![El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, da su discurso anual a la nación, ante miembros de la Asamblea Constituyente en Caracas, Venezuela, el 14 de enero de 2020. [Foto: AP]](https://gdb.voanews.com/9b5f95f6-ac88-4cb9-bedb-abf29eed9cb2_w250_r1_s.jpg)
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsó el oficialismo en Venezuela cesó sus funciones a finales del año pasado sin presentar al país siquiera un borrador de nueva Constitución y con limitados logros políticos, según analistas consultados por la Voz de América.
La Constituyente inició sus funciones en agosto de 2017, en medio de un torbellino de violentas manifestaciones en las calles en contra del gobierno de Nicolás Maduro y a raíz de una polémica convocatoria presidencial, considerada como fraudulenta por decenas de países de la comunidad internacional y la oposición venezolana.
Su último presidente y segundo hombre fuerte del chavismo, el teniente retirado Diosdado Cabello, declaró en diciembre que el principal legado de la Constituyente fue que “impuso la paz” y la institucionalidad en el país.
Atribuyó a esa institución el éxito de las elecciones legislativas de diciembre pasado, unas votaciones que buena parte del mundo catalogó de fraudulentas.
Según la Carta Magna venezolana, una Constituyente tiene la responsabilidad de “transformar el Estado”, crear “un nuevo ordenamiento jurídico” y redactar una nueva Carta Magna que rija los lineamientos jurídicos del país.
Esta figura puede ser iniciativa del Presidente, la Asamblea Nacional, los concejos municipales o el 15 por ciento de los electores venezolanos.
La oposición criticó vehemente a Maduro por no someter su idea sobre instalar una Constituyente a un referendo popular. El chavismo, en cambio, apostó por elegir directamente en votaciones a sus 545 integrantes.
La ANC creó una comisión para redactar una Constitución que suplantaría a la aprobada en 1999 por iniciativa de Hugo Chávez Frías, fallecido en 2013. Pero no avanzó más allá de la culminación de un borrador que nunca se presentó.
Hermann Escarrá, abogado constitucionalista integrante de la Constituyente, explicó en julio pasado que el proyecto debía aprobarse en dos debates en plenaria, que nunca ocurrieron, para luego “enviarla al pueblo”.
El politólogo y profesor universitario Pablo Andrés Quintero valora a la Constituyente como una plataforma política que oxigenó al chavismo.
“Fue un instrumento para darle continuidad a la estrategia política del chavismo. Solo le sirvió al gobierno. La utilizó para salir de la Asamblea Nacional, de la oposición, y darle protagonismo a una coyuntura donde ellos tuvieran el control. Sirvió, incluso, para comprar tiempo”, afirma a la VOA.
El docente destaca, además, que nació de la ANC la llamada “Ley Antibloqueo”, que permite al gobierno en disputa de Maduro hacer licitaciones y contratos con empresas privadas bajo condiciones de clandestinidad para evitar sanciones.
Quintero estima que el chavismo respondió a la “pérdida de espacios” políticos con una propuesta constituyente que no arrojó mayores frutos legales.
Estrategia de persecusión
Originalmente, la ANC tendría una vigencia de dos años, pero sus propios integrantes la extendió hasta diciembre de 2020. Cuarenta de sus miembros fueron luego candidatos a alcaldes y gobernadores por el partido de gobierno.
Culminó funciones con un balance de 10 leyes y decretos aprobados. Fue la encargada de aprobar el presupuesto de la nación que el poder ejecutivo debía presentar ante la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora.
El objetivo político de la Constituyente fue “detener la ofensiva opositora”, que exigía la renuncia de Maduro en las calles y que gozaba de mayoría electoral, según Manuel Malaver, analista político y articulista de opinión venezolano.
La misión fracasó, a su entender, pues fundamentó el argumento posterior de que las elecciones presidenciales que ella convocaría en 2018 -Maduro se reeligió con 67,84 por ciento de los votos- eran ilegítimas e inconstitucionales.
Desde sus inicios y con la venia del Tribunal Supremo de Justicia, asumió facultades supraconstitucionales. Sus sesiones desplazaron de facto a la AN de su sitio tradicional de debate, el Palacio Federal Legislativo de Caracas.
Entre sus normativas aprobadas, resalta la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que sirvió de base legal para la persecución y el arresto de dirigentes políticos y tuiteros críticos de Maduro.
También, dio a luz leyes que crearon la “criptomoneda” llamada Petro, fijaron precios de productos básicos y regularon la inversión extranjera en Venezuela.
Sus integrantes, asimismo, votaron a favor de allanar la inmunidad parlamentaria de una veintena de diputados opositores que promovieron un fallido intento de golpe militar en contra de Maduro en abril de 2019.
Según su último presidente, Cabello, la ANC allanó el camino de las parlamentarias de diciembre pasado. Venezuela hoy cuenta con un Parlamento controlado por el chavismo, sin la venia de América y Europa, mientras la oposición dice que el Parlamento legítimo sigue siendo el electo en 2015.
“La Constituyente fue quedando en el limbo. Terminó en un aparato de nombre” luego que la oposición parlamentaria decretara la usurpación de la presidencia y la instalación del gobierno interino de Juan Guaidó, en 2019, opina Malaver.
Quintero coincide en que se transfiguró en un organismo sin trascendencia nacional. “La ciudadanía ni se acuerda de la Constituyente. No hay normativa que se traduzca en resultados prácticos para el pueblo. Es irrelevante”, asegura.
