamente al campo operativo militar. Me refiero al campo del ilícito y la actividad financiera”, señala.
Según el experto, el grupo terrorista integra un “modelo de guerra asimétrica” con manifestaciones en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile y, más recientemente, Estados Unidos, durante los disturbios por la muerte del afroestadounidense George Floyd.
Acha, versado en asuntos de seguridad de Estado, nota que el Departamento de Estado ha catalogado tácitamente a la crisis humanitaria venezolana como el origen de un conflicto que afecta la estabilidad de toda la región.
Destaca la advertencia de Washington sobre la permisibilidad venezolana a actores extrarregionales que establecen bases de operaciones en el continente americano.
“El segmento de Venezuela confirma la gestión del ilícito como plataforma de base y apoyo con una capacidad financiera de alcance global, particularmente el narcotráfico, lavado de activos y contrabando de oro”, declara en entrevista con la Voz de América.
El reporte de Pompeo, a su juicio, esboza a un Hezbolá que transmutó de una organización dependiente de Irán a otra que facilita las operaciones de Teherán a escala global.
“Se ha revelado como una organización que ha sabido adaptarse a los tiempos. A raíz de la de la diáspora libanesa y el conflicto que han sostenido los países árabes con Israel, creó la capacidad de operar a una escala mundial. Le da una plataforma muy sólida a través de actividades ilegales en el hemisferio occidental”, indicó sobre el autodenominado “partido de Dios” iraní.
El acercamiento de Hezbolá a América, impulsado por las buenas relaciones del exmandatario venezolano Hugo Chávez con Irán, le permitió concluir que sus actividades ilícitas en la región le serían “increíblemente productivas”, a su entender.
Acha opina que el informe revela que Estados Unidos ha consolidado una mayor comprensión de las nuevas formas de terrorismo y de los países que colaboran con él.
Apoyo de clanes
A Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, le resulta llamativo el término “simpatizantes de Hezbolá”, incluido en el reporte de Pompeo.
Segú Humire, la frase engloba a clanes o familias de la comunidad libanesa de Venezuela que dan apoyo logístico y conectan a Hezbolá con Maduro.
Ese tipo de cooperación se ha fortalecido a medida que las sanciones estadounidenses y los precios bajos del petróleo han minado los capitales iraníes, interpreta el experto.
“Pasa a depender más del narcotráfico, del mundo ilícito y ahí Venezuela ha sido un grande apoyo”, manifiesta a la VOA.
El Departamento de Estado también reconoce el esfuerzo del Parlamento venezolano en su tarea de declarar a Hezbolá como organización terrorista.
“Se suman a cuatro países: Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras. Es un esfuerzo enorme en América Latina. Hay más países que van a seguir esta línea. La habilidad de designar a Hezbolá como terrorista ayuda a que los países hablen el mismo idioma, que tengan la misma designación legal”, aclara.
Humire juzga que la mención al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el capítulo de Venezuela es una manera de insinuar que puede aplicarse no solo a agrupaciones terroristas colombianas, sino al propio Hezbolá.
*Con información Herbert Zepeda desde Washington D.C.
