Distintas organizaciones y activistas de derechos humanos denunciaron, mediante diversos informes divulgados durante todo 2020, que los patrones de represión y persecución política se incrementaron significativamente en Venezuela desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente a la pandemia de COVID-19, por lo que los pronósticos para 2021 no son alentadores.
De acuerdo al Centro de Justicia y Paz, los periodistas, defensores de derechos fundamentales y trabajadores sanitarios fueron algunos de los sectores más hostigados, esto con el propósito de regular el flujo de información que pudiera afectar la imagen del gobierno en disputa.
Melanio Escobar, director de Redes Ayuda, ONG que registra los casos de violaciones a la libertad de expresión en Internet, afirma que durante los últimos años se han elevado los niveles de represión en este sentido y no descarta que la situación empeore.
“Estamos rompiendo récord en temas de violaciones a la libertad de expresión dentro del contexto de la hegemonía comunicacional promovida por el régimen de Maduro. Es evidente que para el régimen el problema no es que pasen las cosas sino que se sepan y es por eso que reitera su actuar con bloqueos de páginas web, procesos judiciales en contra de periodistas y de medios de comunicación, acosos digitales desde fábricas de bots y trolls y todo lo que es utilizar el aparataje de los medios de comunicación controlados por el Estado para criminalizar, perseguir y hostigar”, sostiene el activista.
Para Escobar y muchos otros defensores de derechos fundamentales, en 2021 el panorama en materia de derechos humanos es “preocupante e incierto”.
“La persecución se ha incrementado tanto que muchos miembros de organizaciones de DDHH y directores, como es mi caso, hemos tenido que mudar nuestro trabajo al exilio, lo que evidentemente retrasa la efectividad y la capacidad de accionar como la que teníamos antes cuando estábamos en Caracas. Esos son par de los escenarios que me tienen por lo menos a mí muy preocupado en cuanto a poder seguir ayudando a los venezolanos a sortear todas las violaciones de las cuales son víctimas diariamente”, afirma.
A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las ONGs defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, en medio de las posibilidades de que se haga uso del parlamento para promover una legislación constitucional que, según dice, “legitime la arbitrariedad de poder en el país” y el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, estos serán los mayores tres retos para los activistas venezolanos.
“En primer lugar contener la ofensiva autoritaria posible desde la Asamblea Nacional, en segundo lugar mantener informados los mecanismos internacionales de protección ya activados sobre Venezuela por ejemplo la Misión de Determinación de Hechos y finalmente también cómo abordar, cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes venezolanos que van a continuar saliendo en medio de esta complicada situación”, alerta el defensor de derechos humanos.
Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, una ONG dedicada a prestar apoyo a niños, mujeres cuidadoras y personal de salud de uno de los hospitales infantiles más importante del país, recuerda que su institución ha sido perseguida y que de hecho la sede en la que almacenaban donaciones fue allanada y aunque estima que 2021 será complejo, subraya la importancia de trabajar en red para lograr los objetivos a pesar de las dificultades.
“Aunque el balance ha sido duro nosotros seguimos con esperanza, con alegría, acompañando y defendiendo los derechos humanos de esta población tan vulnerable y esperamos continuar con el apoyo de la comunidad, no solamente en Venezuela sino de la diáspora que tanto bien nos ha hecho igual con el tema de la arquitectura humanitaria que se está instalando en el país”, manifiesta.
Representantes del Gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
“Tenemos un mandato de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que nos da el título 3 de nuestra Constitución, trabajar en Venezuela, en el terreno ante el sistema de justicia cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción”, afirmó recientemente el fiscal del gobierno en disputa Tarek William Saab.
Sin embargo, diversos organismos han cuestionado la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, resaltaron que hay “motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, lo que adereza aún más un duro escenario para los meses venideros.
