La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, volvió a insistir el jueves en la necesidad de que los gobiernos “levanten las sanciones” impuestas a Venezuela con el objetivo de “dar respuesta a una crisis” como la del COVID-19 en todo el mundo.
En ese sentido, recordó que ya el 24 de marzo se hizo esta petición a todos los países, especialmente a la Unión Europea y Estados Unidos, cuya administración Trump ha impuesto medidas mucho más severas contra los funcionarios de Miraflores y a corporaciones que hacen negocios con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
“Llamamos el 24 de marzo a todos los países a que levantaran las sanciones para dar respuesta a una crisis de esta naturaleza”, recordó la alta comisionada durante una intervención telemática en la 5ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (HSC) organizada por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Al mismo tiempo agregó que “hoy en día, en Venezuela la situación económica es compleja y se ha agravado con las sanciones y la pandemia”.
Hace unas semanas, Hilal Elver, relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, difundió un comunicado en esa misma línea. “La imposición continua de sanciones económicas paralizantes sobre Siria, Venezuela, Irán, Cuba y, en menor grado, Zimbabue, por nombrar los casos más destacados, socava gravemente el derecho fundamental de los ciudadanos comunes a una alimentación suficiente y adecuada”, manifestó en ese momento.
Estados Unidos, por su parte, ha pedido en reiteradas ocasiones la formación de un gobierno de transición. Sin embargo, en las últimas semanas, desde la Casa Blanca se ha expuesto por primera vez la posibilidad de levantar las sanciones, incluso en la industria del petróleo.
Bachelet señaló que su oficina tiene “el mandato de monitorear los casos (de violación de derechos humanos en Venezuela) desde fuera” y explicó que ya hay 3 personas de su oficina trabajando en el país. “Nos han permitido visitar las prisiones y trabajar con las familias de las víctimas”, sostuvo.
Nicaragua es otro de los países que desde el organismo de la ONU se sigue con “preocupación” desde las multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega.
“Nicaragua es un país que nos ha preocupado desde las últimas protestas: todavía hay 86 políticos detenidos, y estos presos políticos no han sido liberados a pesar de nuestras demandas”, criticó.
Denunció que en ese país centroamericano no hay presencia física de ningún funcionario de la ONU, aunque se sigue observando la situación a distancia, desde Panamá.
“En Nicaragua no tenemos presencia de Derechos Humanos por también salió la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), y muchas oenegés fueron cerradas”, comentó.
Según ella, la alta polarización en estos países supone uno de los mayores problemas en tanto que dificulta el entendimiento entre las partes opuestas, algo que también ha visto en Bolivia con la salida de Evo Morales, “a la que alguna gente ha calificado como un golpe de estado blanco”.
“Otro país que también me preocupa es Bolivia, donde la polarización es muy alta: en todos los lugares donde la polarización es muy grande, no hay condiciones donde haya acuerdos”, dijo al respecto.
La grave crisis sanitaria a raíz del coronavirus ha provocado que gobiernos de todo el mundo impusieran medidas sin precedentes. El toque de queda, la orden de no salir a la calle si no es por estricta necesidad o restringir la movilidad han sido algunas de estas decisiones extraordinarias.
Sin embargo, Bachelet alerta que “en algunos países se ha dado un abuso” aprovechando esta situación de la pandemia. “En algunos países se han aumentado las atribuciones a los presidentes, y no hay ninguna razón para infringir el derecho a la expresión o a la libertad de prensa, y eso es algo que está pasando”, manifestó la alta comisionada al tiempo que criticaba “el uso excesivo de la fuerza” que se ha visto en algunos territorios de la región latinoamericana “cuando la gente no cumple el toque de queda”.
Con todo, pidió a los gobiernos latinoamericanos a seguir trabajando en planes específicos con el objetivo de apaciguar el impacto de esta crisis en “lo económico y social”.
“La COVID-19 va a afectar a la región de una forma muy importante y va a impactar en la economía local y global ya que muchas empresas van a cerrar”, finalizó.
