El presidente venezolano Hugo Chávez repitió en enero pasado lo que el chavismo mantiene hace más de una década y que se ha convertido en dogma de Estado: "Aquí en Venezuela no hay presos políticos" dijo entonces.
Pero el dogma fue despedazado tras las punzantes revelaciones de uno de sus principales protagonistas, el ex magistrado del Tribunal Supremo Eladio Aponte, cuyas declaraciones al canal de televisión de Miami Sol TV siguen dando qué hablar.
"Existen presos políticos en Venezuela", aseguró sin pestañear quien fuera juez estrella del chavismo, ahora colaborando con la DEA, aquí en Estados Unidos.
Aponte se refirió no sólo a las relaciones entre el gobierno chavista y el narcotráfico, el tema que quizá más ha llamado la atención hasta ahora, sino también a los casos más emblemáticos de la revolución bolivariana, en varias de cuyas resoluciones él estuvo implicado.
La organización Justicia y Proceso Venezuela contabiliza 24 presos políticos en las cárceles de su país. Una cifra que supera la treintena, según el Foro Penal Venezolano, organización que, en enero, sufrió el saqueo de sus oficinas.
Tres son los casos más emblemáticos de los presos políticos en la Venezuela bolivariana y ellos han comenzado ahora a reescribirse:
La jueza valiente: María Afiuni jamás olvidará la cadena nacional del 10 de diciembre de 2009. El enfurecido Chávez de aquel día exigió "dureza" contra la "jueza bandida", incluso lanzó órdenes directas a la presidenta del Tribunal Supremo: "Habrá que meter la pena máxima a esta jueza. ¡Treinta años de prisión pido yo en nombre de la dignidad del país!". Su delito: conceder libertad provisional a un banquero, enemigo de Chávez, cuando habían transcurrido más de dos años en prisión preventiva, tal y como marca la ley. Afiuni tiene cáncer de mama.
Esta semana, 28 meses después, Aponte reconoció: "El caso Afiuni es muy político y emblemático. Es una mujer muy valiente, esos son los juristas que representan bien al sistema judicial". Sus palabras suenan a descaro, sobre todo, viniendo del que fuera un trasunto de comisario judicial durante estos años. "El perseguidor que ahora se siente perseguido", como él mismo se definió. Así lo percibió Afiuni, que no sufre precisamente del síndrome de Estocolmo: "Aponte le vendió el alma a Chávez y ahora la quiere recuperar. Tarde, tarde. Fue el primero que se opuso a la casa por cárcel que me otorgaron".
El falso encapuchado: El comisario José Sánchez Mazuco comparte golpes de la vida con Chávez y Afiuni. Se considera preso político, como ellos, y también sufre cáncer: acaba de ser operado de un tumor en la próstata; la intervención fue retrasada durante meses por los tribunales. "El señor levanta al caído y exalta al humilde", twitteó ayer.
Aponte dejó boquiabierto al país cuando descubrió que "buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor [Mazuco] había sido el que dio la orden para que matara a otro". La burda historia tejida por los cómplices de Aponte dio con los huesos de Sánchez en la cárcel, condenado a 19 años por matar y torturar a un agente de inteligencia militar. "Y al hombre [el falso encapuchado] se le pagó dándole la libertad", añadió el ex juez.
Los comisarios del golpe de 2002: Aponte: "La posición de la sala penal fue convalidar todo lo que venía hecho, aceptar que esos señores no podían salir. La justicia ahí le dio la espalda. Entonces qué les diría yo a los familiares: tengan fe y luchen por lo que creen". Bony Simonovis flaqueó, por primera vez, en diez años. Las palabras del ex magistrado golpearon en el centro de su alma.
"Yo confieso que siento rabia, impotencia y muchas ganas de llorar." Y no es para menos. Ella es la mujer inquebrantable, esposa y abogada de Iván Simonovis, comisario de la Policía Metropolitana de Caracas condenado a 30 años de prisión por los sucesos del golpe de abril de 2002, "pese a que ninguna de las acusaciones pudo ser probada por la fiscalía", protestó. El mismo calvario que soportan los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas y sus familias.
"Vamos a incorporar la declaración en la acusación que reposa contra el Estado venezolano en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)", explica Bony al periódico La Nación de Argentina. "Existe un último recurso en Venezuela, la revisión del caso cuando aparecen hechos nuevos. Pero porque no confiamos en el sistema de justicia, sumiso y nada imparcial, no la interpondremos."
