![Pájaros vuelan junto a una bandera venezolana en Caracas, Venezuela. [Foto de archivo]](https://gdb.voanews.com/1ee51b94-ca6c-4d93-a91a-737b1c230498_w250_r1_s.jpg)
Pese a las recomendaciones de ACNUR y varias ONG de no extraditar a Ernesto Quintero Méndez, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de presuntos delitos de estafa cuando trabajaba en una casa de bolsa, la Audiencia Nacional española aprobó entregarlo a las autoridades judiciales de Caracas.
Quintero, de 41 años, está acusado por el fiscal general, Tarek William Saab, de presuntamente “ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares”, según indica la agencia Europa Press.
Quintero recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por las autoridades. Su mujer, Cismary Marcano, defendió la inocencia de su esposo en entrevista con el diario La Razón: “Mi marido era un simple empleado, no era ni un accionista, ni un directivo, como le acusan, no firmaba nada”.
La Guardia Civil lo detuvo el pasado miércoles en Madrid, cuando se dirigía a su trabajo, tras la petición de extradición de las autoridades venezolanas. Actualmente se encuentra en la prisión de Soto del Real y acorde al diario ABC, podría volver a su país natal el próximo miércoles, fecha en la que hay programado un vuelo humanitario desde Madrid a través de la aerolínea Plus Ultra. Por el contrario, el diario El Mundo señala que podría ser trasladado hasta Turquía y de allí viajar en vuelo regular al país caribeño.
Integrantes de la diáspora venezolana en España, protestaron hoy en el entorno de la Audiencia Nacional. Según indica ABC, su esposa declaró a la prensa que si su marido vuelve a Venezuela “puede ser torturado y hasta asesinado”.
Quintero llegó a España en 2018, pero a causa de sus antecedentes penales, en 2019 el Ministerio del Interior le denegó el derecho al asilo. Su mujer y su hija sí consiguieron la residencia temporal por razones humanitarias.
Piden revertir la medida
El embajador en España de Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, Antonio Ecarri, se pronunció a través de un comunicado publicado en la página web de la embajada.
“Llevar a cabo cualquier extradición de un venezolano en este momento es condenarlo a muerte por cuanto es ampliamente conocido que el gobierno usurpador de Venezuela ha sido denunciado como violador de los derechos humanos”, se lee en el texto.
“En nombre de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y como representante en España del presidente encargado Juan Guaidó hago un exhorto al Estado español para que sea escuchado el clamor de esta familia”, agrega.
La organización internacional Un Mundo Sin Mordaza también emitió un comunicado rechazando su extradición, por considerar que “esto pondría en grave riesgo su vida e integridad, haciéndolo vulnerable a sufrir violaciones a sus derechos humanos”.
“A pesar de que Ernesto Quintero era solo un trabajador de la mencionada empresa y no un accionista, se le están imputando una serie de delitos de los cuales es inocente”, afirman.
Rodrígo Diamanti, presidente de la organización, no dudo de calificar a Quintero de un “perseguido político de la dictadura” y aseguró que la decisión de la justicia español fue una “sorpresa para todos”, debido a la postura de España con respecto al gobierno de Maduro.
“Para nosotros esto no solo es un desconcierto jurídico, sino también humano porque nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad, a todos los venezolanos que hemos tenido que emigrar buscando salvar nuestra vida”, indicó Diamanti a la Voz de América.
Un Mundo Sin Mordaza está realizando una campaña de recolección de firmas en rechazo de la medida. Diamanti explica que lo hacen por solidaridad y para evitar que se produzca un precedente.
“Este caso es muy importante, muy emblemático, porque generaría un precedente de darse donde Europa, en este caso España, estaría reconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro, por un lado, a pesar de que por otro lado dicen otra cosa”, indicó.
Llevarán la petición a instancias españolas y de la Unión Europea, para dejar propio “precedente de lucha y de exigencia”.
Por otro lado, el fundador y director de la ONG Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras, declaró a VOA Noticias que: “Sería una entrega que lo único que garantizaría sería la violación de los derechos humanos, la tortura, los tratos crueles y la desaparición forzada”.
