Las protestas populares que desde hace más de cuatro semanas sacuden a Venezuela no han estallado solo por la falta de libertades, la inseguridad y la escasez de productos básicos que padece el país, sino también por la acentuada corrupción en las filas del Gobierno.
Militares, ministros, altos funcionarios públicos, “hijos de papá”, y empresarios allegados al régimen han dado cuerpo a una “boliburguesía” que durante más de una década se ha enriquecido a costa de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela.
Entre los más connotados “boliburgueses” acaudalados mediante negocios turbios con el Estado se cita al luego caído en desgracia Arné Chacón Escamillo, un exmilitar transformado en banquero y hermano de Jesse Chacón, exministro del Interior de Chávez y actual titular de Energía Eléctrica.
También al exteniente Alejandro Andrade Cedeño, quien tras participar con Chávez en la intentona golpista de 1992, fue escolta de éste y durante años ocupó cargos en los que manejó grandes sumas de dinero del erario público, primero como tesorero nacional y luego presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES).
Aun cuando primero Hugo Chávez, y luego su sucesor, Nicolás Maduro, declararon ser enemigos públicos número uno de la corrupción, la existencia de una casta “revolucionaria” adinerada que encarna los valores del “socialismo del siglo XXI” ha sido uno de los detonantes de la indignación popular en el país.
No hizo más que asumir la presidencia, el propio Maduro creó el denominado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, organismo de dudosa eficacia y objetivo, al frente del cual nombró a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”, de solo 23 años de edad, dando crédito a quienes acusan al régimen de nepotismo.
En los últimos años el Gobierno estableció dos organismos presuntamente para combatir la corrupción: la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública y el Ministerio de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, hasta ahora sin resultados.
A fines del año pasado, el presidente Maduro dijo que venía en camino una “ofensiva” contra la corrupción, que parece haber calado demasiado hondo dentro de las filas del chavismo, por lo que los venezolanos ven con escepticismo que algún día lleguen a implementarse controles reales.
Rafael Ramírez, vicepresidente para la Economía y ministro de Energía y Petróleo, admitió el mes pasado que el 30 por ciento de los fondos en moneda fuerte otorgados a través de la Comisión de administración de Divisas (Cadivi) habían sido desviados de su “objetivo original”.
Al iniciarse las protestas antigubernamentales el pasado 12 de febrero, el líder opositor Leopoldo López—hoy en la cárcel—hizo un llamado a los venezolanos a marchar con los estudiantes desde Plaza Venezuela, bajo la consigna "justicia y cárcel para los corruptos que han desangrado al país".
La corrupción es de tal magnitud en la nación que no escapa a la vista de otros gobiernos en la región. Hace dos semanas, el ministro de la presidencia panameña, Roberto Henríquez, afirmó que hay funcionarios y empresarios venezolanos ligados al régimen de Maduro que “crearon empresas ficticias para poder sacar dólares de Venezuela”.
Militares, ministros, altos funcionarios públicos, “hijos de papá”, y empresarios allegados al régimen han dado cuerpo a una “boliburguesía” que durante más de una década se ha enriquecido a costa de la llamada Revolución Bolivariana en Venezuela.
Entre los más connotados “boliburgueses” acaudalados mediante negocios turbios con el Estado se cita al luego caído en desgracia Arné Chacón Escamillo, un exmilitar transformado en banquero y hermano de Jesse Chacón, exministro del Interior de Chávez y actual titular de Energía Eléctrica.
También al exteniente Alejandro Andrade Cedeño, quien tras participar con Chávez en la intentona golpista de 1992, fue escolta de éste y durante años ocupó cargos en los que manejó grandes sumas de dinero del erario público, primero como tesorero nacional y luego presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES).
Aun cuando primero Hugo Chávez, y luego su sucesor, Nicolás Maduro, declararon ser enemigos públicos número uno de la corrupción, la existencia de una casta “revolucionaria” adinerada que encarna los valores del “socialismo del siglo XXI” ha sido uno de los detonantes de la indignación popular en el país.
No hizo más que asumir la presidencia, el propio Maduro creó el denominado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, organismo de dudosa eficacia y objetivo, al frente del cual nombró a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, “Nicolasito”, de solo 23 años de edad, dando crédito a quienes acusan al régimen de nepotismo.
En los últimos años el Gobierno estableció dos organismos presuntamente para combatir la corrupción: la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública y el Ministerio de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, hasta ahora sin resultados.
A fines del año pasado, el presidente Maduro dijo que venía en camino una “ofensiva” contra la corrupción, que parece haber calado demasiado hondo dentro de las filas del chavismo, por lo que los venezolanos ven con escepticismo que algún día lleguen a implementarse controles reales.
Rafael Ramírez, vicepresidente para la Economía y ministro de Energía y Petróleo, admitió el mes pasado que el 30 por ciento de los fondos en moneda fuerte otorgados a través de la Comisión de administración de Divisas (Cadivi) habían sido desviados de su “objetivo original”.
Al iniciarse las protestas antigubernamentales el pasado 12 de febrero, el líder opositor Leopoldo López—hoy en la cárcel—hizo un llamado a los venezolanos a marchar con los estudiantes desde Plaza Venezuela, bajo la consigna "justicia y cárcel para los corruptos que han desangrado al país".
La corrupción es de tal magnitud en la nación que no escapa a la vista de otros gobiernos en la región. Hace dos semanas, el ministro de la presidencia panameña, Roberto Henríquez, afirmó que hay funcionarios y empresarios venezolanos ligados al régimen de Maduro que “crearon empresas ficticias para poder sacar dólares de Venezuela”.