Pero el dogma fue despedazado tras las punzantes revelaciones de uno de sus principales protagonistas, el ex magistrado del Tribunal Supremo Eladio Aponte, cuyas declaraciones al canal de televisión de Miami Sol TV siguen dando qué hablar.
"Existen presos políticos en Venezuela", aseguró sin pestañear quien fuera juez estrella del chavismo, ahora colaborando con la DEA, aquí en Estados Unidos.
Aponte se refirió no sólo a las relaciones entre el gobierno chavista y el narcotráfico, el tema que quizá más ha llamado la atención hasta ahora, sino también a los casos más emblemáticos de la revolución bolivariana, en varias de cuyas resoluciones él estuvo implicado.
La organización Justicia y Proceso Venezuela contabiliza 24 presos políticos en las cárceles de su país. Una cifra que supera la treintena, según el Foro Penal Venezolano, organización que, en enero, sufrió el saqueo de sus oficinas.
Tres son los casos más emblemáticos de los presos políticos en la Venezuela bolivariana y ellos han comenzado ahora a reescribirse:
La jueza valiente: María Afiuni jamás olvidará la cadena nacional del 10 de diciembre de 2009. El enfurecido Chávez de aquel día exigió "dureza" contra la "jueza bandida", incluso lanzó órdenes directas a la presidenta del Tribunal Supremo: "Habrá que meter la pena máxima a esta jueza. ¡Treinta años de prisión pido yo en nombre de la dignidad del país!". Su delito: conceder libertad provisional a un banquero, enemigo de Chávez, cuando habían transcurrido más de dos años en prisión preventiva, tal y como marca la ley. Afiuni tiene cáncer de mama.
Esta semana, 28 meses después, Aponte reconoció: "El caso Afiuni es muy político y emblemático. Es una mujer muy valiente, esos son los juristas que representan bien al sistema judicial". Sus palabras suenan a descaro, sobre todo, viniendo del que fuera un trasunto de comisario judicial durante estos años. "El perseguidor que ahora se siente perseguido", como él mismo se definió. Así lo percibió Afiuni, que no sufre precisamente del síndrome de Estocolmo: "Aponte le vendió el alma a Chávez y ahora la quiere recuperar. Tarde, tarde. Fue el primero que se opuso a la casa por cárcel que me otorgaron".
El falso encapuchado: El comisario José Sánchez Mazuco comparte golpes de la vida con Chávez y Afiuni. Se considera preso político, como ellos, y también sufre cáncer: acaba de ser operado de un tumor en la próstata; la intervención fue retrasada durante meses por los tribunales. "El señor levanta al caído y exalta al humilde", twitteó ayer.
Aponte dejó boquiabierto al país cuando descubrió que "buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo para que dijera que este señor [Mazuco] había sido el que dio la orden para que matara a otro". La burda historia tejida por los cómplices de Aponte dio con los huesos de Sánchez en la cárcel, condenado a 19 años por matar y torturar a un agente de inteligencia militar. "Y al hombre [el falso encapuchado] se le pagó dándole la libertad", añadió el ex juez.
Los comisarios del golpe de 2002: Aponte: "La posición de la sala penal fue convalidar todo lo que venía hecho, aceptar que esos señores no podían salir. La justicia ahí le dio la espalda. Entonces qué les diría yo a los familiares: tengan fe y luchen por lo que creen". Bony Simonovis flaqueó, por primera vez, en diez años. Las palabras del ex magistrado golpearon en el centro de su alma.
"Yo confieso que siento rabia, impotencia y muchas ganas de llorar." Y no es para menos. Ella es la mujer inquebrantable, esposa y abogada de Iván Simonovis, comisario de la Policía Metropolitana de Caracas condenado a 30 años de prisión por los sucesos del golpe de abril de 2002, "pese a que ninguna de las acusaciones pudo ser probada por la fiscalía", protestó. El mismo calvario que soportan los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas y sus familias.
"Vamos a incorporar la declaración en la acusación que reposa contra el Estado venezolano en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)", explica Bony al periódico La Nación de Argentina. "Existe un último recurso en Venezuela, la revisión del caso cuando aparecen hechos nuevos. Pero porque no confiamos en el sistema de justicia, sumiso y nada imparcial, no la interpondremos."