“Amparándonos en los criterios de ACNUR sobre el mismo caso de Ernesto Quintero, y en el último informe de diciembre de 2020 de la Alta Comisionada para los DD.HH. de las Naciones Unidas Michelle Bachelet sobre los criterios que ha establecido la OEA, suplicamos al gobierno de España que revierta la medida aprobada por el Consejo de Ministros que aprueba la extradición de Ernesto Quintero”, indicó Contreras.
Sería una entrega que lo único que garantizaría sería la violación de los derechos humanos"
Sergio Contreras, director de Refugiados Sin Fronteras
Contreras, además, destacó el caso de Rolando Figueroa, opositor venezolano quien también fue presuntamente acusado de estafa por el gobierno venezolano, y podría ser deportado en cualquier momento, ya que el Consejo de Ministros aprobó su extradición el pasado verano.
Por otro lado, Emilio Figueredo, abogado y profesor de relaciones internacionales, valoró como “una aberración” extraditar a ciudadanos hacia un país gobernado por un sistema de poder criticado en el mundo por su irrespeto al estado de derecho.
El exembajador de Venezuela opina que el caso de Quintero es parte de una corriente española a favor de la legitimación internacional de Maduro, liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el foro político conocido como Grupo de Puebla.
“Actos como este [la eventual extradición de Quintero a Venezuela] son un reconocimiento informal de la legitimidad de Maduro. Lo hacen ‘larvadamente’. Hay una ofensiva para defender a Maduro”, dice, citando, además, la influencia de ese grupo de políticos en la decisión de Panamá de retirar las credenciales a la embajadora designada por el despacho del líder opositor Juan Guaidó.
En conversación con VOA Noticias, Figueredo admite no comprender por qué existe una corriente de la política española tan cercana a Maduro, cuando sus valores públicos no muestran afinidad ideológica aparente.
Laura Louza Scognamiglio, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, también recuerda que ACNUR se opone a la eventual extradición de Quintero al advertir que ello supondría la ruptura del principio de unidad familiar.
La abogada explicó a la VOA que España podría plegarse al principio de no devolución contemplado en el Estatuto de Refugiados, de 1951, si argumenta que la persona en cuestión está en peligro o su país se encuentra en situación de guerra o desastre natural.
Es reconocido, dice, que Venezuela atraviesa una situación de emergencia humanitaria compleja y que sus cárceles “son peligrosas”.
Acota, sin embargo, que Quintero debe ser enjuiciado en España u otro país distinto a Venezuela para demostrar su culpabilidad o inocencia en los cargos que se le imputan. “No se puede hacer uso de estos mecanismos para eludir la justicia cuando una persona ha cometido realmente un delito”, explica.
¿Cambios en los criterios de deportación?
Hace cinco meses, la justicia española falló en sentido opuesto en otra solicitud de extradición a España de parte de las autoridades maduristas. La Audiencia Nacional denegó en septiembre la extradición de un venezolano reclamado, Enzo Franchini, por considerar que el Fiscal General y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela carecían de legitimidad.
La sentencia valoró entonces las observaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea sobre el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que designó al fiscal general venezolano, y del “ilegítimo tribunal” que preside en Caracas el magistrado Maikel Moreno
En el pasado, España también frenó la extradición de Claudia Díaz Guillén, la antigua enfermera de Chávez.
El partido político Ciudadanos pidió al Gobierno que aclarara “si ha cambiado el criterio para aceptar o no la extradición de detenidos a Venezuela”.
La diputada en el parlamento de Cataluña y profesora de derecho internacional en la UAB, Susana Beltrán, declaró a VOA: “En estos momentos no se dan las condiciones de respeto a los derechos humanos en Venezuela, reconocido por la propia Naciones Unidas, la Unión Europea, entre otros. Por lo que su extradición podría vulnerar los derechos fundamentales del Sr. Quintero”.
“Tampoco hay en Venezuela respeto al estado de derecho ni a la separación de poderes. Sin entrar en el fondo del asunto del Sr. Quintero, la extradición debería esperar hasta que en Venezuela se den las condiciones democráticas y de respeto a los derechos humanos”, indicó Beltrán.
