La expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela pocas horas después de que Bruselas anunció sanciones contra 11 dirigentes cercanos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, refleja que las restricciones incomodan en lo económico y lo personal a los afectados y pone tierra de por medio a una eventual misión electoral al país, opinaron analistas.
Maduro dio este lunes un plazo de 72 horas a la delegada europea, Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandone Venezuela, tras condenar la medida del bloque como una “amenaza”.
“¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¡Ya basta! He decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela”, dijo el mandatario en disputa durante una alocución transmitida por el canal estatal.
Los sancionados, según Maduro, forman parte de instituciones del estado venezolano que “respetan la Constitución” y se niegan a “cumplir órdenes de la embajada de la Unión Europea en Caracas”. También amenazó con “acciones diplomáticas” al representante de España en Caracas, Jesús Silva.
La Unión Europea anunció la mañana del lunes sanciones contra ocho funcionarios del madurismo y tres diputados considerados como colaboracionistas del gobierno en disputa por sus “actos y decisiones que socavaron la democracia y el ejercicio de la ley”.
En la lista está incluido Luis Parra, parlamentario expulsado del partido opositor Primero Justicia tras juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional con la venia del chavismo.
Tres figuras de peso del madurismo están incluidas entre los sancionados: el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza; el director del ente oficial de telecomunicaciones, Jorge Márquez, y el contralor y exdiputado del partido gobernante, Elvis Amoroso.
Fernando Gerbasi, diplomático y experto en relaciones internacionales, explica que el artículo 9 de la Convención de Viena da facultades a Maduro o a cualquier gobernante de los países firmantes a tomar acciones como la adoptada este lunes.
“El estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”, reza la norma.
“Bolsillo” y pasaporte
La expulsión tiene un “trasfondo político”, según Gerbasi. “La interpreto como el hecho de que las sanciones sí le molestan y preocupan a Maduro y a gente de su régimen. Les afecta donde más le duele: en el bolsillo”, afirma en conversación con la Voz de América.
Las penalidades impuestas por la Unión Europea implican fundamentalmente la prohibición de viajes y la paralización de sus activos en los países miembros, cuyo consejo ya ha sancionado a 36 dirigentes cercanos a la clase política gobernante en Venezuela.
Gerbasi resalta que la mayoría de los sancionados tienen familiares que residen en Europa, especialmente en España.
“No podrán venir a verlos, ni a visitarlos. Es muy posible que tengan cuentas e inversiones aquí a través de bancos europeos, donde el control, hasta ahora, ha sido menor que en los propios Estados Unidos”, dijo el exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Auguró que habrá medidas de reciprocidad tras la expulsión de Brilhante Pedrosa de Caracas y espera que, “como mínimo”, la embajadora de Maduro ante la Unión Europea en Bruselas, Claudia Salerno Caldera, corra la misma suerte.
El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, confirmó este martes que el bloque comunitario estudiará medidas “de reciprocidad”, y sus voceros confirmaron posteriormente que ya llamaron a consultas a Salerno Caldera.
Gerbasi asegura que habrá planteamientos más drásticos en el Parlamento europeo, como proponer la definitiva ruptura de relaciones de los países de la comunidad con Maduro.
“Esta situación aísla más internacionalmente a Maduro y lo coloca más visiblemente frente a la comunidad internacional como un dictador que va por encima de cualquier regla y entendimiento, cuando se le había avisado que frente a ciertas acciones adoptarían sanciones contra las personas que actuaran en contra de la oposición democrática”, agregó el experto.
Contrasentido electoral
Luis Angarita, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, nota un endurecimiento de la política exterior de Maduro tras el nombramiento de un nuevo poder electoral en el seno del Tribunal Supremo venezolano, controlado por el chavismo.
“Maduro trata de asumir el acto político de ignorar a la oposición y actuar unilateralmente en el nombramiento de poderes públicos, y actúa en consecuencia”, analiza.
Angarita apunta que, con la expulsión de la representante europea en Caracas, el poder ejecutivo en disputa elevó el “tono de su agresividad” diplomática ante quien antes era un aliado y un actor fundamental en las negociaciones políticas con la oposición.
Recuerda como antecedente la expulsión del embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Kriener, cuando encabezó el grupo de representantes diplomáticos que recibieron a Juan Guaidó, presidente interino y del Parlamento, al regreso de su primera gira internacional, en marzo de 2019. El embajador retornó después, con la venia de Maduro.
Angarita pronostica no solo la expulsión de la delegada de Maduro ante la Unión Europea, sino el posterior reconocimiento de un eventual embajador de Guaidó en Bruselas.
También considera un contrasentido que Maduro expulse a la delegada de una comunidad vital en las observaciones electorales del mundo cuando intenta llenar la expectativa de que la próxima votación en Venezuela será abierta, justa y transparente.
“Hubo la designación unilateral del árbitro, la ilegalización de partidos, el robo de la dirigencia de esos partidos y ahora la expulsión (de Brilhante Pedrosa). Está preparándose para un proceso electoral que no va a gozar del reconocimiento internacional”, señaló.
Gerbasi, por su parte, da por sentado que la comunidad europea no estará presente en la próxima elección en Venezuela, que no valora como justa ni democrática.
“Esta decisión de Maduro implica que la UE no podrá enviar una misión a esta o ninguna elección futura”, dice, al recordar que la última observación europea en Venezuela fue hace 13 años, cuando Hugo Chávez se disgustó por las advertencias de esa instancia sobre los comicios.
