Activistas de derechos humanos de Venezuela siguen con atención la visita al país de la Relatora Especial de la ONU sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos, Alena Douhan, que busca “evaluar el impacto negativo” de las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre “el disfrute” de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Representantes de la sociedad civil subrayan la “importancia” que reviste el hecho, pues se trata de la primera relatora que viaja al país luego de que en 2019 la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitara Venezuela.
Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, una de las activistas que tendrá reuniones con la relatora, sostiene que es una oportunidad para visibilizar lo que define como “grave emergencia humanitaria compleja” en Venezuela, “con impacto diferenciado en las mujeres cuidadoras y niños hospitalizados con patologías crónicas”.
“Es muy importante que pueda ver de primera mano lo que está pasando, esperamos que ella pueda evidenciar todo lo que ocurre y pueda llevarse después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, la impresión justa de lo que ocurre y tenga un balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela”, dijo la abogada.
Consultada por la Voz de América sobre cómo la relatora podría abordar el tema, ante los argumentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro en relación a que las sanciones serían consecuencia de la crisis que atraviesa el país, Martínez destacó la importancia de su presencia en el terreno.
“Va a ver, estas cosas no se pueden ocultar, lo que estamos viviendo es demasiado duro (…) aunque el gobierno y el Estado van a querer justificar, a lo mejor, algunas de las consecuencias de la emergencia, esa posición le va a tocar a ella, ella va a tener que estimar y valorar todo lo que le estamos presentando, todo lo que ella está viendo, que es muy distinto a un informe escrito”, expresa.
Sesenta y seis organizaciones firmaron una carta abierta en la que instaron a la relatora, entre otras cosas, a estudiar la evolución de la corrupción y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como a tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones, que según el texto, llevó al colapso del sistema de salud y a la actual situación de inseguridad alimentaria.
El gobierno de Maduro atribuye la crisis económica a las sanciones implementadas por la comunidad internacional y las ha calificado de “ilegales”.
