La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de impedir al Parlamento renovar el poder electoral de Venezuela ha puesto de relieve las interrogantes sobre la representatividad de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, cuyos integrantes solicitaron y obtuvieron la sentencia de manera expedita, advierten analistas.
A los pocos días de romper sus conversaciones con los delegados del presidente interino Juan Guaidó, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro instaló en septiembre pasado un grupo de negociación con representantes de partidos minoritarios de la oposición.
Entre sus miembros, hay excandidatos presidenciales, como Claudio Fermín, Henri Falcón y el pastor evangélico Javier Bertucci, así como dirigentes distanciados de los principales movimientos de oposición, como el socialista Felipe Mujica y Timoteo Zambrano.
Fueron ellos quienes el jueves pasado introdujeron ante la Sala Constitucional del TSJ una petición para que se declarase la omisión del Parlamento en el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que esa instancia procediera a hacerlo en su lugar. La Sala, bajo el control del madurismo, les concedió el pedido un día después.
Eglée González-Lobato, analista y directora de la cátedra Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), observa que la llamada Mesa de Diálogo Nacional está teñida de lo que llama “un pecado de origen”: su crisis de representatividad y legitimidad.
“En política, no puedes fusionar tus pretensiones con las del otro. Esa mesa de diálogo se lo otorga todo al oficialismo. Hay una crisis de confiabilidad”, expone en conversación con la Voz de América.
González-Lobato considera que los integrantes de esa mesa han cometido un “error de cálculo” con su petición judicial. El fallo del TSJ suprimió las gestiones de una comisión parlamentaria bipartita que abriría un proceso de postulaciones al poder electoral de Venezuela.
“Ellos tienen derecho a hacer su lucha democrática desde cualquier zapato. El problema es cuando pretendes aniquilar lo que la mayoría del país y la comunidad internacional protege: la legitimidad que representa la Asamblea Nacional. Podían destrancar el juego, pero no aniquilando al otro”, dice González-Lobato, experta en asuntos electorales.
También cree que la solicitud a la Sala Constitucional de parte de la mesa de diálogo y la posterior sentencia sobre el CNE son “una segunda temporada del 20 de mayo de 2018”.
En esa fecha, los hoy integrantes de la mesa participaron en la elección presidencial convocada por la Asamblea Nacional Consituyente, órgano del oficialismo.
Los cuatro partidos de la oposición con más votos en las parlamentarias de 2015 -Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular- no participaron en esa elección. Es el mismo evento que el Parlamento argumenta para denunciar la “usurpación del poder” de Maduro.
González-Lobato admite que los partidos predominantes ignoraron frecuentemente las recomendaciones de los hoy miembros de la mesa cuando eran aliados, hasta 2018.
Insiste, sin embargo, en que los trámites judiciales sobre el poder electoral abonan el camino hacia una mayor desconfianza en la transparencia del voto.
“Tiene una gravedad enorme. Se avanza hacia procesos electorales donde no importa la expresión del ciudadano, sino la selección de una cúpula política que gobierne”, indica la experta.
José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, acusa a la mesa de diálogo nacional de estar integrada por dirigentes que no representan en realidad al espectro político venezolano.
Cita como ejemplo las bajas votaciones logradas en sus aspiraciones presidenciales por los excandidatos y actuales integrantes de la mesa, Fermín y Falcón.
“Las votaciones que alcanzaron ya hace bastante tiempo no los legitiman como personajes que pueden estar representando el sentimiento nacional en este momento. Hay un gran rechazo a esta mesa de diálogo, que, a fin de cuentas, se percibe como un instrumento del madurismo para perpetuarse en el poder”, expresa en conversación con la VOA.
“Un poco de paciencia”
Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, defiende su participación en la mesa alegando que procura una salida “pacífica, constitucional y democrática” a la crisis.
“Tenemos el peor gobierno del mundo, pero nadie se explica por qué sigue siendo gobierno sin que se haya producido una salida que sea decisión de los venezolanos”, explica en entrevista telefónica con la Voz de América.
Sobre la tesis de su falta de representatividad política, Mujica razona que ningún partido de oposición ha contado sus votos independientes desde el año 2013. En las parlamentarias de 2015, la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática aglutinó a todos los movimientos que rechazaban el chavismo.
“Los que estamos sentados, que respaldamos a Henri Falcón o Javier Bertucci (en 2018), sumamos más de tres millones de votos”, detalla.
El madurismo, resalta en su defensa, no ha aceptado cada una de sus exigencias, como la liberación de todos los presos políticos. “Solo han liberado a unos pocos”, acota.
La petición ante el TSJ, señala, se debió a la premura de seleccionar un CNE “potable y plural” que organice las elecciones parlamentarias en los próximos seis meses.
El político dice que tanto él como sus colegas de mesa asumen las responsabilidades de la inminente decisión de la Sala Constitucional sobre el poder electoral venezolano.
No descarta un eventual entendimiento entre las fuerzas que apoyan a Maduro y a Guaidó para lograr acuerdos electorales. “Esa puerta no se ha cerrado”, añade.
Guaidó aseguró este miércoles que la Asamblea Nacional es la única con legitimidad para reestructurar el poder comicial y adelantó que el comité de postulaciones sigue operativo.
Mujica pide “un poco de paciencia” sobre la composición del nuevo CNE. A su juicio, la decisión de la Sala Constitucional se conocerá probablemente esta semana.
“Si los hechos indican que de ahí nace un CNE plural, que garantice los derechos de los votantes, que tenga una integración mucho más plural, entonces hay que discutir si se va o no se va (a elecciones). Aspiro a que salga bien. Yo no cruzo la calle pensando que me va a matar un carro o que me va a salir un gato negro”, asegura.
"Usurpación" opositora
La eliminación de las sanciones económicas contra el gobierno en disputa está incluida entre las demandas de la mesa de diálogo. Uno de sus alcances fue la liberación, hace nueve meses, del ex primer vicepresidente del Parlamento y aliado de Guaidó, Edgar Zambrano.
Carrasquero, sin embargo, no reconoce logros positivos para el país y tilda esa mesa de “aberración” por abrogarse la representación de la oposición.
“A la usurpación del gobierno de Maduro, se le suma la usurpación de la oposición”, asevera el analista. “Hicieron lo mismo en 2018 y vimos los resultados”, añade.
Carrasquero no ve alternativa, no obstante. Cree que es “casi imposible” que los partidos que respaldan a Maduro y a Guaidó vuelvan a negociar asuntos como el poder electoral.
La omisión legislativa que decretó el TSJ, opina, evidencia la “mala fe” con que el madurismo se sienta en esa mesa de diálogo nacional con delegados de la oposición.
González-Lobato no pasa por debajo de la mesa el hecho de que la petición ante la Sala Constitucional se introdujera tres días después de publicarse un acuerdo entre la Organización Panamericana de Salud, representantes de Guaidó y voceros del madurismo.
“La mesa había perdido incidencia, no había logrado todo lo que se había propuesto. Ese acuerdo de ayuda humanitaria les quitó mayor espacio y trataron de posicionarse”, afirma.
El resultado en el TSJ, concluye, es “inconveniente” para una salida real a la crisis.
