Veintidós países latinoamericanos suscribieron en Caracas una declaración que avala la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) de permitir que el presidente Hugo Chávez, hospitalizado hace un mes en La Habana, no asuma este jueves su nuevo mandato como lo establece la Constitución.
El documento, firmado por representantes de los 18 países agrupados en Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y también por Argentina, El Salvador, Honduras y Uruguay, da respaldo al gobierno venezolano en funciones, en manos del vicepresidente y canciller, Nicolás Maduro.
Según los firmantes, buscan impedir que la salud de Chávez, quien fue sometido hace 30 días a una cuarta operación de cáncer, sirva de “pretexto para atentar contra las instituciones democráticas” venezolanas.
La declaración señala además que los gobiernos que la suscriben buscarán impedir intentos de “desestabilizar y fomentar el intervencionismo en asuntos sobre los cuales el pueblo venezolano ha expresado claramente su voluntad”.
De acuerdo con la Constitución de Venezuela, Chávez debía prestar juramento este jueves 10 de enero ante la Asamblea Nacional o en fecha posterior ante el TSJ, y en caso de que por causas mayores se viera impedido de hacerlo, bien el vicepresidente del país antes de esa fecha o el presidente de la legislatura después, convocarían a elecciones en un plazo de 30 días.
Pero el TSJ determinó que lo establecido por la carta magna es un formalismo puesto que Chávez fue reelecto y por tanto éste y su gabinete siguen en funciones. El máximo tribunal también consideró innecesario que una junta médica independiente evalúe en qué condición se halla el mandatario.
El vicepresidente Maduro encabezó este jueves una concentración convocada en Miraflores en apoyo a la continuidad del gobierno del presidente y en la que estuvo acompañado por los jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Uruguay, José Mujica, así como por otros representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe.
Diputados de la oposición agrupados en el Bloque Parlamentario de la Unidad convocaron a una marcha el próximo día 23 en protesta por el fallo del TSJ que, dijeron, "viene a consolidar la alteración constitucional que afecta el orden democrático” en Venezuela.
De acuerdo con los legisladores, el poder ejecutivo ha quedado en manos del “vicepresidente y otros funcionarios no elegidos por el voto popular, cuyo período de designación vencería el día de hoy (10 de enero) junto con el mandato del Presidente de la República", que “está en una delicada situación de salud que no le permite acudir a su juramentación y limita su capacidad para ejercer plenamente las funciones del Gobierno".
El documento, firmado por representantes de los 18 países agrupados en Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y también por Argentina, El Salvador, Honduras y Uruguay, da respaldo al gobierno venezolano en funciones, en manos del vicepresidente y canciller, Nicolás Maduro.
Según los firmantes, buscan impedir que la salud de Chávez, quien fue sometido hace 30 días a una cuarta operación de cáncer, sirva de “pretexto para atentar contra las instituciones democráticas” venezolanas.
La declaración señala además que los gobiernos que la suscriben buscarán impedir intentos de “desestabilizar y fomentar el intervencionismo en asuntos sobre los cuales el pueblo venezolano ha expresado claramente su voluntad”.
De acuerdo con la Constitución de Venezuela, Chávez debía prestar juramento este jueves 10 de enero ante la Asamblea Nacional o en fecha posterior ante el TSJ, y en caso de que por causas mayores se viera impedido de hacerlo, bien el vicepresidente del país antes de esa fecha o el presidente de la legislatura después, convocarían a elecciones en un plazo de 30 días.
Pero el TSJ determinó que lo establecido por la carta magna es un formalismo puesto que Chávez fue reelecto y por tanto éste y su gabinete siguen en funciones. El máximo tribunal también consideró innecesario que una junta médica independiente evalúe en qué condición se halla el mandatario.
El vicepresidente Maduro encabezó este jueves una concentración convocada en Miraflores en apoyo a la continuidad del gobierno del presidente y en la que estuvo acompañado por los jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Uruguay, José Mujica, así como por otros representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe.
Diputados de la oposición agrupados en el Bloque Parlamentario de la Unidad convocaron a una marcha el próximo día 23 en protesta por el fallo del TSJ que, dijeron, "viene a consolidar la alteración constitucional que afecta el orden democrático” en Venezuela.
De acuerdo con los legisladores, el poder ejecutivo ha quedado en manos del “vicepresidente y otros funcionarios no elegidos por el voto popular, cuyo período de designación vencería el día de hoy (10 de enero) junto con el mandato del Presidente de la República", que “está en una delicada situación de salud que no le permite acudir a su juramentación y limita su capacidad para ejercer plenamente las funciones del Gobierno".
