El gobierno de Venezuela calificó de “injerencistas, injustificadas y sin fundamento” declaraciones emitidas por la Unión Europea (UE) sobre la crisis política en la nación suramericana.
Un comunicado de la cancillería venezolana demandó “respeto” para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y acusó a algunas autoridades de la UE de proferir “infamias” contra el país.
“Han emitido una serie de Declaraciones, Resoluciones y cuestionamientos—precisa—con el más insolente tratamiento a la institucionalidad democrática de Venezuela”.
El documento alude de esa manera a declaraciones hechas el pasado viernes 28 de marzo por Maja Kocijancic, portavoz de Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea.
El vocero lamentó entonces el número de muertos en las protestas e indicó que la UE estaba preocupada por “la detención de estudiantes y figuras políticas” así como por la “reciente destitución de un miembro electo del Congreso (la diputada opositora María Corina Machado)”.
La UE respaldó en su declaración el llamado hecho por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a respetar los derechos humanos en Venezuela y a nombrar un mediador de buena fe que facilite el diálogo político en ese país.
Un comunicado de la cancillería venezolana demandó “respeto” para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y acusó a algunas autoridades de la UE de proferir “infamias” contra el país.
“Han emitido una serie de Declaraciones, Resoluciones y cuestionamientos—precisa—con el más insolente tratamiento a la institucionalidad democrática de Venezuela”.
El documento alude de esa manera a declaraciones hechas el pasado viernes 28 de marzo por Maja Kocijancic, portavoz de Catherine Ashton, jefa de la diplomacia europea.
El vocero lamentó entonces el número de muertos en las protestas e indicó que la UE estaba preocupada por “la detención de estudiantes y figuras políticas” así como por la “reciente destitución de un miembro electo del Congreso (la diputada opositora María Corina Machado)”.
La UE respaldó en su declaración el llamado hecho por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a respetar los derechos humanos en Venezuela y a nombrar un mediador de buena fe que facilite el diálogo político en ese país.
