A diferencia de otras naciones de la región que ya muestran avances significativos en esta materia, en Venezuela no existe reconocimiento a los derechos de la comunidad LGBTI, aseguran defensores a la Voz de América.
Kentsiu Flores cuenta con nostalgia que jamás pensó que por su orientación sexual le negarían una vivienda. La ilusión de Flores de residenciarse con su pareja y hacer un proyecto de vida llevaba varios meses entre sus planes y comenzó en la búsqueda de vivienda para independizarse.
“Mi mamá conoció a una señora que le comentó que estaba alquilando un apartamento. Me puse en contacto con ella y le dije que estaba interesada. Ella me preguntó que con quién pensaba vivir y le respondí que ‘con mi novia’. La señora inmediatamente respondió que no podía aceptar a parejas de este tipo, que era una residencia familiar y además vivían muchos niños, a lo que le respondí ‘pudiera pagar un poco más de lo que está pidiendo por el alquiler’. Yo pensé que de esta manera aceptaría, pero la señora nuevamente reiteró que no podía hacerlo”.
Flores comenta a la VOA que pasó dos días llorando y con mucha indignación, nunca había vivido una situación como esta a pesar que reconoce que en el país no se garantizan los derechos para las personas pertenecientes a la comunidad LGBT.
La Asamblea Nacional venezolana publicó el pasado 19 de mayo un acuerdo en el que, por primera vez, y bajo el ámbito de la crisis que ha generado en el país la pandemia de la COVID-19, se reconoció el impacto que ha tenido sobre la comunidad LGBT. En el documento se reiteró la negación que mantiene el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre el derecho al matrimonio igualitario.
En este acuerdo se estipula revisar la legislación vigente para proponer a la plenaria proyectos de ley que acaben con la segregación legal y establezcan la igualdad efectiva ante la ley de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersex, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución del país.
El acuerdo, que fue introducido por la diputada Tamara Adrián, primera parlamentaria transgénero del continente, generó un contundente rechazo por parte de la comunidad y organismos defensores de derechos humanos, quienes aseguran que solo se busca alejar más la posibilidad de garantizar los derechos que merecen.
No solo el Estado venezolano, sino también desde el gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, están dedicados a dar soluciones a las crisis política, económica y social, por lo que garantizar derechos a la población LGBTI en Venezuela en estos momentos no es una prioridad.
La diputada a la Asamblea Nacional Tamara Adrián explica a la Voz de América que desde enero de 2016, intentaron aprobar cuatro leyes que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que luego de más de 130 sentencias por parte de este a la Asamblea –para ese momento era de mayoría opositora– se aseguró que estaban en supuesto desacato y que en consecuencia Maduro cortaría los fondos del Parlamento, por lo que no se iba a poner en ejecución ninguna ley.
La parlamentaria explica que propuso una reforma de la ley orgánica de registro civil que no pudo ser discutida y se va a reeditar para que quede en este tiempo al menos en las actas. Hasta la fecha solo se ha logrado la declaratoria del 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia.
“Todo intento de lograr cambios en esta materia ha sido bloqueado por el PSUV directa o indirectamente. Es sin duda una realidad política y desde siempre han sido así. Desde que aquel momento en que la Asamblea Nacional era 99% chavista, se eliminó el concepto de identidad de género, se sustituyó por el de identidad biológica y se eliminó la protección constitucional por orientación sexual. El TSJ dijo que las parejas del mismo sexo eran distintas a las parejas heterosexuales y que por ende esa no protección no era discriminatoria, pero no era una protección constitucional porque eran diferentes” agregó la parlamentaria.
La diputada Adrián explica que la comunidad más vulnerable son las personas trans, ya que en ausencia del reconocimiento de su identidad están privados de todos los derechos: ciudadanos, educativos y laborales, además de la libre circulación y el de tener una vivienda digna. Agrega que los mismos son evidencia de que sigue sin existir alguna política pública que evite este problema. Igualmente las comunidades de gays, lesbianas y bisexuales que están expuestos a discriminación y violencia.
La parlamentaria comenta que siempre han tenido una ruta clara: visibilidad, organización, alianzas y mucha lucha. “No hay otra cosa que hacer en esta materia”, finaliza.
El pasado mes de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19, hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
Asimismo advirtieron los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de los venezolanos debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país.
Jau Ramírez es director de Somos, un movimiento activista, autónomo, independiente y descentralizado que lucha por los derechos civiles de la población LGBTI y que en la actualidad es el más grande y activo de Venezuela.
Ramírez considera que lo logrado no es suficiente ya que viven sin el reconocimiento de ningún derecho y bajo la negación sistemática por parte del Estado, lo que hace a esta comunidad vulnerable.
“Son muchas las causas por las que en Venezuela aún no es aceptada y no hay avances en cuanto a la comunidad LGBTI. Son causas políticas, económicas, religiosas, pseudocientíficas, que hacen de la sociedad venezolana un caldo de cultivo que se refleja en una homofobia y una transfobia que siniestra los pilares de nuestra sociedad", relata Ramírez para la Voz de América
El director de Somos no deja de expresar su molestia, ya que siente que en el ámbito político han tenido la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas y de reconocer los derechos de la población LGBTI, pero la negación ha sido sistemática.
“En el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional están engavetadas muchas causas para hacer valer los derechos de esta comunidad, pero en líneas generales todos los poderes del Estado han decidido no reconocer por acción y por omisión los derechos de la comunidad LGBT”, comenta.
Explica que además de las negaciones de derechos en Venezuela, la violencia contra este colectivo es estructural y se extiende a los espacios públicos, instituciones, medios de comunicación e iglesias, creando así un ambiente de hostilidad y silencio contra este sector de la población.
“Todo el contexto de crisis política, económica, social y ahora la emergencia humanitaria ha permitido que los sectores conservadores fomenten la idea de que los derechos LGBT no son importantes ni prioritarios porque se asume que esto son mariconadas del primer mundo y se sigue fomentando la idea que hay que priorizar el hambre, la salud, la democracia, como si la emergencia humanitaria no impactara precisamente a los grupos que no tienen derechos”, sentencia.
La crisis humanitaria ha impactado de forma aguda a estas organizaciones que históricamente han luchado y que ahora han ido desapareciendo por diversas causas, entre ellas la migración de algunos de sus principales voceros.
“Las instituciones en Venezuela creen que la sociedad no está preparada para esto (reconocer a los LGBT), se cree que no es un tema importante y no entienden que esto es un asunto de derechos humanos”, asegura.
Las organizaciones como Somos no detienen su lucha, a pesar de la falta de acciones oportunas para reconocerlos legalmente. “Sin democracia en Venezuela no existirán los derechos para la comunidad LGBT”, finaliza Ramírez.
