Las autoridades electorales de Venezuela eliminaron la votación directa para la elección de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional que se aplicó hace cincos años y establecieron un proceso de sufragio de segundo grado que ha acrecentado las críticas y dudas en torno a los comicios legislativos del 6 de diciembre.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) generó cuestionamientos de dirigentes indígenas y analistas que estiman que la reforma va en contra de la Constitución y las leyes porque vulnera el secreto al voto y la regulación que prohíbe hacer reformas seis meses antes de una elección.
El CNE, de mayoría oficialista, anunció el 24 de julio un reglamento que prevé que las poblaciones indígenas se reunirán en “asambleas comunitarias” para seleccionar a sus voceros que luego participarán en “Asambleas Generales” para elegir a “mano alzada” a los diputados de los pueblos indígenas que irán al Congreso que se instalará en el 2021, según señala el texto del documento.
Las autoridades electorales defendieron la normativa alegando que el nuevo sistema de elecciones se da en “consonancia con los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades” y “reivindica las costumbres, usos y prácticas de las comunidades indígenas, a través de un procedimiento inclusivo, participativo y directo”, señala un comunicado de prensa del CNE.
La onegé Observatorio Electoral Venezolano (OEV) rechazó la imposición de una elección de segundo grado de los representantes indígenas a la Asamblea Nacional y dijo en un comunicado que la votación a mano alzada “no respeta el secreto del voto”.
“El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”, indicó el OEV al recordar lo previsto en la Constitución.
Asimismo, la organización alertó sobre algunas imprecisiones en el nuevo reglamento, y aseguró que “no abonan para que este mecanismo resulte transparente y confiable”.
A los cuestionamientos se sumó el diputado opositor Virgilio Ferrer, miembro y dirigente de la etnia wayuu, que consideró la nueva normativa como un “adefesio” e indicó que “viola los derechos humanos de los pueblos indígenas y de cualquier pueblo”.
Ferrer dijo a The Associated Press que los indígenas “no tenemos claro quiénes van a elegir a nuestros representantes” al Congreso, y planteó que será muy complicado y riesgoso que en medio de la pandemia del nuevo coronavirus las comunidades indígenas se puedan movilizar en los remotos lugares donde viven para reunirse y votar. Los indígenas representan cerca del 3% de la población venezolana de 32 millones de habitantes.
“Ellos (el oficialismo) hacen eso para tener control de los indígenas porque no lo pueden tener democráticamente”, agregó el dirigente indígena.
Desde diciembre del 2015, luego que la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la elección de tres representantes indígenas del estado sureño de Amazonas alegando supuestas irregularidades pero nunca convocó nuevos comicios en ese caso, lo que desató las primeras pugnas entre el Congreso y el máximo tribunal.
El enfrentamiento entre los poderes públicos escaló en junio cuando el Tribunal Supremo, que controla el gobierno, limitó a la Asamblea Nacional para nombrar a las nuevas autoridades electorales, como lo establece la constitución, y designó a los cinco directores del CNE.
Tras esa sentencia la mayoría opositora anunció que no reconocería al nuevo CNE ni las acciones que tome ese cuerpo sobre los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
